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Sentencia 20620

Si bien la demandante no planteó en la actuación administrativa el argumento relacionado con la aplicación retroactiva del Acuerdo 17 de 2009, el a-quo debió analizarlo en la sentencia, porque dicha argumentación se dirigió a soportar la pretensión de nulidad de los actos administrativos demandados…/// (…) el Municipio demandado estaba facultado para modificar las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la Industria Militar – IDUMIL por los años gravables 2007 y 2008, a través de una actuación referente a más de un período gravable, pues tales modificaciones se fundamentaron en los mismos hechos…/// (…) Como la actora presentó las declaraciones del impuesto de industria y comercio de los años gravables 2007 y 2008 de forma extemporánea, incurrió en el supuesto sancionatorio previsto en el mencionado artículo 312 del Acuerdo 05 de 2005, norma vigente en el momento en que se configuró la conducta sancionable…// (…) La Sala considera que el error en la operación realizada en el requerimiento especial, es netamente aritmético, y fue corregido por la Administración con anterioridad al ejercicio de la acción contenciosa[39], como lo prevé el artículo 866 del Estatuto Tributario, por lo cual no afecta la congruencia de la actuación administrativa adelantada


EXCEPCIÓN DE IMPOSIBILIDAD DE ALEGAR HECHOS Y FUNDAMENTOS NUEVOS – No configuración. Reiteración de jurisprudencia. Al tratarse de mejores o nuevos argumentos y no de hechos nuevos / IMPOSIBILIDAD DE ALEGAR HECHOS Y FUNDAMENTOS NUEVOS – Alcance. No excluye la posibilidad mejorar las razones de hecho y de derecho expuestas ante la administración / INTERPOSICIÓN Y DECISIÓN DE LOS RECURSOS OBLIGATORIOS – Alcance. En materia tributaria se concreta con el recurso de reconsideración / VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN EN SEDE JUDICIAL – Alcance. No lo configuran los nuevos o mejores argumentos / NUEVOS O MEJORES ARGUMENTOS – Finalidad / CARGOS DE NULIDAD NO EXPUESTOS EN SEDE ADMINISTRATIVA – Alcance. Si la pretensión de nulidad es la misma, el juez los debe analizar, aún si no fueron expuestos con ocasión del recurso de reconsideración / CAUSALES DE NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA – Alcance. No es necesario que se invoquen idénticas razones de nulidad a las expuestas en la vía gubernativa

 

El a-quo declaró probada de oficio la excepción «de imposibilidad de alegar hechos y fundamentos nuevos, respecto al tercer cargo de nulidad de los actos acusados, planteado en la demanda», relacionado con la aplicación retroactiva del Acuerdo 17 de 2009, el cual no fue expuesto ante la administración municipal con ocasión del recurso de reconsideración. El numeral 2 del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé como requisito de procedibilidad de la demanda de nulidad de un acto administrativo de carácter particular, que se hayan «ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios», lo que en materia tributaria se concreta con el recurso de reconsideración previsto en el artículo 720 del Estatuto Tributario. Una vez decididos los recursos interpuestos en la actuación administrativa, el interesado queda facultado para acudir ante la jurisdicción administrativa y demandar el acto administrativo contrario a sus intereses, siempre que invoque las mismas pretensiones y las fundamente en las razones de hecho y de derecho expuestas ante la Administración, lo cual no excluye la posibilidad de mejorarlas para sustentar la pretensión de nulidad. La Sección en forma reiterada ha expresado que «al contribuyente le es dable alegar “argumentos nuevos” en la etapa jurisdiccional, es decir, no planteados en la etapa gubernativa, si lo pretendido es la ‘nulidad’ de los actos administrativos, en razón a que el examen de legalidad del acto acusado debe efectuarse respecto de los fundamentos de derecho expuestos en la demanda, que a su vez deben concretarse a las causales de nulidad previstas en el Estatuto Tributario y las generales a que se refiere el inciso 2º del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo». Y ha precisado que ante la Jurisdicción no pueden plantearse hechos nuevos -diferentes a los invocados en sede administrativa-, aunque sí mejores o nuevos argumentos y fundamentos de derecho respecto de los planteados en los recursos interpuestos en la vía gubernativa. Lo anterior, porque ello implica la violación del debido proceso de la Administración. En este orden de ideas, el administrado debe aducir en sede administrativa los motivos y fundamentos de su reclamación, lo que no obsta para que en oportunidad posterior, en sede judicial, pueda exponer nuevos o mejores argumentos, a fin de obtener la satisfacción de su pretensión, previamente planteada ante la Administración. En consecuencia, si la pretensión de la parte demandante es la misma, esto es, la nulidad del acto definitivo, como ocurre en el caso, en la medida en que en sede administrativa y jurisdiccional se invocó la ilegalidad de los actos administrativos que impusieron sanciones por extemporaneidad y corrección, el Juez debe analizar los cargos de la demanda así no hayan sido expuestos con ocasión del recurso de reconsideración, tema que fue abordado por la Sala, al señalar: «2.7 Obsérvese que no es requisito de agotamiento de la vía gubernativa, ni de procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento, que se expresen idénticas razones de nulidad de los actos ante la Administración y el Juez, por lo que es dable que ante la jurisdicción se formulen mejores razones jurídicas para sustentar la nulidad de los actos acusados. 2.8 En consecuencia, si la pretensión de la parte demandante es la misma, esto es, la nulidad del acto definitivo, como ocurre en el caso concreto, en la medida en que en sede administrativa y jurisdiccional se invocó la ilegalidad de la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 312412010000075 del 23 de noviembre de 2010, debe el Juez analizar los cargos de la demanda así no hayan sido expuestos con ocasión del recurso de reconsideración interpuesto contra la misma». En el caso concreto, la Sala observa que en la actuación administrativa la pretensión de la actora se concretó en «declarar la nulidad, por violación al debido proceso administrativo de la Resolución No. 441 del 02 de noviembre de 2012, proferida por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Chiriguaná». En esas condiciones, se advierte que si bien la demandante no planteó en la actuación administrativa el argumento relacionado con la aplicación retroactiva del Acuerdo 17 de 2009, el a-quo debió analizarlo en la sentencia, porque dicha argumentación se dirigió a soportar la pretensión de nulidad de los actos administrativos demandados. Por lo anterior, en su oportunidad, se estudiará el cargo relacionado con la aplicación retroactiva del Acuerdo 17 de 2009.

 

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 161 NUMERAL 2 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 720

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la posibilidad del contribuyente de mejorar en sede judicial las razones para sustentar la pretensión de nulidad se citan las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 19 de octubre de 2006, Exp. 05001-23-31-000-2000-00116-01(15147), C.P. María Inés Ortiz Barbosa; de 3 de diciembre de 2009, Exp. 25000-23-24-000-2003-91185-01(16183), C.P. Héctor J. Romero Díaz; de 16 de septiembre de 2010, Exp. 25000-23-27-000-2005-01026-01(16691), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; de 3 de marzo de 2011, Exp. 25000-23-24-000-2002-00194-02(16184), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; de 12 de agosto de 2014, Exp. 08001-23-31-000-2010-00106-01(19036), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y de 8 de febrero de 2018, Exp. 08001-23-31-000-2012-00516-01(22060), C.P. Stella Jeannette Carvajal

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la posibilidad del contribuyente de alegar argumentos mejores o nuevos argumentos y no hechos nuevos a los planteados en sede administrativa se citan las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 23 de noviembre de 2005, Exp. 50001-23-31-000-1996-05912-01(14891), C.P. María Inés Ortiz Barbosa, que reiteró lo expuesto en la sentencia del 23 de marzo de 2001, Exp. 25000-23-27-000-1999-0057-01(11686), C.P. María I. Ortiz Barbosa

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el examen de legalidad a la luz de la (sic) causales de nulidad previstas en el Estatuto Tributario y el CCA (CPACA), que debe efectuar el contribuyente respecto de los actos acusados se citan las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 3 de marzo de 2011, Exp. 25000-23-24-000-2002-00194-02(16184), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 31 de enero de 2013, Exp. 13001-23-31-000-2006-00613-01(18878), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, del 6 de noviembre de 2014, Exp. 76001-23-31-000-2008-01230-01(20536), C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 30 de agosto de 2016, Exp. 25000-23-27-000-2012-00226-01(20281), C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 8 de febrero de 2018, Exp. 08001-23-31-000-2012-00516-01(22060), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los (sic) imposibilidad del contribuyente de plantear hechos nuevos a los alegados ante la administración y de sus consecuentes efectos se citan las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 14 de mayo de 2014, Exp. 13001-23-33-000-2012-00020-01(19988), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, citado en la sentencia del 23 de julio de 2015, Exp. 25000-23-27-000-2012-00225-01(20280), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la finalidad de exponer nuevos o mejores argumentos en sede judicial se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 30 de agosto de 2016, Exp. 25000-23-27-000-2012-00226-01(20281), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

 

LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN – Reiteración de jurisprudencia. Alcance. Se puede referir a más de un período, si se fundamentan en idénticos motivos y hechos / ACUMULACIÓN DE VARIOS PERÍODOS FISCALES EN REQUERIMIENTOS Y LIQUIDACIONES OFICIALES – Noción / MODIFICACIÓN DE DECLARACIONES DE ICA PRESENTADAS POR VARIOS PERÍODOS GRAVABLES EN UN SOLO ACTO – Procedibilidad. No vulnera el debido proceso del contribuyente / RESTRICCIÓN DE ACUMULACIÓN DE PERÍODOS FISCALES A IVA Y RETEFUENTE – Alcance. No se debe interpretar de manera literal, pues se debe mirar con un criterio finalístico o teleológico / ACUMULACIÓN DE PERÍODOS FISCALES EN SEDE ADMINISTRATIVA – Alcance. Materializa los principios economía procesal, eficiencia, eficacia y celeridad

 

La actora señaló que la Administración se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al referirse a más de un período gravable en los actos administrativos demandados. Del análisis teleológico del artículo 695 del Estatuto Tributario, en cuanto a su aplicación en las entidades territoriales por disposición del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, la Sala precisó que la Administración se puede referir a más de un período gravable en las actuaciones administrativas relacionadas con el impuesto de industria y comercio, al precisar: «… concluye la demandante que como la Administración, en un solo acto, modificó las declaraciones del ICA presentadas por varios períodos gravables, vulneró el debido proceso de la sociedad, ya que no dio cumplimiento a las normas de procedimiento tributario que consagra el legislador. 4.2.- El artículo 695 del Estatuto Tributario, invocado en la demanda y aplicable al caso en virtud del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, dispone que “los emplazamientos, requerimientos, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos proferidos por la Administración de Impuestos, podrán referirse a más de un período gravable, en el caso de las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retenciones en la fuente”. Dicha norma, permite la posibilidad de acumular varios períodos fiscales en los requerimientos y liquidaciones oficiales cuando se trata del IVA y la retención en la fuente. Pero el hecho de que se haya efectuado algo semejante con el ICA, en nada viola el debido proceso de los contribuyentes, como pasará a verse (…) 4.4.- Si bien, tratándose de impuestos nacionales, el Estatuto Tributario permite la acumulación de períodos fiscales en el trámite del proceso de fiscalización respecto del impuesto sobre las ventas y la retención en la fuente, no es menos cierto que dicha restricción no debe interpretarse de manera literal, pues debe mirarse con un criterio finalístico o teleológico. En ese entendido, para la Sección es claro que es posible que los emplazamientos, requerimientos, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos proferidos por la Administración Tributaria, puedan referirse a más de un período gravable –lo que materializa, además, los principios de economía, celeridad y eficiencia-. 4.5.- Así las cosas, es posible afirmar que la acumulación de períodos fiscales efectuada por el Municipio de Caloto en el caso concreto, además de no vulnerar el debido proceso de la sociedad contribuyente, garantizó el cumplimiento y efectividad de los principios de la función pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución, a saber: economía procesal, eficiencia, eficacia y celeridad. Y eso es así, porque las modificaciones propuestas para cada una de las declaraciones se fundamentan en unos mismos hechos: la extemporaneidad de la declaración, la omisión de liquidar el impuesto complementario de avisos y tableros y la omisión de pagar el impuesto a cargo. 4.6.- En otras palabras, como las modificaciones hechas por el ente territorial a cada una de las declaraciones presentadas por CEDELCA se fundamentan en idénticos motivos y hechos, la expedición de un sólo acto no vulnera el debido proceso de la sociedad contribuyente, sino que garantiza la eficacia, economía y celeridad del trámite de fiscalización». Bajo el criterio jurisprudencial señalado, la Sala advierte que el Municipio demandado estaba facultado para modificar las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la Industria Militar – IDUMIL por los años gravables 2007 y 2008, a través de una actuación referente a más de un período gravable, pues tales modificaciones se fundamentaron en los mismos hechos, los cuales se concretan en la liquidación de sanciones por extemporaneidad, corrección e intereses moratorios.

 

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 695 / LEY 788 DE 2002 – ARTÍCULO 59 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 209

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la posibilidad de referirse en una sola liquidación oficial de revisión a más de un período gravable de un mismo impuesto se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 29 de octubre de 2014, Exp. 19001-23-31-000-2004-02116-01(19394), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

 

PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS – No configuración. Al aplicarse las norma (sic) vigentes para el momento en que se incurrió en la conducta sancionable / NORMAS SANCIONATORIAS – Naturaleza jurídica. Son de carácter sustancial y deben ser preexistentes a los hechos sancionables / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA EN MATERIA SANCIONATORIA TRIBUTARIA – Alcance. Lo ocasiona la aplicación retroactiva de normas sancionatorias / CONDUCTA SANCIONABLE – Concepto y Alcance. Su ocurrencia, es independiente del ejercicio de la facultad sancionatoria, aún si es posterior / SANCIÓN POR NO DECLARAR – Presupuestos / SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD DE DECLARACIÓN TRIBUTARIA – Municipio de Chiriguaná. Alcance. Es la vigente al día siguiente del plazo para declarar

 

La demandante alegó que la Administración violó el principio de irretroactividad de las normas tributarias, porque aplicó el Acuerdo 017 de 2009 y no el Acuerdo 005 del 2005, que estaba vigente durante los períodos gravables en discusión (2007 y 2008). Por su parte, la entidad territorial demandada señaló que el Acuerdo 05 de 2005, «al momento de iniciar el Municipio su actuación fiscalizadora y producir los Actos Administrativos que hoy se demandan, estaba derogado por el Acuerdo No 17 de diciembre de 2009». Sobre la materia la Sala ha dicho que «las normas sancionatorias son de carácter sustancial y deben ser preexistentes a los hechos sancionables, pues de lo contrario se les otorgaría un carácter retroactivo, violatorio del derecho de defensa». En ese sentido, la Corporación ha precisado que la legislación aplicable es la que está vigente al momento en que se incurre en la conducta sancionable «o al de la ocurrencia de los hechos respecto de los cuales se ejerce la facultad sancionatoria, independientemente de que la actuación administrativa de verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y la expedición de los actos sancionatorios ocurran con posterioridad». Y concretamente frente a la sanción por no declarar se destacó que «se genera al día siguiente del plazo máximo para presentar la liquidación privada (…), por lo que «para los períodos en discusión debía aplicarse la normatividad vigente en el momento y preexistente a la infracción, es decir el Acuerdo 021 de 1993 y no el que sirvió de sustento a los actos demandados». En el caso, la Sala observa que, en su orden, el plazo para presentar y pagar las declaraciones de industria y comercio de los años gravables 2007 y 2008 venció el 30 de marzo de 2008 y el 30 de marzo de 2009, respectivamente, deberes sustanciales y formales que la actora cumplió de forma extemporánea el 14 de junio de 2011. En ese orden de ideas, la conducta sancionable relacionada con la extemporaneidad de las declaraciones tributarias se configuró al día siguiente del vencimiento del pazo para declarar y, por lo tanto, la normativa aplicable era la vigente en ese momento, esto es, el Acuerdo 05 del 8 de julio de 2005, y no el Acuerdo 017 del 25 de diciembre de 2009, que entró en vigencia el 13 de enero de 2010. El artículo 312 del citado Acuerdo 05 de 2005 disponía que: «Los contribuyentes o responsables obligados a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea, antes de que se profiera requerimiento o auto que orden inspección tributaria, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al tres por ciento (3%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que genere el incumplimiento en el pago oportuno del impuesto, anticipo o retención». (Se subraya). Así pues, como la actora presentó las declaraciones del impuesto de industria y comercio de los años gravables 2007 y 2008 de forma extemporánea, incurrió en el supuesto sancionatorio previsto en el mencionado artículo 312 del Acuerdo 05 de 2005, norma vigente en el momento en que se configuró la conducta sancionable.

 

FUENTE FORMAL: ACUERDO 017 DE 2009 / ACUERDO 05 DE 2005

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza jurídica de las normas sancionatorias se citan las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 6 de septiembre de 2017, Exp. 20001-23-31-000-2011-00051-01(20953), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 26 de marzo de 2009, Exp. 47001-23-31-000-2001-01273-01(16496), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la violación del derecho de defensa por la aplicación retroactiva de normas sancionatorias se citan las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 10 de noviembre de 2000, Exp. 25000-23-27-000-1999-0715-0(10870), C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; de 6 de diciembre de 2012, Exp. 25000-23-27-000-2006-01370-01(17554), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el concepto y alcance de la conducta sancionable se citan las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 26 de marzo de 2009, Exp. 47001-23-31-000-2001-01273-01(16496), C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia; 3 de diciembre de 2009, Exp. 25000-23-27-000-2001-01180-01(15392), C.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz y del 29 de septiembre de 2000, Exp. 10567, C.P. Dr. Julio E. Correa

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos para imponer la sanción por no declarar se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 26 de marzo de 2009, Exp. 47001-23-31-000-2001-01273-01(16496), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el momento en que se configura la sanción por extemporaneidad se citan las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 22 de marzo de 2013, Exp. 25000-23-31-000-2006-01367-01(18587), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; de 2 de agosto de 2006, Exp. 25000-23-27-000-2003-01836-01(15034), C.P. Ligia López Díaz; de 4 de abril de 2003, Exp. 25000-23-27-000-1999-0422-01(12922), C.P. Germán Ayala Mantilla

 

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO CORRESPONDENCIA ENTRE EL REQUERIMIENTO ESPECIAL Y LA LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN – No configuración. Si obedece a un error aritmético que fue corregido en esta última / ERROR ARITMÉTICO – Presupuestos / CONGRUENCIA DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA – Alcance. No se afecta si el error aritmético se corrige con anterioridad al ejercicio del medio de control / SANCIÓN POR CORRECCIÓN – Procedencia / INTERESES DE MORA – Procedencia. Al no pagarse oportunamente el impuesto de industria y comercio ICA / MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO – Alcance. No hay lugar a pronunciarse sobre ella si no fue planteada en la demanda y en expediente no obran elementos de juicio que la soporten / CONDENA EN COSTAS – Improcedencia. Al no encontrarse demostradas

 

La actora aduce que, dentro del procedimiento adelantado por el municipio, se «transgredió el principio de consonancia, porque la sanción de corrección liquidada en el requerimiento especial, difiere de la establecida en la liquidación de revisión». El artículo 701 del Estatuto Tributario, aplicable a los procedimientos tributarios del orden territorial por disposición del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, prevé que «Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere liquidado en su declaración las sanciones a que estuviere obligado o las hubiere liquidado incorrectamente la Administración las liquidará incrementadas en un treinta por ciento (30%)». Con fundamento en la norma referida, la Sala evidencia que la Administración liquidó «sanción por corrección» por los años gravables 2007 y 2008, así: (…) No obstante, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la Administración manifestó que la diferencia de los valores señalados «sucede sólo con el ítem de la sanción por corrección, la que en REQUERIMIENTO se liquida con error aritmético lo cual, estando en la oportunidad legal se corrige; basándose la Administración Municipal para ello, en lo establecido en el artículo 866 del Estatuto Tributario Nacional, quedando la misma, tal y como se liquidó en la RESOLUCIÓN DE REVISIÓN número 441 del 2 de noviembre de 2011, ya que los demás datos no sufrieron modificación alguna guardando armonía con lo propuesto en el requerimiento especial». La Sala encuentra que la diferencia entre la sanción por corrección del 30% liquidada en el requerimiento especial, y la de la liquidación de revisión, corresponde a un error aritmético que fue corregido oportunamente en esta última, conforme con lo establecido en el artículo 866 del Estatuto Tributario. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que el error aritmético «surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen». En esas condiciones, la Sala considera que el error en la operación realizada en el requerimiento especial, es netamente aritmético, y fue corregido por la Administración con anterioridad al ejercicio de la acción contenciosa, como lo prevé el artículo 866 del Estatuto Tributario, por lo cual no afecta la congruencia de la actuación administrativa adelantada. Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del César y declarará la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, para lo cual, conforme con el citado artículo 312 del Acuerdo 05 de 2005, liquida las sanciones por extemporaneidad en la presentación de las declaraciones tributarias y corrección, así: (…) A partir de los valores señalados, teniendo en cuenta que el contribuyente presentó de forma extemporánea las declaraciones del impuesto de industria y comercio por los años gravables 2007 y 2008, sin liquidar la sanción por extemporaneidad a que estaba obligado, se liquida la sanción por corrección prevista en el citado artículo 701 del Estatuto Tributario, la cual no fue objetada por la demandante, así: (…) En relación con el argumento relacionado con que la Administración no podía liquidar intereses de mora, se evidencia que la industria militar INDUMIL no pagó oportunamente el impuesto de industria y comercio a que estaba obligada, por lo cual, sobre el impuesto de los períodos 2007 ($154.628.000) y 2008 ($378.554.000) proceden los intereses a que se refiere el citado artículo 312 del Acuerdo 005 de 2005, conforme con lo establecido en los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario. Por las razones expuestas, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar y, en su lugar, se anularán parcialmente los actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, conforme con la liquidación efectuada, se fijará el valor a pagar cargo de Industria Militar – INDUMIL por concepto de sanciones por extemporaneidad y de corrección respecto del impuesto de industria y comercio de los años 2007 y 2008, en la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($599.633.762) M/CTE, más los intereses moratorios establecidos en los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario. De otro lado, en lo que respecta con la medida cautelar de embargo a que se refiere el demandante en el recurso de apelación y en los alegatos de conclusión, sobre la cual solicita que se ordene la devolución del excedente, la Sala advierte que tal aspecto no fue planteado en la demanda y en el expediente no obran elementos de juicio soporten dicha petición. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, no se condenará en costas, comoquiera que el recurso prosperó parcialmente y que no se encuentran probadas en el proceso.

 

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 701 / LEY 788 DE 2002 – ARTÍCULO 59 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 866 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 634 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 635 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) – ARTÍCULO 365

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos y el alcance del error aritmético se cita la sentencia de la Corte Constitucional, T-875 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

 

Consejero ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 20001-23-33-000-2012-00084-01(20620)

Actor: INDUSTRIA MULITAR (SIC) – INDUMIL

Demandado: MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ

 

FALLO

 

 

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la empresa INDUSTRIA MULITAR (SIC) – INDUMIL contra la sentencia del 11 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante.

 

ANTECEDENTES

 

El 21 de diciembre de 2009, la Secretaría de Hacienda del Municipio de Chiriguaná emplazó a la Empresa Industria Militar – Indumil, para que en el término de un mes presentara las declaraciones del impuesto de industria y comercio de las vigencias de 2004 a 2008.

 

El 19 de enero de 2010, la Secretaría mencionada profirió la Resolución 001, mediante la cual impuso a la actora sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio correspondiente a los períodos 2004 a 2008. La sanción correspondió al 10% de los ingresos brutos obtenidos por la empresa demandante durante las vigencias fiscales aludidas.

 

El 19 de marzo de 2010, la empresa interpuso recurso de reconsideración contra el acto sancionatorio señalado y 14 de junio de 2011 presentó las declaraciones del impuesto de industria y comercio de los períodos gravables 2007 y 2008. El 14 de junio de 2011, la Secretaría de Hacienda de municipio demandado expidió la Resolución 237 que resolvió el recurso de reconsideración mencionado, en el sentido de revocar en su integridad la Resolución 001 del 19 de enero de 2010.

 

El 5 de julio de 2011, la Secretaría de Hacienda Municipal de Chiriguaná profirió requerimiento especial, en el que propuso modificar las citadas declaraciones privadas del impuesto de industria y comercio de los años 2007 y 2008, en el sentido de imponer sanciones por extemporaneidad y corrección, así como intereses de mora.

 

El 2 de noviembre de 2011, mediante la Resolución 441, la Secretaría de Hacienda Municipal de Chiriguaná expidió la liquidación oficial de revisión, en la cual acogió lo propuesto en el requerimiento especial. Contra el acto administrativo señalado se interpuso recurso de reconsideración, el cual fue decidido por la Resolución 081 del 23 de abril de 2012, que confirmó la resolución impugnada.

 

DEMANDA

 

INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL, en ejercicio del medio de control de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formuló las siguientes pretensiones:

 

«PRIMERA: DECLARAR la NULIDAD TOTAL de la Resolución No. 441 del 02 de noviembre de 2011, “Por medio de la cual se practica Liquidación de Revisión al contribuyente INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL”, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaría de Hacienda Municipal de Chiriguaná, Cesar.

 

SEGUNDA: DECLARAR la NULIDAD TOTAL de la Resolución No. 081 del 23 de abril de 2012, “Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Reconsideración”, proferida por el Secretario de Hacienda del Municipio de Chiriguaná, Cesar.

 

TERCERA: En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, DECLARAR EN FIRME las Declaraciones y Liquidaciones Privadas del Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios de los Períodos Gravables 2007 y 2008, presentadas por la INDUSTRIA MILITAR, NIT. 899.999.044-3, en el Municipio de Chiriguaná, Cesar, con fecha 14 de junio de 2011, según Formularios No. 62/2011 y 63/2011, respectivamente.

 

CUARTA: Como consecuencia procesal del ejercicio de este medio de control judicial, CONDENAR EN COSTAS a la Parte Demandada».

 

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:

 

·      Artículos 6º, 29, 95-9, 123 y 363 de la Constitución Política;

·      Artículos 634, 642, 683, 694, 695, 701, 702, 711 y 712 del Estatuto Tributario;

·      Artículos 2º, 398, 481, 486, 533, 541, 543 y 547 del Acuerdo 17 del 25 de diciembre de 2009 del Concejo Municipal de Chiriguaná.

 

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

 

Señaló que la Administración se extralimitó en sus funciones al referirse en los actos administrativos demandados a más de un período gravable del impuesto de industria y comercio, e interpretar de forma errada los artículos 534 del Acuerdo 17 de 2009 y 702 del Estatuto Tributario.

 

Adujo que la entidad territorial demandada violó el debido proceso e ignoró las reglas previstas en los artículos 694, 695 y 712 del Estatuto Tributario y 543 del Acuerdo 17 de 2009, pues las liquidaciones oficiales responden a obligaciones individuales e independientes, y sólo podrán referirse a más de un período gravable en el caso de las declaraciones del impuesto sobre las ventas y de retenciones en la fuente.

 

Sostuvo que la liquidación oficial no guarda correspondencia con el requerimiento especial en cuanto a la «sanción por corrección», porque si bien se cometió un error aritmético al cuantificarla en el citado requerimiento, como lo reconoció en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la Administración debió exponer este hecho en la motivación de la liquidación de revisión, para efectos de aplicar el artículo 866del Estatuto Tributario.

 

Afirmó que la Administración violó el principio de irretroactividad al aplicar el Acuerdo 17 del 25 de diciembre de 2009, que entró en vigencia el 13 de enero de 2010, y no el Acuerdo 05 de 2005, que era la norma vigente cuando se configuró el hecho sancionable, en razón a que las declaraciones corresponden a los períodos gravables 2007 y 2008, lo que hace más gravosa la sanción por extemporaneidad liquidada.

 

Expuso que si bien la consecuencia legal de no presentar la declaración tributaria en el mes siguiente a la expedición del emplazamiento para declarar es la imposición de la sanción por no declarar, el contribuyente que presente la declaración una vez vencido dicho término no está obligado a liquidar sanción por extemporaneidad, porque sólo procede la sanción por no declarar.

 

Señaló que Indumil presentó las declaraciones por los años 2007 y 2008, con posterioridad a la admisión del recurso de reconsideración interpuesto contra resolución que impuso sanción por no declarar, y que no estaba obligada a liquidar ninguna sanción, pues en ese momento ya había sido objeto de referida la sanción.

 

Precisó que la Administración no puede justificar sus actuaciones en que «las declaraciones fueron presentadas con posterioridad al Emplazamiento Previo por no Declarar de fecha de 21 de diciembre de 2009», pues dicho acto hace parte de la actuación administrativa que terminó con la Resolución 001 del 19 de enero de 2010, que fue revocada por la Resolución 237 del 14 de junio de 2011.

 

Aseveró que la Administración se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al liquidar oficialmente «intereses de mora», porque el Acuerdo 17 de 2009, al referirse a las sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias, no prevé la «sanción por mora», y el formulario oficial del impuesto no contempla que los intereses de mora hagan parte de la liquidación privada. Agregó que tampoco se probaron los supuestos de hecho para liquidar oficialmente los intereses por mora.

 

OPOSICIÓN

 

El Municipio de Chiriguaná se opuso a las pretensiones de la demanda, por los motivos que se exponen a continuación:

 

Propuso como excepciones las de «legalidad de los actos administrativos demandados» y de «interpretación errónea de las normas y preceptos de carácter tributario», porque, a su juicio, la Administración no se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al revisar en un mismo acto las declaraciones presentadas de forma extemporánea, pues la consideración de que se deben modificar en actos separados, corresponde a una interpretación errada de la normativa aplicable. Formuló, además, la «Excepción genérica oficiosa».

 

Señaló que los artículos 695, 702 del Estatuto Tributario y 534 del Acuerdo 17 de 2009 facultan a la Administración para modificar, en una misma liquidación de revisión, las declaraciones presentadas por el contribuyente de forma extemporánea, lo cual es acorde con el principio de economía procesal. Precisó, además, que en la liquidación de revisión se individualizó cada uno de los períodos en discusión.

 

Aclaró que si bien la Administración cometió un error aritmético en cuanto a la cuantificación de la sanción por corrección, este fue corregido en oportunidad como lo ordena el artículo 866 del Estatuto Tributario, y se puede constatar en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.

 

Consideró que el demandante pretende inducir en error a la Administración, al insistir en la aplicación del Acuerdo 005 de 2005, pues en el momento en que inició la actuación administrativa en discusión, dicha norma había sido derogada por el Acuerdo 17 de 2009, lo cual indica que no se transgredió el principio de irretroactividad.

 

Manifestó que como las declaraciones de los años 2007 y 2008 fueron presentadas «en forma incompleta y tardía», procedía la aplicación de la sanción por extemporaneidad y el pago de intereses de mora, como lo prevé el artículo 641 del Estatuto Tributario.

 

Explicó que la Administración inició un proceso de revisión de las declaraciones tributarias de los años 2007 y 2008, que fueron presentadas en forma extemporánea, y que no podría continuar el proceso de sanción por no declarar, ante la presentación de dichas declaraciones.

 

Concluyó que el demandante no puede pretender que los contribuyentes presenten sus declaraciones por fuera del calendario tributario, y que como los formularios se refieren de forma general a las sanciones y no tienen un renglón destinado a la extemporaneidad y a los intereses de mora, se pueda omitir la liquidación de tales conceptos.

 

SENTENCIA

 

En la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal Administrativo del Cesar, de oficio, declaró la excepción «de imposibilidad de alegar hechos y fundamentos nuevos», en relación con el cargo sobre la aplicación retroactiva del Acuerdo 17 de 2009, en tanto «no fue alegado en vía gubernativa ante la administración municipal».

 

Fijó el litigio en «establecer la legalidad de la actuación mediante la cual la Administración Municipal de Chiriguaná – Cesar, impuso a la Industria Militar sanción por extemporaneidad en la declaración del impuesto de industria y comercio y complementarios, correspondiente a los años gravables 2007 y 2008».

 

En esa misma audiencia, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró fundadas las excepciones de «legalidad de los actos administrativos demandados e interpretación errónea de las normas y preceptos de carácter tributario», negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la actora, por las siguientes razones:

 

Señaló que en aplicación de los artículos 542 del Estatuto de Rentas del Municipio de Chiriguaná y 695 del Estatuto Tributario, el requerimiento especial y la liquidación de revisión podían referirse a los años gravables 2007 y 2008.

 

Sostuvo que a pesar de que hubo un error aritmético respecto del monto de la sanción por corrección liquidada en el requerimiento especial y la de la liquidación oficial de revisión, ello no implica la nulidad de la actuación administrativa adelantada, pues los errores no fueron de orden sustancial sino aritmético y de transcripción, y fueron corregidos en oportunidad, conforme con lo previsto en el artículo 866 del Estatuto Tributario, así como se señaló en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.

 

Manifestó que la actora debió liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, porque la declaración privada se presentó el 14 de junio de 2011, con posterioridad al emplazamiento para declarar (21 de diciembre de 2009), y agregó que no es cierto que INDUMIL hubiera sido sujeto de la sanción por no declarar, la cual se revocó ante la presentación de las declaraciones de los años gravables 2007 y 2008.

 

Precisó que ante el incumplimiento de la obligación de la demandante de liquidar en sus declaraciones tributarias la sanción por extemporaneidad, la Administración podía liquidar la sanción por corrección del 30% prevista en los artículos 533 del Acuerdo 17 de 2009 y 701 del Estatuto Tributario.

 

Sostuvo que la decisión de revocar la Resolución que sancionaba por no declarar a la demandante, «no invalida el procedimiento adelantado para el recaudo del impuesto cobrado».

 

Con fundamento en el artículo 486 del Acuerdo 17 de 2009, indicó que las sumas liquidadas por la Administración no corresponden al pago de intereses propiamente dichos, sino a una sanción por el incumplimiento de la normativa tributaria aplicable y, por lo tanto, era procedente incluirlas en la liquidación de revisión.

 

Con fundamento en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo condenó en costas a la demandante.

 

RECURSO DE APELACIÓN

 

La parte demandante apeló la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, con fundamento en lo siguiente:

 

Señaló que como la excepción de «imposibilidad de alegar hechos y fundamentos nuevos» no es previa sino de fondo, pues no está prevista en los artículos 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 97 del Código de Procedimiento Civil, el a-quo no podía resolverla de oficio en tal sentido para desvirtuar el argumento de la demanda relacionado con la aplicación retroactiva del Acuerdo 17 del 25 de diciembre de 2009.

 

Manifestó que el Municipio se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al incluir en los actos demandados más de un período gravable del impuesto de industria y comercio, lo cual transgrede los artículos 534 y 543 del Acuerdo 17 de 2009 y 694, 695, 702 y 711 del Estatuto Tributario.

 

Adujo que si bien el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 facultó a los entes territoriales para aplicar los procedimientos del Estatuto Tributario Nacional, el artículo 695 de tal normativa se refiere a los períodos de fiscalización del impuesto sobre las ventas y sobre retenciones en la fuente, por lo que no resulta aplicable al impuesto de industria y comercio sometido a discusión.

 

Insistió que la falta de correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación de revisión, en cuanto a la cuantificación de la sanción por corrección, viola el principio de consonancia.

 

Destacó que para las declaraciones privadas de industria y comercio de los períodos gravables 2007 y 2008 estaba vigente el Acuerdo 05 de 2005, y no el Acuerdo 017 de 2009, cuya aplicación viola el principio de irretroactividad de la ley, teniendo en cuenta que el hecho sancionable con la sanción por extemporaneidad «se presenta al día siguiente de la fecha en que se cumple el plazo para presentar la declaración tributaria».

 

Dijo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que la consecuencia legal de no presentar la declaración dentro del término de un mes que otorga el emplazamiento para declarar es la imposición de la sanción por no declarar y, por ese motivo, si el contribuyente presenta la declaración tributaria, una vez vencido dicho término, no debe liquidar sanción por extemporaneidad.

 

Sostuvo que la Administración no puede justificar sus actuaciones al afirmar que «las declaraciones fueron presentadas con posterioridad al Emplazamiento Previo por no Declarar de fecha de 21 de diciembre de 2009», porque dicho acto, al formar parte de la actuación administrativa que terminó con la expedición de la Resolución 001 del 19 de enero de 2010 (sanción por no declarar), revocada mediante la Resolución 237 del 14 de junio de 2011, no podía producir efectos jurídicos.

 

Manifestó que la Administración se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al liquidar «intereses de mora» previstos en el Acuerdo 17 de 2009, que al referirse a las sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias, no incluyó la «sanción por mora», y el formulario oficial del impuesto no contempla que los intereses mencionados formen parte de la liquidación privada, a lo cual se suma que la entidad demandada no demostró los supuestos de hecho para su liquidación.

 

De otro lado, la actora solicitó que, de no accederse a las súplicas de la demanda, se ordene la devolución del remanente de lo que consignó en el Banco Agrario como medida cautelar, porque la Administración ordenó el embargo de $3.545.402.000, a pesar de que el Auto Final de Liquidación del crédito registró la suma de $1.959.723.020, «sin que hasta el momento se hayan reintegrado los valores que como consecuencia de la terminación del proceso de cobro coactivo tienen que reintegrar a la Industria Militar».

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

 

La empresa demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación, e insistió en la solicitud relativa a la devolución del remanente.

 

El municipio demandado no se pronunció en esta etapa del proceso.

 

El Ministerio Públicosolicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y se declare la nulidad parcial de los actos acusados, en lo relacionado con las sanciones de extemporaneidad y de corrección, y mantener la legalidad en cuanto a la liquidación de los intereses moratorios.

 

Señaló que, al momento de presentar las declaraciones en discusión, la actora había sido sancionada por no declarar, lo cual indica que no debía liquidar la sanción por extemporaneidad sobre tales declaraciones. Aclaró que la presentación de las declaraciones referidas se hizo por fuera del término para interponer el recurso de reconsideración contra la resolución sanción.

 

Afirmó que si la actora hubiese presentado las declaraciones en los términos del emplazamiento para declarar había lugar a la liquidación por extemporaneidad, pero como las declaraciones se presentaron después del plazo referido, se impuso la sanción por no declarar, que no es concurrente con la sanción por extemporaneidad y, en consecuencia, con la sanción por corrección.

 

Argumentó que en el momento en que la actora presentó las declaraciones tributarias y pagó los valores a cargo (14 de junio de 2011), estaba en mora de pagar el impuesto de industria y comercio de los períodos en discusión y, por lo tanto, debió liquidar los intereses moratorios previstos en el renglón 32 –«MÁS: INTERESES POR MORA»-, del formulario dispuesto para tal efecto.

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

La Sala decide la legalidad de los actos administrativos que modificaron las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la Industria Militar – INDUMIL por los años gravables 2007 y 2008, en el sentido de imponer sanciones por extemporaneidad y corrección, e intereses moratorios.

 

En los términos del recurso de apelación, debe establecer: i) si los actos acusados podían referirse a más de un período gravable del impuesto de industria y comercio; ii) la aplicación retroactiva del Acuerdo 017 de 2009; iii) la falta de correspondencia entre «el requerimiento especial y la liquidación de revisión» y, iv) si el contribuyente debió liquidar sanciones por extemporaneidad y corrección e intereses moratorios en las declaraciones tributarias presentadas.

 

Asunto previo

 

El a-quo declaró probada de oficio la excepción «de imposibilidad de alegar hechos y fundamentos nuevos, respecto al tercer cargo de nulidad de los actos acusados, planteado en la demanda», relacionado con la aplicación retroactiva del Acuerdo 17 de 2009, el cual no fue expuesto ante la administración municipal con ocasión del recurso de reconsideración.

 

El numeral 2 del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé como requisito de procedibilidad de la demanda de nulidad de un acto administrativo de carácter particular, que se hayan «ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios», lo que en materia tributaria se concreta con el recurso de reconsideración previsto en el artículo 720 del Estatuto Tributario.

 

Una vez decididos los recursos interpuestos en la actuación administrativa, el interesado queda facultado para acudir ante la jurisdicción administrativa y demandar el acto administrativo contrario a sus intereses, siempre que invoque las mismas pretensiones y las fundamente en las razones de hecho y de derecho expuestas ante la Administración, lo cual no excluye la posibilidad de mejorarlas para sustentar la pretensión de nulidad.

 

La Sección en forma reiterada ha expresado que «al contribuyente le es dable alegar “argumentos nuevos” en la etapa jurisdiccional, es decir, no planteados en la etapa gubernativa, si lo pretendido es la ‘nulidad’ de los actos administrativos, en razón a que el examen de legalidad del acto acusado debe efectuarse respecto de los fundamentos de derecho expuestos en la demanda, que a su vez deben concretarse a las causales de nulidad previstas en el Estatuto Tributario y las generales a que se refiere el inciso 2º del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo».

 

Y ha precisado que ante la Jurisdicción no pueden plantearse hechos nuevos -diferentes a los invocados en sede administrativa-, aunque sí mejores o nuevos argumentos y fundamentos de derecho respecto de los planteados en los recursos interpuestos en la vía gubernativa. Lo anterior, porque ello implica la violación del debido proceso de la Administración.

 

En este orden de ideas, el administrado debe aducir en sede administrativa los motivos y fundamentos de su reclamación, lo que no obsta para que en oportunidad posterior, en sede judicial, pueda exponer nuevos o mejores argumentos, a fin de obtener la satisfacción de su pretensión, previamente planteada ante la Administración.

 

En consecuencia, si la pretensión de la parte demandante es la misma, esto es, la nulidad del acto definitivo, como ocurre en el caso, en la medida en que en sede administrativa y jurisdiccional se invocó la ilegalidad de los actos administrativos que impusieron sanciones por extemporaneidad y corrección, el Juez debe analizar los cargos de la demanda así no hayan sido expuestos con ocasión del recurso de reconsideración, tema que fue abordado por la Sala, al señalar:

 

«2.7 Obsérvese que no es requisito de agotamiento de la vía gubernativa, ni de procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento, que se expresen idénticas razones de nulidad de los actos ante la Administración y el Juez, por lo que es dable que ante la jurisdicción se formulen mejores razones jurídicas para sustentar la nulidad de los actos acusados.

2.8 En consecuencia, si la pretensión de la parte demandante es la misma, esto es, la nulidad del acto definitivo, como ocurre en el caso concreto, en la medida en que en sede administrativa y jurisdiccional se invocó la ilegalidad de la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 312412010000075 del 23 de noviembre de 2010, debe el Juez analizar los cargos de la demanda así no hayan sido expuestos con ocasión del recurso de reconsideración interpuesto contra la misma». (Se subraya).

 

En el caso concreto, la Sala observa que en la actuación administrativa la pretensión de la actora se concretó en «declarar la nulidad, por violación al debido proceso administrativo de la Resolución No. 441 del 02 de noviembre de 2012, proferida por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Chiriguaná».

 

En esas condiciones, se advierte que si bien la demandante no planteó en la actuación administrativa el argumento relacionado con la aplicación retroactiva del Acuerdo 17 de 2009, el a-quo debió analizarlo en la sentencia, porque dicha argumentación se dirigió a soportar la pretensión de nulidad de los actos administrativos demandados.

 

Por lo anterior, en su oportunidad, se estudiará el cargo relacionado con la aplicación retroactiva del Acuerdo 17 de 2009.

 

Períodos gravables – liquidación de revisión

 

La actora señaló que la Administración se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al referirse a más de un período gravable en los actos administrativos demandados.

 

Del análisis teleológico del artículo 695 del Estatuto Tributario, en cuanto a su aplicación en las entidades territoriales por disposición del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, la Sala precisó que la Administración se puede referir a más de un período gravable en las actuaciones administrativas relacionadas con el impuesto de industria y comercio, al precisar:

 

«… concluye la demandante que como la Administración, en un solo acto, modificó las declaraciones del ICA presentadas por varios períodos gravables, vulneró el debido proceso de la sociedad, ya que no dio cumplimiento a las normas de procedimiento tributario que consagra el legislador.

 

4.2.- El artículo 695 del Estatuto Tributario, invocado en la demanda y aplicable al caso en virtud del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, dispone que “los emplazamientos, requerimientos, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos proferidos por la Administración de Impuestos, podrán referirse a más de un período gravable, en el caso de las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retenciones en la fuente”.

 

Dicha norma, permite la posibilidad de acumular varios períodos fiscales en los requerimientos y liquidaciones oficiales cuando se trata del IVA y la retención en la fuente. Pero el hecho de que se haya efectuado algo semejante con el ICA, en nada viola el debido proceso de los contribuyentes, como pasará a verse (…)

 

4.4.- Si bien, tratándose de impuestos nacionales, el Estatuto Tributario permite la acumulación de períodos fiscales en el trámite del proceso de fiscalización respecto del impuesto sobre las ventas y la retención en la fuente, no es menos cierto que dicha restricción no debe interpretarse de manera literal, pues debe mirarse con un criterio finalístico o teleológico.

 

En ese entendido, para la Sección es claro que es posible que los emplazamientos, requerimientos, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos proferidos por la Administración Tributaria, puedan referirse a más de un período gravable –lo que materializa, además, los principios de economía, celeridad y eficiencia-.

 

4.5.- Así las cosas, es posible afirmar que la acumulación de períodos fiscales efectuada por el Municipio de Caloto en el caso concreto, además de no vulnerar el debido proceso de la sociedad contribuyente, garantizó el cumplimiento y efectividad de los principios de la función pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución, a saber: economía procesal, eficiencia, eficacia y celeridad.

 

Y eso es así, porque las modificaciones propuestas para cada una de las declaraciones se fundamentan en unos mismos hechos: la extemporaneidad de la declaración, la omisión de liquidar el impuesto complementario de avisos y tableros y la omisión de pagar el impuesto a cargo.

 

4.6.- En otras palabras, como las modificaciones hechas por el ente territorial a cada una de las declaraciones presentadas por CEDELCA se fundamentan en idénticos motivos y hechos, la expedición de un sólo acto no vulnera el debido proceso de la sociedad contribuyente, sino que garantiza la eficacia, economía y celeridad del trámite de fiscalización». (Se subraya).

 

Bajo el criterio jurisprudencial señalado, la Sala advierte que el Municipio demandado estaba facultado para modificar las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la Industria Militar – IDUMIL por los años gravables 2007 y 2008, a través de una actuación referente a más de un período gravable, pues tales modificaciones se fundamentaron en los mismos hechos, los cuales se concretan en la liquidación de sanciones por extemporaneidad, corrección e intereses moratorios.

 

Aplicación retroactiva del Acuerdo 017 de 2009

 

La demandante alegó que la Administración violó el principio de irretroactividad de las normas tributarias, porque aplicó el Acuerdo 017 de 2009 y no el Acuerdo 005 del 2005, que estaba vigente durante los períodos gravables en discusión (2007 y 2008).

 

Por su parte, la entidad territorial demandada señaló que el Acuerdo 05 de 2005, «al momento de iniciar el Municipio su actuación fiscalizadora y producir los Actos Administrativos que hoy se demandan, estaba derogado por el Acuerdo No 17 de diciembre de 2009».

 

Sobre la materia la Sala ha dicho que «las normas sancionatorias son de carácter sustancial y deben ser preexistentes a los hechos sancionables, pues de lo contrario se les otorgaría un carácter retroactivo, violatorio del derecho de defensa».

 

En ese sentido, la Corporación ha precisado que la legislación aplicable es la que está vigente al momento en que se incurre en la conducta sancionable «o al de la ocurrencia de los hechos respecto de los cuales se ejerce la facultad sancionatoria, independientemente de que la actuación administrativa de verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y la expedición de los actos sancionatorios ocurran con posterioridad». (Se subraya).

 

Y concretamente frente a la sanción por no declarar se destacó que «se genera al día siguiente del plazo máximo para presentar la liquidación privada (…), por lo que “para los períodos en discusión debía aplicarse la normatividad vigente en el momento y preexistente a la infracción, es decir el Acuerdo 021 de 1993 y no el que sirvió de sustento a los actos demandados».

 

En el caso, la Sala observa que, en su orden, el plazo para presentar y pagar las declaraciones de industria y comercio de los años gravables 2007 y 2008 venció el 30 de marzo de 2008 y el 30 de marzo de 2009, respectivamente, deberes sustanciales y formales que la actora cumplió de forma extemporánea el 14 de junio de 2011.

 

En ese orden de ideas, la conducta sancionable relacionada con la extemporaneidad de las declaraciones tributarias se configuró al día siguiente del vencimiento del pazo para declarar y, por lo tanto, la normativa aplicable era la vigente en ese momento, esto es, el Acuerdo 05 del 8 de julio de 2005, y no el Acuerdo 017 del 25 de diciembre de 2009, que entró en vigencia el 13 de enero de 2010. El artículo 312 del citado Acuerdo 05 de 2005 disponía que:

 

«Los contribuyentes o responsables obligados a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea, antes de que se profiera requerimiento o auto que orden inspección tributaria, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al tres por ciento (3%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso.

 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que genere el incumplimiento en el pago oportuno del impuesto, anticipo o retención». (Se subraya).

 

Así pues, como la actora presentó las declaraciones del impuesto de industria y comercio de los años gravables 2007 y 2008 de forma extemporánea, incurrió en el supuesto sancionatorio previsto en el mencionado artículo 312 del Acuerdo 05 de 2005, norma vigente en el momento en que se configuró la conducta sancionable.

 

Correspondencia entre «el requerimiento especial y la liquidación de revisión»

 

La actora aduce que, dentro del procedimiento adelantado por el municipio, se «transgredió el principio de consonancia, porque la sanción de corrección liquidada en el requerimiento especial, difiere de la establecida en la liquidación de revisión».

 

El artículo 701 del Estatuto Tributario, aplicable a los procedimientos tributarios del orden territorial por disposición del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, prevé que «Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere liquidado en su declaración las sanciones a que estuviere obligado o las hubiere liquidado incorrectamente la Administración las liquidará incrementadas en un treinta por ciento (30%)».

 

Con fundamento en la norma referida, la Sala evidencia que la Administración liquidó «sanción por corrección» por los años gravables 2007 y 2008, así:

 

Acto

Base corrección año 2007 (Sanción por extemporaneidad)

Valor sanción por corrección año 2007

Base corrección año 2008 (Sanción por extemporaneidad)

Valor Sanción por corrección año 2008

Requerimiento Especial

$309.256.000

$46.388.000

$757.108.000

$113.566.000

Liquidación de Revisión

$309.257.000

$92.777.100

$757.109.000

$227.132.700

 

 

No obstante, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la Administración manifestó que la diferencia de los valores señalados «sucede sólo con el ítem de la sanción por corrección, la que en REQUERIMIENTO se liquida con error aritmético lo cual, estando en la oportunidad legal se corrige; basándose la Administración Municipal para ello, en lo establecido en el artículo 866 del Estatuto Tributario Nacional, quedando la misma, tal y como se liquidó en la RESOLUCIÓN DE REVISIÓN número 441 del 2 de noviembre de 2011, ya que los demás datos no sufrieron modificación alguna guardando armonía con lo propuesto en el requerimiento especial».

 

La Sala encuentra que la diferencia entre la sanción por corrección del 30% liquidada en el requerimiento especial, y la de la liquidación de revisión, corresponde a un error aritmético que fue corregido oportunamente en esta última, conforme con lo establecido en el artículo 866 del Estatuto Tributario.

 

Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que el error aritmético «surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen».

 

En esas condiciones, la Sala considera que el error en la operación realizada en el requerimiento especial, es netamente aritmético, y fue corregido por la Administración con anterioridad al ejercicio de la acción contenciosa, como lo prevé el artículo 866 del Estatuto Tributario, por lo cual no afecta la congruencia de la actuación administrativa adelantada.

 

Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del César y declarará la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, para lo cual, conforme con el citado artículo 312 del Acuerdo 05 de 2005, liquida las sanciones por extemporaneidad en la presentación de las declaraciones tributarias y corrección, así:

 

Sanción por extemporaneidad – Año gravable 2007

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedibilidad de la liquidación de intereses de mora por no pago oportuno del impuesto de industria y comercio ICA se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 6 de septiembre de 2017, Exp. 20001-23-31-000-2011-00051-01(20953), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto

 

Impuesto a cargo

$154.628.000

Porcentaje aplicable

3%

Meses o fracción de mes de retardo (de abril de 2008 a junio de 2011)

39

Total

$180.914.760

Total limitado al impuesto (100%)

$154.628.000

 

 

Sanción por extemporaneidad – Año gravable 2008

 

Impuesto a cargo

$378.554.000

Porcentaje aplicable

3%

Meses o fracción de mes de retardo (de abril de 2009 a junio de 2011)

27

Total

$306.628.740

 

 

A partir de los valores señalados, teniendo en cuenta que el contribuyente presentó de forma extemporánea las declaraciones del impuesto de industria y comercio por los años gravables 2007 y 2008, sin liquidar la sanción por extemporaneidad a que estaba obligado, se liquida la sanción por corrección prevista en el citado artículo 701 del Estatuto Tributario, la cual no fue objetada por la demandante, así:

 

Año gravable 2007

 

Sanción por extemporaneidad.

$154.628.000

Sanción por corrección 30%

$46.388.400

Total

$201.016.400

 

 

Año gravable 2008

 

Sanción por extemporaneidad

$306.628.740

Sanción por corrección 30%

$91.988.622

Total

$398.617.362

 

 

Extemporaneidad y corrección año 2007

$201.016.400

Extemporaneidad y corrección año 2008

$398.617.362

TOTAL SANCIONES

$599.633.762

 

 

En relación con el argumento relacionado con que la Administración no podía liquidar intereses de mora, se evidencia que la industria militar INDUMIL no pagó oportunamente el impuesto de industria y comercio a que estaba obligada, por lo cual, sobre el impuesto de los períodos 2007 ($154.628.000) y 2008 ($378.554.000) proceden los intereses a que se refiere el citado artículo 312 del Acuerdo 005 de 2005, conforme con lo establecido en los artículos 634  y 635  del Estatuto Tributario.

 

Por las razones expuestas, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar y, en su lugar, se anularán parcialmente los actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, conforme con la liquidación efectuada, se fijará el valor a pagar cargo de Industria Militar – INDUMIL por concepto de sanciones por extemporaneidad y de corrección respecto del impuesto de industria y comercio de los años 2007 y 2008, en la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($599.633.762) M/CTE, más los intereses moratorios establecidos en los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario.

 

De otro lado, en lo que respecta con la medida cautelar de embargo a que se refiere el demandante en el recurso de apelación y en los alegatos de conclusión, sobre la cual solicita que se ordene la devolución del excedente, la Sala advierte que tal aspecto no fue planteado en la demanda y en el expediente no obran elementos de juicio soporten dicha petición.

 

Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, no se condenará en costas, comoquiera que el recurso prosperó parcialmente y que no se encuentran probadas en el proceso.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

FALLA

 

PRIMERO.- REVÓCASE la sentencia del 11 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone:

 

1.) ANÚLANSE parcialmente la Resolución 441 del 2 de noviembre de 2011, y la Resolución 081 del 23 de abril de 2012, proferidas por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Chiriguaná – Cesar, mediante las cuales se modificaron las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la Industria Militar – INDUMIL, correspondientes a los años gravables 2007 y 2008.

2.) A título de restablecimiento del derecho, FÍJASE el valor a pagar a cargo de la Industria Militar – INDUMIL por concepto de sanciones por extemporaneidad y de corrección respecto del impuesto de industria y comercio de los años 2007 y 2008, en la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($599.633.762) M/CTE, de acuerdo con la liquidación efectuada en la parte motiva de esta providencia, más los intereses moratorios establecidos en los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario.

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia.

 

ACÉPTASE la renuncia al poder de la abogada Carolina Ladino Cortes en los términos del escrito visible en el folio 310 del c.p., y RECONÓCESEpersonería al abogado Carlos Andrés Moreno Torres, como apoderado de la demandante en los términos del poder visible en el folio 313 del c.p.

 

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

 

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

 

 

MILTON CHAVES GARCÍA

Presidente de la Sección

 

 

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

 

 

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

 

 

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ