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Sentencia 22928 – TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO (LEY 1607 DE 2012).

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 22 de septiembre de 2016, proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas (ff. 93 a 115).


NUEVO ARGUMENTO FORMULADO EN SEGUNDA INSTANCIA – Sin pronunciamiento

De manera preliminar, se advierte que esta Sala no se pronunciará sobre la pretensión presentada por el apelante en los alegatos de conclusión, consistente en decretar la prescripción y caducidad de la acción de cobro del impuesto de renta del año 2009, aduciendo que la Administración no resolvió en su momento el recurso de reconsideración. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de un planteamiento nuevo que no puede ser formulado en esta instancia procesal, y que no hizo parte de las pretensiones planteadas en la demanda.

TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO – Requisitos / TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO – Efectos / ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA – Inexistencia

Respecto a la terminación por mutuo acuerdo, los artículos 148 de la Ley 1607 de 2012 y 6.º del Decreto 699 de 2013, establecieron los requisitos para presentar la solicitud de terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios. En este orden, la Ley 1607 de 2012 en su artículo 148 facultó a la DIAN para terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos tributarios y transar el valor total de sanciones e intereses, señalando como condiciones y requisitos los siguientes: (i) Que, con anterioridad al 26 de diciembre de 2012, se haya notificado requerimiento especial, liquidación de revisión, aforo o la resolución que resuelve el correspondiente recurso de reconsideración; (ii) Que a la fecha de la solicitud el contribuyente corrija su declaración privada de acuerdo con el mayor impuesto o el menor saldo a favor propuesto o determinado; (iii) Que la solicitud de terminación por mutuo acuerdo se presente hasta el 31 de agosto de 2013; (iv) Que se acredite el pago o acuerdo de pago del 100% del mayor impuesto o tributo, o del menor saldo a favor propuesto o liquidado. El artículo 148 de la Ley 1607 de 2012 señala que los efectos de la terminación por mutuo acuerdo son los de poner fin a la actuación administrativa tributaria, prestar mérito ejecutivo de conformidad con los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario (ET, Decreto 624 de 1989) y extinguir la obligación por la totalidad de las sumas en discusión. (…) Respecto a la posibilidad de demostrar el pago del 100% del mayor impuesto en discusión con las retenciones en la fuente practicadas al contribuyente, y no incorporadas en la liquidación privada ni en los actos de liquidación que se transigen, se advierte que ello no se encuentra previsto dentro de los requisitos del artículo 148 de la Ley 1607 de 2012 y del Decreto 699 de 2013 para acceder a la terminación por mutuo acuerdo. Lo anterior encuentra sentido en que la determinación del saldo a pagar del impuesto incorpora las retenciones, las que deben ser declaradas o reconocidas en la liquidación oficial para que puedan válidamente considerarse como pago del respectivo tributo. (…) Por lo anterior, se concluye que para acreditar el pago total de la obligación principal no es posible discutir el impuesto liquidado oficialmente en el acto administrativo objeto de transacción, pues en la declaración de corrección que se debe aportar como anexo, el obligado debe aceptar el mayor impuesto o el menor saldo a favor, propuesto o determinado en discusión, sin que pueda pretender seguir discutiéndolo. En definitiva, la obligación principal corresponde a la derivada del proceso de determinación oficial y, por lo tanto, será esta sobre la cual habrá que verificar el pago total del mayor impuesto en discusión. (…) En conclusión, en los términos del artículo 148 de la Ley 1607 de 2012 y los artículos 6. y 7. del Decreto 699 de 2013, a la fecha de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo, la actora no había cumplido con la obligación de pagar el 100% del mayor impuesto determinado en la Liquidación Oficial de Revisión nro. 322412013000245 del 23 de abril de 2013, en tanto, el mayor valor del impuesto correspondía a $42.056.000, y el demandante solo demostró el pago de $42.020.000. En consecuencia, no procede el cargo de apelación.

3.3- De otra parte, la actora adujo que negar la solicitud de terminación por mutuo acuerdo porque no se cumplió con la obligación de pago total del tributo por la suma de $36.000 al haber informado en la declaración de corrección retenciones por valor de $2.427.000 y no de $2.682.505, conduce a la violación al debido proceso (artículo 29 de la Constitución), al principio de prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 de la Constitución), y constituye un enriquecimiento sin causa e ilícito para la demandada. (…) Respecto al enriquecimiento sin causa alegado por la actora, se advierte que al negarse la transacción y terminación por mutuo acuerdo, no se incurre en un enriquecimiento sin causa a favor de la demandada, con un consecuente empobrecimiento para el demandante, porque está probado que la Administración tributaria cuenta con un título que contiene una obligación con cargo al contribuyente, por concepto de impuesto sobre la renta por la vigencia 2009, sin que se compruebe que el pago realizado por el demandante objeto de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo, supera la cuantía señalada en la liquidación oficial objeto de transacción.

 

FUENTE FORMAL: LEY 1607 DE 2012 – ARTÍCULO 148

CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA – Improcedencia por falta de prueba de su causación

Finalmente, de conformidad con el ordinal 8.º del artículo 365 del Código General del Proceso, solo «habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación» y, como quiera que revisado el expediente no se constata prueba alguna que demuestre su causación, no se condenará en costas en esta instancia.

 

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CGP) – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

 

Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-37-000-2014-01143-01(22928)

Actor: JUAN CARLOS CASTRO MENDOZA

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

 

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 22 de septiembre de 2016, proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas (ff. 93 a 115).

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante el Acta nro. 000111 del 13 de septiembre de 2013 (f. 12 a 14), el Comité Especial de Conciliación y Terminación por Mutuo Acuerdo decidió no transar y, en consecuencia, no terminar por mutuo acuerdo el proceso administrativo relativo a la determinación del impuesto sobre la renta del año 2009. El demandante presentó recurso de reposición y apelación, los cuales se resolvieron por medio del Acta nro. 000419 del 21 de octubre de 2013 (ff. 15 a 20) y el Acta nro. 000407 del 23 de enero de 2014 (ff. 22 a 26), respectivamente. La parte demandada, en las Actas que resolvieron los recursos, confirmó la decisión de no transar y en consecuencia no terminar por mutuo acuerdo el proceso administrativo, por cuanto, la actora no pagó la totalidad del impuesto siendo un requisito para acceder al beneficio.

 

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones (ff. 8 y 9):

1. La nulidad de las actuaciones administrativas dictadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, que decidieron no transar y en consecuencia no terminar por mutuo acuerdo el proceso correspondiente a la determinación de impuestos de renta correspondiente al año gravable de 2009; actuaciones administrativas contenidas en los siguientes actos:

A. Acta de Comité Especial de Conciliación y terminación por mutuo acuerdo No. 000111 de fecha 13 de septiembre de 2013, emanado de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

B. Acta de Comité Especial de Conciliación y terminación por mutuo acuerdo No. 000419 de fecha 21 de octubre de 2013, emanado de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, que decidió el recurso de reposición formulado, y

C. La Resolución No. 000407 del 23 de enero de 2014, originaria del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -, que resolvió el recurso de apelación incoado, contra la decisión anterior.

2. El restablecimiento del derecho, declarando que el Contribuyente Juan Carlos Castro Mendoza, tiene pleno derecho a la transacción y terminación por mutuo acuerdo del proceso de determinación de impuestos, correspondiente al año gravable de 2009.

3. Que no está obligado a pagar suma alguna distinta a los impuestos determinados en la Liquidación Privada anexa a la declaración presentada con ocasión del proceso de transacción y terminación por mutuo acuerdo, de que trata la Ley 1607 de 2012.

La actora invocó como normas vulneradas los artículos 29 y 228 de la Constitución; los artículos 148 de la Ley 1607 de 2012 y el 6.º del Decreto 699 de 2013. El concepto de violación planteado se resume así:

Señaló que la demandada no cumplió con todas las ritualidades, formalidades, términos legales ni con los requisitos del proceso de determinación y discusión del impuesto a cargo del demandante, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución.

Indicó que no es procedente plantear la falta de pago de $36.000 para cumplir con el requisito del pago total del mayor valor liquidado por la Administración, y así acceder a la terminación por mutuo acuerdo del proceso administrativo, dado que sí realizó el pagó respectivo, mediante las retenciones en la fuente por valor de $2.683.000 anexas a la solicitud de terminación por mutuo acuerdo. Sobre ese punto alegó la violación al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal previsto en el artículo 228 de la Constitución, por cuanto, la demandada negó la terminación por mutuo acuerdo por no satisfacer la obligación sustancial de pagar el 100% del impuesto, al no haber cumplido con la obligación formal de informar en la declaración de corrección el valor total de las retenciones en la fuente practicadas. Señaló que desconocer como pago los valores de retención en la fuente por el incumplimiento del requisito formal de estar imputadas en la declaración tributaria, vulnera el principio que señala que el Estado solo puede exigir de los particulares o del contribuyente aquello que realmente les corresponde frente a las cargas públicas de la Nación.

Concluyó que desconocer el pago realizado con la declaración de corrección, y el pago realizado mediante los certificados de retención aportados a la solicitud de terminación por mutuo acuerdo, implican una «falta de motivación, abuso de autoridad, desviación de poder y falta de aplicación».

Contestación de la demanda

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda (ff. 49 a 57), para lo cual adujo que el demandante no cumplió con los requisitos sustanciales previstos en el artículo 148 de la Ley 1607 de 2012, ni con lo previsto en el ordinal 5.º del artículo 6.º del Decreto 699 de 2013, al no realizar el pago del 100% del impuesto determinado por la Administración. Lo anterior, por cuanto, de $42.056.000 el demandante solo realizó el pago de $42.020.000, aduciendo que el valor faltante ya había sido cancelado con la imputación del valor de las retenciones en la fuente.

Señaló que la actora confunde el procedimiento establecido en el artículo 148 de la Ley 1607 de 2012 con la disposición que señala el deber de presentar la declaración de retención en la fuente, cuyos valores cancelados en exceso pueden ser objeto de imputación o de devolución y/o compensación, lo cual, no opera de puro derecho sino a solicitud de parte.

Indicó que el requisito de pago total del mayor valor del impuesto previsto en el artículo 148 de la Ley 1607, y en el ordinal 5.º del artículo 6.º del Decreto 699 de 2013 no era facultativo sino imperativo y, por tanto, se procedió a negar la terminación por mutuo acuerdo al no aportarse plena prueba del pago total del valor del impuesto determinado en la liquidación oficial de revisión.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas (ff. 93 a 115). Expuso que de conformidad con el artículo 148 de la Ley 1607 de 2012 y el artículo 6.º del Decreto 699 de 2013, el contribuyente además de corregir el denuncio tributario como obligación formal, debía pagar la totalidad de la suma determinada que corresponde a la obligación tributaria sustancial.

Señaló que con base en la Liquidación Oficial de Revisión nro. 322412013000245 del 23 de abril de 2013, el demandante debía pagar $42.056.000 por concepto de impuesto de renta y complementarios del año gravable 2009. En relación con la glosa del total de retenciones practicadas en el año gravable 2009 (renglón 79) por valor de $2.475.000, adujo que este valor nunca estuvo en discusión por parte de la actora ni por parte de la DIAN. En este sentido, precisó que el demandante pretende acreditar el pago de la obligación total del impuesto con retenciones en la fuente que no fueron declaradas por el demandante en el momento oportuno.

Adujo que, aun cuando las retenciones en la fuente son pagos anticipados de la obligación tributaria, el artículo 6.º del Decreto 699 de 2013 en consonancia con el artículo 148 de la Ley 1607 de 2012 pretenden finiquitar la discusión sobre las glosas propuestas en los actos oficiales, sin que haya lugar a debatir sobre aspectos que no fueron tenidos en cuenta al momento de expedirse los actos administrativos.

En cuanto a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, precisó que la transacción implica que el contribuyente se allane al mayor impuesto determinado por la autoridad tributaria en los actos oficiales, de tal manera que, si aquel insiste en discutir ciertas glosas, no puede acogerse al procedimiento de terminación por mutuo acuerdo.

En este sentido, afirmó que el demandante no objetó los valores propuestos en la Liquidación Oficial de Revisión nro. 322412013000245 del 23 de abril de 2013, por cuanto, presentó corrección de la declaración de renta y complementarios del año gravable 2009 aceptando los valores propuestos por la DIAN en la liquidación oficial citada. Sostuvo que no son de recibo los argumentos de la actora, pues no acreditó el pago de la totalidad del impuesto determinado por la DIAN.

Concluyó que la decisión adoptada por la demandada no adolece de hechos inexistentes o apreciaciones equivocadas que incurran en falsa motivación, y que el cargo de desviación de poder no se sustenta con elementos probatorios que denoten una actividad malintencionada de la Administración en la fundamentación de su decisión.

Recurso de apelación

La actora apeló la sentencia del a quo (ff. 123 a 125), para lo cual reiteró los cargos de la demanda.

Resaltó que se está ante un enriquecimiento sin causa o enriquecimiento ilícito por parte del Estado, al no imputar el valor pagado por medio de la retención en la fuente al total de la obligación a cargo del demandante. Adujo que el derecho sustancial se cumplió, y que no se puede desconocer por el incumplimiento de una formalidad como lo es informar mal las retenciones en la fuente en la declaración tributaria. Finalmente, señaló que desconocer el derecho que tiene el contribuyente a terminar por mutuo acuerdo el proceso, porque no se cumplió con la obligación de pago del tributo por la suma de $36.000, y por haber informado en la declaración de corrección una suma por concepto de retenciones de $2.427.000 y no de $2.682.505, conduce a la violación del debido proceso (artículo 29 de la Constitución), al principio de prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 de la Constitución), y de los artículos 148 de la Ley 1607 de 2012 y 6.º del Decreto 699 de 2013.

Alegatos de conclusión

La demandante solicitó que se decrete la prescripción de la acción de cobro del impuesto de renta del año 2009, porque la administración no resolvió el recurso de reconsideración, y la caducidad de la acción en cuanto al cobro del impuesto de renta de la misma anualidad (ff. 149 a 158).

A su turno, la demandada reiteró los argumentos presentados en la contestación y en la apelación (ff. 146 a 148). Adujo que el pago no es una simple formalidad, sino la exigencia de la norma para declarar el beneficio como lo indicó la Sentencia C-748 de 2009 de la Corte Constitucional. Señaló que no existió falsa motivación, por cuanto los motivos para negar la solicitud, se sustentaron en las normas que decretaron el beneficio y en la verificación del pago del impuesto. Afirmó el requisito para la procedencia del beneficio es el pago del 100% del valor del impuesto en discusión, y no el cruce o compensación con otros factores.

El Ministerio Público no presentó concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos administrativos enjuiciados, atendiendo a los cargos de apelación formulados por el demandante contra la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas.

En el caso objeto de enjuiciamiento, la actora, quien es apelante único, señala la violación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, al desconocerse, en los actos demandados, el cumplimiento del requisito de pago total del mayor impuesto determinado para acceder a la terminación por mutuo acuerdo, puesto que, en su criterio, las sumas retenidas al contribuyente no acreditadas en la declaración presentada, ni en la liquidación oficial de revisión, deben ser tenidas en cuenta como parte del pago en discusión. En este sentido, aduce un enriquecimiento sin causa e ilícito por parte de la demandada.

En el otro extremo, la demandada y el a quo estiman que no procede transar ni terminar por mutuo acuerdo el proceso administrativo, por cuanto, el demandante no cumplió con el requisito de pagar el 100% del impuesto en discusión, en los términos previstos en el artículo 148 de la Ley 1607 de 2012 y en el artículo 6.º del Decreto 699 de 2013.

Le corresponde entonces a la Sala decidir si el demandante cumplió con el requisito previsto en los artículos 148 de la Ley 1607 de 2012 y 6.º del Decreto 699 de 2013, consistente en el pago del 100% del mayor impuesto determinado en la liquidación oficial, para la procedencia de la terminación por mutuo acuerdo. Para lo anterior, se deberá establecer si los valores pagados con ocasión de las retenciones practicadas al demandante, acreditan el cumplimiento de este requisito. Resuelto lo anterior, se debe decidir si negar la transacción y la terminación por mutuo acuerdo con fundamento en el incumplimiento del pago total del impuesto en discusión, vulnera el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, y constituye un enriquecimiento sin causa e ilícito para la demandada.

2- De manera preliminar, se advierte que esta Sala no se pronunciará sobre la pretensión presentada por el apelante en los alegatos de conclusión, consistente en decretar la prescripción y caducidad de la acción de cobro del impuesto de renta del año 2009, aduciendo que la Administración no resolvió en su momento el recurso de reconsideración. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de un planteamiento nuevo que no puede ser formulado en esta instancia procesal, y que no hizo parte de las pretensiones planteadas en la demanda.

3- Respecto a la terminación por mutuo acuerdo, los artículos 148 de la Ley 1607 de 2012 y 6.º del Decreto 699 de 2013, establecieron los requisitos para presentar la solicitud de terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios. En este orden, la Ley 1607 de 2012 en su artículo 148 facultó a la DIAN para terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos tributarios y transar el valor total de sanciones e intereses, señalando como condiciones y requisitos los siguientes: (i) Que, con anterioridad al 26 de diciembre de 2012, se haya notificado requerimiento especial, liquidación de revisión, aforo o la resolución que resuelve el correspondiente recurso de reconsideración; (ii) Que a la fecha de la solicitud el contribuyente corrija su declaración privada de acuerdo con el mayor impuesto o el menor saldo a favor propuesto o determinado; (iii) Que la solicitud de terminación por mutuo acuerdo se presente hasta el 31 de agosto de 2013; (iv) Que se acredite el pago o acuerdo de pago del 100% del mayor impuesto o tributo, o del menor saldo a favor propuesto o liquidado.

El artículo 148 de la Ley 1607 de 2012 señala que los efectos de la terminación por mutuo acuerdo son los de poner fin a la actuación administrativa tributaria, prestar mérito ejecutivo de conformidad con los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario (ET, Decreto 624 de 1989) y extinguir la obligación por la totalidad de las sumas en discusión.

3.1- El artículo 148 de la Ley 1607, fue reglamentado por el Decreto 699 del 12 de abril de 2013 que, en el artículo 6.° regula la procedencia de la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, los requisitos de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo, la presentación y el plazo para ello. En particular, el ord. 5.° del citado precepto reiteró la necesidad de acreditar «el pago o acuerdo de pago de los valores a que haya lugar para que proceda la transacción.» En ese mismo sentido el artículo 7.° ibíd exigió anexar a la solicitud de terminación por mutuo acuerdo que presentaran los contribuyentes, agentes de retención y responsables, entre otros, los siguientes documentos: (i) Declaración de corrección, cuando sea el caso, incluyendo el mayor impuesto o el menor saldo a favor, propuesto o determinado en discusión; (ii) Prueba del pago de la declaración privada del impuesto o retención en la fuente materia de la discusión, siempre que hubiere lugar al pago; (iii) Prueba del pago o acuerdo de pago de los valores que resulten al aplicar los porcentajes señalados en el artículo 148 de la Ley 1607 de 2012.

3.2- La Sección ha señalado expresamente que un presupuesto objetivo del beneficio de terminación por mutuo acuerdo previsto en el artículo 148 de la Ley 1607 de 2012, es «el pago o acuerdo de pago del 100% del mayor impuesto o tributo, o del menor saldo a favor propuesto o liquidado» junto con «la prueba del pago de la liquidación privada de los impuestos y retenciones correspondientes al período materia de la discusión a los que hubiere habido lugar» (sentencia del 26 de noviembre de 2020, exp. 22876, CP. Stella Jeannette Carvajal). En este sentido, señaló la Sección que la pérdida del beneficio derivado de la terminación por mutuo acuerdo, «es la consecuencia jurídica inmediata que la ley previó frente al incumplimiento de la obligación tributaria sustancial de pagar los impuestos nacionales, tributos aduaneros o retenciones a cargo».

Respecto a la posibilidad de demostrar el pago del 100% del mayor impuesto en discusión con las retenciones en la fuente practicadas al contribuyente, y no incorporadas en la liquidación privada ni en los actos de liquidación que se transigen, se advierte que ello no se encuentra previsto dentro de los requisitos del artículo 148 de la Ley 1607 de 2012 y del Decreto 699 de 2013 para acceder a la terminación por mutuo acuerdo. Lo anterior encuentra sentido en que la determinación del saldo a pagar del impuesto incorpora las retenciones, las que deben ser declaradas o reconocidas en la liquidación oficial para que puedan válidamente considerarse como pago del respectivo tributo.

Al respecto, esta Sala ha señalado que, en el medio de control interpuesto frente a los actos administrativos que niegan la solicitud de aplicar el beneficio tributario previsto en el artículo 149 de la Ley 1607 de 2012, no puede ser objeto de discusión la determinación del impuesto, ya que en estos casos resulta necesario evaluar únicamente el cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley. Así, esta corporación precisó que: «Para el estudio de este cargo, se pone de presente que no es objeto de este proceso la determinación del impuesto sobre la renta del año gravable 2010 efectuada en la declaración de corrección, sino la aplicación de los pagos realizados en virtud de la misma, los cuales inciden en las obligaciones que se determinaron en los actos sancionatorios acusados» (Sentencia del 04 de marzo de 2021, exp. 24760. CP. Stella Jeannette Carvajal Basto).

Por lo anterior, se concluye que para acreditar el pago total de la obligación principal no es posible discutir el impuesto liquidado oficialmente en el acto administrativo objeto de transacción, pues en la declaración de corrección que se debe aportar como anexo, el obligado debe aceptar el mayor impuesto o el menor saldo a favor, propuesto o determinado en discusión, sin que pueda pretender seguir discutiéndolo. En definitiva, la obligación principal corresponde a la derivada del proceso de determinación oficial y, por lo tanto, será esta sobre la cual habrá que verificar el pago total del mayor impuesto en discusión.

4- Con miras a desatar la litis planteada en el juicio que nos convoca, la Sala destaca las siguientes circunstancias para el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 148 de la Ley 1607 de 2012 y en el Decreto 699 de 2013 y, por tanto, para la procedencia de la terminación por mutuo acuerdo del proceso administrativo tributario solicitada por el demandante:

(i) La DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión nro. 322412013000245 del 23 de abril de 2013, por medio de la cual, liquidó el impuesto sobre la renta por la vigencia 2009 con un saldo a pagar por impuesto de $42.056.000 y un valor por sanción de $64.074.000. (f. 23).

(ii) El 26 de agosto de 2013, el demandante presentó ante la demandada solicitud de terminación por mutuo acuerdo del proceso administrativo tributario previsto en la Liquidación Oficial de Revisión nro. 322412013000245 del 23 de abril de 2013 respecto al impuesto sobre la renta vigencia 2009 (f. 1 caa. 1). Con la solicitud de terminación por mutuo acuerdo se anexaron los siguientes documentos:

a.      Requerimiento especial nro. 322392012000205 del 26 de julio de 2012 (f. 5 caa. 1)

b.      Liquidación Oficial de Revisión nro. 322412013000245 del 23 de abril de 2013 (f. 22 caa. 1)

c.      Recurso de reconsideración (ff. 25 a 30 caa. 1)

d.      Copia del Auto Admisorio del recurso de reconsideración (f. 32 caa. 1)

e.      Copia de la declaración de corrección correspondiente al año gravable (f. 36 caa. 1). Recibo oficial de pago del mayor valor determinado por la suma de $40.010.000 (f. 35 caa. 1)

f.       Copia de los certificados de retención en la fuente por valor de $2.682.505. (ff. 39 a 54 caa. 1)

g.      Recibo de pago que acreditan el pago de los impuestos determinados en la liquidación privada de 2009, por valor de $2.010.000. (f. 38 caa. 1)

(iii) El 26 de agosto de 2013 el demandante corrigió la declaración del impuesto sobre la renta, por medio del formulario nro. 110900324140 (f. 36 caa.1), de conformidad con la Liquidación Oficial de Revisión nro. 322412013000245 liquidando un saldo a pagar por impuesto de $42.056.000.

(iv) El 26 de agosto de 2013 la actora, por medio, de recibo oficial de pago nro. 04907034493339 realizó el pago por concepto de impuesto vigencia 2009 por valor de $40.010.000 (f. 35 caa. 1). Por su parte, el 12 de agosto de 2010 el demandante, por medio, de recibo oficial de pago nro. 4907715444807 acreditó el pago por el impuesto de renta vigencia 2009, por valor de $2.010.000 (f. 38 caa. 1).

(v) El Comité Especial de Conciliación y Terminación por Mutuo Acuerdo expidió el Acta nro. 0111 del 13 de septiembre de 2013, por medio de la cual, decidió no transar y en consecuencia no terminar por mutuo acuerdo el proceso administrativo, porque el demandante no cumplió con el requisito de demostrar el pago total de impuesto liquidado en la Liquidación Oficial de Revisión nro. 322412013000245 del 23 de abril de 2013 por valor de $42.056.000, al allegar los recibos de pago nros. 04907034493339 y 4907715444807 por un valor total de $42.020.000, evidenciando una diferencia entre lo declarado y pagado en cuantía de $36.000 (f. 12 a 14).

5- Respecto a la posibilidad de probar el pago del valor total del mayor valor en discusión con ocasión de las retenciones practicadas al demandante, sin haber sido discutidas en el proceso de determinación y liquidación objeto de transacción, no se cumple con el requisito expresamente previsto en el artículo 148 de la Ley 1607 de 2012 para acceder a la terminación por mutuo acuerdo. En este sentido, de conformidad con lo expuesto en el fundamento jurídico 3.° de esta providencia, para acceder al beneficio de terminación por mutuo acuerdo se requiere el pago del 100% del mayor valor en discusión previsto en la liquidación oficial de revisión. Por lo tanto, a la fecha de presentación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo, el demandante no comprobó el pago total del mayor impuesto en discusión.

En este sentido, el requisito de pago total o del 100% del mayor impuesto en discusión debe estar satisfecho a la fecha de presentación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo, de lo contrario, no es posible transar ni extinguir la obligación. Ello no implica, como lo entiende el demandante, la posibilidad de sustentar el pago total con las retenciones en la fuente practicadas, en la medida en que, como lo planteó la demandada, no es posible solicitar la terminación por mutuo acuerdo y, a su vez, discutir la liquidación oficial de revisión con las retenciones practicadas no incorporadas en la liquidación privada ni reconocidas oficiosamente por la autoridad en el procedimiento de determinación.

En conclusión, en los términos del artículo 148 de la Ley 1607 de 2012 y los artículos 6.º y 7.º del Decreto 699 de 2013, a la fecha de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo, la actora no había cumplido con la obligación de pagar el 100% del mayor impuesto determinado en la Liquidación Oficial de Revisión nro. 322412013000245 del 23 de abril de 2013, en tanto, el mayor valor del impuesto correspondía a $42.056.000, y el demandante solo demostró el pago de $42.020.000.

En consecuencia, no procede el cargo de apelación.

3.3- De otra parte, la actora adujo que negar la solicitud de terminación por mutuo acuerdo porque no se cumplió con la obligación de pago total del tributo por la suma de $36.000 al haber informado en la declaración de corrección retenciones por valor de $2.427.000 y no de $2.682.505, conduce a la violación al debido proceso (artículo 29 de la Constitución), al principio de prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 de la Constitución), y constituye un enriquecimiento sin causa e ilícito para la demandada.

Esta Sección se ha pronunciado sobre la complementariedad entre el derecho fundamental al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución con la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, contenido en el artículo 228 ibídem, dado que las reglas procesales deben ser el mecanismo efectivo para la realización de los derechos fundamentales (Sentencia del 12 de marzo de 2020, exp. 24491, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez). En ese sentido, el citado artículo 228 ibídem busca que la regulación que se establezca para acceder o ejercer un derecho no se convierta en un obstáculo para su realización. El derecho procedimental, a este respecto, es de carácter instrumental respecto del sustancial. Valga recalcar que lo anterior no significa que las normas de procedimiento carezcan de valor jurídico, pues, se insiste, son el mecanismo para hacer efectivos los derechos. En otras palabras, esta Sección ha sostenido que no se trata, entonces, de la protección de la formalidad per se, sino del aseguramiento de las garantías o derechos que se encuentran asociados a la misma (Sentencias del 06 de noviembre de 2019, exp. 23765, CP: Jorge Octavio Ramírez, y del 01 de agosto de 2018, exp. 22061, CP: Stella Jeannette Carvajal).

Si bien es cierto que el demandante corrigió su declaración de conformidad con la liquidación oficial de revisión, la disposición prevista en el artículo 148 de la Ley 1607 de 2012 exigía que el requisito de corregir la declaración y pagar el 100% del mayor impuesto debía cumplirse a la fecha de la solicitud, por lo que, no se puede alegar el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, para desconocer el procedimiento reglado para acceder al beneficio de terminar por mutuo acuerdo el proceso administrativo tributario que tiene como requisito sustancial el pago del 100% del valor del impuesto en discusión.

Respecto al enriquecimiento sin causa alegado por la actora, se advierte que al negarse la transacción y terminación por mutuo acuerdo, no se incurre en un enriquecimiento sin causa a favor de la demandada, con un consecuente empobrecimiento para el demandante, porque está probado que la Administración tributaria cuenta con un título que contiene una obligación con cargo al contribuyente, por concepto de impuesto sobre la renta por la vigencia 2009, sin que se compruebe que el pago realizado por el demandante objeto de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo, supera la cuantía señalada en la liquidación oficial objeto de transacción.

Por lo anterior, no prosperan los cargos de apelación.

4- De acuerdo con lo anteriormente expuesto, corresponde a la Sala confirmar en su integridad la sentencia apelada, que se abstuvo de anular los actos por medio de los cuales se negó la transacción y la terminación por mutuo acuerdo presentada por el demandante.

5- Finalmente, de conformidad con el ordinal 8.º del artículo 365 del Código General del Proceso, solo «habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación» y, como quiera que revisado el expediente no se constata prueba alguna que demuestre su causación, no se condenará en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

3. Reconocer personería jurídica a Armando Castro Mendoza como apoderado de la parte demandante (f. 159)

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)

MILTON CHAVES GARCÍA

Presidente

(Firmado electrónicamente)

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

(Firmado electrónicamente)

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente)

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ