📅 13/11/2026
Tema:Procedimiento tributario | Descriptor: Facilidad de pago abreviada Reprogramación de facilidades vigentes Reprogramación de facilidades concursales vigentes Reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios Reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios por omisión o corrección de declaraciones Conciliación contencioso-administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria. | ## Resumen
El documento emitido por la Subdirección de Normativa y Doctrina de la DIAN constituye un concepto general para interpretar y aplicar las medidas tributarias temporales del Decreto Legislativo 1419 de 2026. Este decreto surge para atender el estado de emergencia económica y social, estableciendo beneficios sustanciales para los contribuyentes en el territorio nacional. Los puntos principales abarcan la reducción transitoria de intereses moratorios a una tasa del 4,5% anual, la disminución de sanciones al 15% de su valor, y procedimientos especiales para la conciliación contencioso-administrativa. Estas medidas aplican a obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias que se encuentren en mora, en proceso de corrección o en discusión judicial, siempre que se cumpla con el pago total del capital antes del 19 de noviembre de 2026.
Preguntas Centrales
¿Cuáles son los beneficios para obligaciones en mora al 10 de agosto de 2026?
El documento resuelve que los deudores pueden acceder a una reducción de intereses de mora (calculados al 4,5% anual) y de sanciones (pagando solo el 15% del valor actualizado). Para ello, es indispensable el pago del 100% del capital (impuestos o retenciones) a más tardar el 19 de noviembre de 2026. No se permite la compensación ni el cruce de cuentas como medio de pago para este beneficio.
¿Cómo aplica la reducción para omisos o corrección de declaraciones?
Para quienes no presentaron declaraciones o deban corregirlas antes del 10 de agosto de 2026, la norma permite liquidar la sanción de extemporaneidad o corrección reducida al 15% de su valor total. Al igual que en el caso anterior, se deben pagar intereses al 4,5% y el total del tributo. Si la declaración es de retención en la fuente ineficaz, el agente retenedor puede presentar una nueva declaración válida bajo estos términos.
¿En qué consiste la conciliación contencioso-administrativa?
Permite terminar procesos judiciales de nulidad y restablecimiento del derecho admitidos antes del 10 de agosto de 2026. Los términos son:
- En única o primera instancia: se paga el 100% del impuesto y el 15% de las sanciones actualizadas.
- En segunda instancia: se paga el 100% del impuesto y el 20% de las sanciones actualizadas.
- En ambos casos, los intereses se liquidan a la tasa especial del 4,5% anual.
Fundamentación Clave
Normativa Principal
- Decreto Legislativo 1419 de 2026: Norma habilitante que crea los beneficios transitorios en el marco de la emergencia.
- Estatuto Tributario (E.T.): Se citan artículos clave como el 634 y 635 (intereses), 640 (favorabilidad), 804 (prelación de pagos), 828 (títulos ejecutivos) y 867-1 (actualización de sanciones).
Definición de Mora y Títulos Ejecutivos
- La DIAN aclara que la mora se rige por el Código Civil y el E.T., entendiendo que una obligación está en mora si el acto administrativo que la contiene está ejecutoriado (en firme) al 10 de agosto de 2026.
Principio de Favorabilidad
- Se confirma que las reducciones del Decreto 1419 son compatibles con el principio de favorabilidad del artículo 640 del E.T., siempre que la sanción final no sea inferior a la sanción mínima vigente.
Restricciones y Exclusiones
- Se prohíbe el uso de compensaciones y dación en pago para los beneficios de reducción.
- Los grandes contribuyentes están excluidos de las facilidades de pago de los artículos 5, 6 y 7, pero SÍ pueden acceder a las reducciones de sanciones e intereses de los artículos 9 y 10.
Conclusión
La tesis principal del documento es que el Decreto Legislativo 1419 de 2026 ofrece una oportunidad excepcional y temporal para el saneamiento de carteras fiscales. La efectividad de los beneficios de reducción de sanciones (al 15%) e intereses (al 4,5%) depende estrictamente del pago total del capital y del cumplimiento de la fecha límite del 19 de noviembre de 2026. La DIAN enfatiza que estos mecanismos buscan la recuperación de recursos públicos y la descongestión judicial, sin que la suscripción de facilidades de pago posteriores pueda sustituir el requisito de pago total exigido para las reducciones directas.
Extracto del documento
100208192 – 2258
Radicado Virtual No.
Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2026. 1002026I020693
Señores
CONTRIBUYENTES
juridicanormativa@dian.gov.co
Ciudad
Ref.: Concepto general sobre las medidas temporales tributarias dispuestas en el
Decreto Legislativo 1419 de 2026.
Tema: Procedimiento tributario
Descriptores: Facilidad de pago abreviada
Reprogramación de facilidades vigentes
Reprogramación de facilidades concursales vigentes
Reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios
Reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios por omisión o
corrección de declaraciones
Conciliación contencioso-administrativa en materia tributaria, aduanera y
c ambiaria
Fuentes formales: Decreto Legislativo 1419 de 2026
Cordial saludo:
Esta Subdirección está facultada para resolver las consultas escritas, presentadas de
manera general, sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y
de fiscalización cambiaria, en lo de competencia de la DIAN1. En este sentido, la doctrina
emitida será de carácter general, no se referirá a asuntos particulares y se someterá a lo
consagrado en el artículo 131 de la Ley 2010 de 20192.
Mediante el presente pronunciamiento, y con motivo de la expedición del Decreto
Legislativo 1419 de 2026, en el cual se adoptan una serie de medidas tributarias destinadas
a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al
estado de emergencia declarado mediante el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, esta
Subdirección absolverá los diferentes interrogantes que se formulen en relación con la
interpretación y aplicación de las medidas contempladas en el mencionado decreto.
I. Reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios de las obligaciones
tributarias, aduaneras y cambiarias administrados por la DIAN. Artículo 9.
1. ¿La aplicación del artículo 9 está condicionada al ámbito territorial y a la
acreditación de la afectación directa previstos en el artículo 1 del Decreto Legislativo
1419 de 2026?
Subdirección de Normativa y Doctrina
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Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN
De acuerdo con lo expuesto en el Oficio 017734 de 2026, el ámbito de aplicación territorial
de los beneficios contemplados en el artículo 9 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 es el
territorio nacional.
2. ¿De acuerdo con los beneficios transitorios establecidos en el artículo 9 del
Decreto Legislativo 1419 de 2026, qué se entiende por obligación en mora?
La obligación en mora se encuentra definida en el artículo 1608 del Código Civil, en los
siguientes términos:
«1. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que
la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en
mora.
2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo
y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla (…).»
Así las cosas, para efectos tributarios, una obligación se entiende en mora cuando, una vez
vencido el término previsto para su cumplimiento, no se ha efectuado el pago de los
impuestos, anticipos o retenciones a cargo del contribuyente, generando que se causen
intereses moratorios según lo previsto en el artículo 634 del Estatuto Tributario (E.T.).
Por otra parte, de acuerdo con el parágrafo 1 ídem también podrán acceder a estos
beneficios, los deudores de las obligaciones contenidas en un título ejecutivo en los que se
haya determinado una sanción, de acuerdo con lo descrito en el artículo 828 E.T:
«1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones
tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.
2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.
3. Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados,
en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional.
4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago
de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la Administración
que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.
5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan
sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos,
retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de
Impuestos Nacionales.» (subrayado fuera de texto)
Estos títulos deben encontrarse debidamente ejecutoriados, es decir, en firme y sin
recursos pendientes de resolución para que sean exigibles y, por tanto, susceptibles de
cobro, conforme con lo dispuesto en el artículo 829 E.T.
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«Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al
cobro coactivo:
1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.
2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto
o no se presenten en debida forma.
3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y
4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de
restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en
forma definitiva, según el caso.»
En consideración a lo anterior, se entenderá que la obligación se encontraba en mora al 10
de agosto de 2026 cuando la resolución sancionatoria que la contiene prestaba mérito
ejecutivo, esto es, cuando el respectivo acto administrativo se encontraba debidamente
ejecutoriado a esa fecha.
3. Conforme al artículo 9 del Decreto Legislativo 1419 de 2026, ¿quiénes pueden
aplicar el beneficio de reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios?
De conformidad con lo señalado en el artículo 9 del Decreto Legislativo 1419 de 2026,
podrán acogerse a los beneficios de reducción transitoria de las sanciones e intereses
moratorios, los contribuyentes, responsables, agentes retenedores, garantes y deudores
solidarios de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la DIAN,
que se encuentren en mora al 10 de agosto de 2026 y que cumplan con la totalidad de los
requisitos establecidos en esta misma norma.
4. ¿Cuáles obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias pueden ser objeto
de la reducción transitoria prevista en el artículo 9 del Decreto Legislativo 1419 de
2026?
Las sanciones, actualización de sanciones e intereses de mora de las obligaciones
tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la DIAN que se encuentren en mora
al 10 de agosto de 2026, incluyendo los títulos ejecutivos contenidos en el artículo 828 del
E.T, en los que se haya determinado una sanción, verificando los requisitos que le sean
pertinentes.
5. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la reducción del artículo 9 del
Decreto Legislativo 1419 de 2026?
Los sujetos beneficiarios podrán acceder a los beneficios de reducción transitoria de
sanciones e intereses moratorios, siempre que se encuentren en mora al 10 de agosto de
2026 y acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:
i) Pago del 100% de la obligación tributaria, aduanera o cambiaria.
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ii) Pago de los intereses moratorios. Para tal fin, la tasa de interés moratoria (T)
del artículo 635 del E.T., será del 4,5%.
iii) Pago del quince por ciento (15%) de las sanciones y actualización de
sanciones. La sanción por pagar no podrá ser inferior a la sanción mínima
vigente del año gravable en que fue liquidada.
6. ¿Procede la reducción transitoria del artículo 9 respecto de sanciones
impuestas mediante actos administrativos independientes, debidamente
ejecutoriados y objeto de cobro coactivo?
Sí. De acuerdo con lo mencionado en el artículo 9, los beneficiarios podrán acceder a la
reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios, respecto de todas las
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias que se encuentren en mora al 10 de agosto
de 2026, incluyendo los títulos ejecutivos indicados en el 828 del E.T, en los que se haya
determinado una sanción, verificando los requisitos que le sean pertinentes. Lo anterior, de
acuerdo con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 9 del Decreto Legislativo 1419 de
2026.
7. ¿Si el contribuyente ubicado en el territorio nacional tiene una facilidad o acuerdo
de pago vigente, puede acogerse a la reducción del artículo 9 respecto de los
saldos insolutos?
Sí. El Decreto Legislativo 1419 de 2026 estableció un beneficio transitorio consistente en la
reducción de sanciones e intereses moratorios para los contribuyentes que, al 10 de agosto
de 2026, tuvieran obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias en mora. Dentro de
estos se encuentran quienes, a la entrada en vigencia del decreto, esto es, el 17 de
septiembre de 2026, contaban con una facilidad de pago vigente, pudiendo acogerse a
dicho beneficio respecto de los saldos insolutos, tal y como lo dispone el parágrafo 3 del
artículo 9.
8. ¿Resulta aplicable la reducción transitoria de sanciones e intereses a las
obligaciones respecto de las cuales ha operado la prescripción de la acción de cobro,
incluso si están incursas en un proceso penal?
Sí. La norma no indica tratamiento diferente para este tipo de obligaciones, por lo tanto, se
podrán aplicar las reducciones transitorias, siempre que las mismas se encuentren en mora
al 10 de agosto de 2026 y cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos.
9. ¿Los contribuyentes del Régimen Simple de Tributación (SIMPLE o RST)
pueden acceder a la reducción del artículo 9?
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Legislativo 1419 de 2026, los
contribuyentes del Régimen Simple de Tributación (SIMPLE) podrán acogerse a los
beneficios de reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios respecto de las
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obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la DIAN. En
consecuencia, tratándose de obligaciones en mora del SIMPLE, dicho beneficio únicamente
procede sobre el componente nacional del impuesto, respecto de la declaración y sus
anticipos bimestrales, estos últimos en vigencia del año 2026.
Sin perjuicio de lo anterior, es menester señalar que la permanencia en el régimen SIMPLE
se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos previstos en la norma. Por
consiguiente, la cancelación de obligaciones del SIMPLE pendientes de pago, que se
realicen conforme al artículo 9 del Decreto Legislativo 1419 de 2026, no suspende la
configuración de los supuestos de hecho establecidos para la exclusión del régimen, de
acuerdo con lo indicado en el artículo 914 del E.T. y el parágrafo del artículo 1.5.8.4.2. del
Decreto 1625 de 2016, cuando se retarde la presentación de la declaración, el pago de uno
de los recibos electrónicos del SIMPLE o el pago total del impuesto, por más de un mes
calendario.
10. ¿Es compatible la reducción transitoria de sanciones del artículo 9 con
reducciones aplicadas previamente en virtud del principio de favorabilidad previsto
en el artículo 640 del E.T.?
Sí. Las reducciones previstas en el artículo 640 del E,T. y aquellas derivadas del artículo 9
del Decreto Legislativo 1419 de 2026 no son incompatibles entre sí, toda vez que
corresponden a beneficios de naturaleza jurídica distinta. La primera obedece a la
aplicación del principio de favorabilidad sancionatoria, mediante el cual se permite ajustar
la sanción conforme a la norma más beneficiosa para el contribuyente. La segunda, por su
parte, se origina en una medida extraordinaria adoptada en el marco de una situación
excepcional de emergencia.
En consecuencia, ambos beneficios pueden aplicarse de manera concurrente, siempre que
se cumplan de forma independiente los requisitos y condiciones establecidos para cada uno
de ellos en la norma correspondiente, haciendo la salvedad de que la sanción liquidada no
podrá ser inferior a la sanción mínima vigente del respectivo año gravable.
11. ¿Se admiten los títulos de depósito judicial como medio de pago para acceder
a la reducción del artículo 9 del Decreto Legislativo 1419 de 2026?
Sí. El Decreto Legislativo 1419 de 2026 establece en el parágrafo 2 del artículo 9 que, para
los efectos de este artículo, los depósitos judiciales se entenderán como medios de pago,
siempre que hayan sido constituidos antes del 10 de agosto de 2026.
Sin embargo, se debe aclarar lo siguiente:
I) Los títulos constituidos desde la entrada en vigencia del decreto (17 de septiembre) y
hasta el 19 de noviembre de 2026, estarían en el marco de liquidación con beneficio al 4.5%
efectivo anual de intereses. dado que en este caso la fecha de constitución coincide con las
fechas de pago establecidas por el legislador excepcional para cumplir con el requisito de
pago total.
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II) Ahora, respecto de los títulos constituidos entre el 10 de agosto de 2026 y el día anterior
a la entrada en vigencia del Decreto, se aplicará la liquidación ordinaria sin beneficio a la
tasa de la fecha de constitución del título, según el artículo 635 del E.T.
Así las cosas, salvo lo dicho en este mismo parágrafo sobre la improcedencia de la
compensación y el cruce de cuentas como medio de pago y lo señalado en el parágrafo 2
del artículo 1.6.1.13.2.45 del Decreto 1625 de 2016, con relación al pago de los anticipos
bimestrales y de los impuestos originados tanto en los recibos electrónicos bimestrales,
como en la declaración anual del SIMPLE, el pago de los demás impuestos, retenciones,
anticipos, tributos aduaneros, sanciones e intereses en materia tributaria, aduanera y
cambiaría, admite cualquier medio de pago:
«Las Entidades Financieras autorizadas para recaudar recibirán el pago de los
impuestos, retenciones, anticipos, tributos aduaneros, sanciones e intereses en
materia tributaria, aduanera y cambiaría, en efectivo, tarjetas débito, tarjeta de
crédito o mediante cheque de gerencia o cheque girado (…) o cualquier otro medio
de pago» (Énfasis propio)
12. ¿Cómo se aplica la reducción del artículo 9 cuando existen varias obligaciones
en mora? ¿es posible acogerse respecto de una, varias o todas ellas y efectuar los
pagos en momentos distintos dentro del plazo previsto?
Los sujetos beneficiarios podrán acceder a la reducción transitoria de sanciones e intereses
moratorios respecto de una o varias obligaciones en mora al 10 de agosto de 2026, siempre
que acrediten el cumplimiento de los requisitos temporales, territoriales y materiales
previstos en la norma. Para tal efecto, la norma no exige que el pago de dichas obligaciones
se realice de manera simultánea, siempre que cada una se pague a más tardar, el 19 de
noviembre de 2026.
13. ¿Resulta aplicable la reducción del artículo 9 del Decreto Legislativo 1419 de
2026 a sanciones relacionadas con el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB),
cuando correspondan a obligaciones administradas por la DIAN y cumplan los
presupuestos de la norma?
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto Legislativo 1419 de 2026, podrán
acogerse a los beneficios de reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios los
contribuyentes, responsables, agentes retenedores, garantes y deudores solidarios que, al
10 de agosto de 2026, se encuentren en mora respecto de obligaciones tributarias,
aduaneras o cambiarias administradas por la DIAN y cumplan la totalidad de los requisitos
previstos en dicha disposición.
En lo que respecta al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), el artículo 631-6 del
E.T. establece que los obligados que omitan suministrar la información requerida, o la
suministren de manera errónea, incompleta o desactualizada, podrán ser objeto de las
correspondientes sanciones. No obstante, la obligación de reportar información en el RUB
constituye un deber formal y no una obligación tributaria, aduanera o cambiaria.
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En consecuencia, las sanciones derivadas del incumplimiento de los deberes formales
relacionados con el RUB serán las determinadas en el numeral 4 del artículo 10 del Decreto
Legislativo 1419 de 2026, el cual aplica a quienes, al 10 de agosto de 2026, no hayan
cumplido con la obligación de suministrar la información del beneficiario final, siempre que
cumplan con la obligación formal a más tardar el 19 de noviembre de 2026.
Ahora bien, en los casos en los que, como consecuencia del incumplimiento del reporte al
RUB se haya interpuesto la respectiva sanción y esta se encuentre en mora y debidamente
ejecutoriada esta podrá ser objeto de los beneficios transitorios del artículo 9, siempre que
cumpla con los requisitos que le sean aplicables, en consonancia con el parágrafo 1 de esta
misma disposición.
14. ¿Cómo se debe liquidar la sanción reducida del 15% al momento de diligenciar
el recibo oficial de pago?
En el renglón del recibo oficial de pago se debe incluir el valor reducido de la sanción a
pagar al 15% y no el valor correspondiente al 100% de la sanción liquidada
Esta sanción será debidamente actualizada y no podrá ser inferior a la sanción mínima
vigente del respectivo año gravable.
15. ¿Se pueden utilizar compensaciones o cruces de cuentas como medio de
pago para cumplir los requisitos del artículo 9, de acuerdo con su parágrafo 2?
No. La norma excluye de manera expresa la compensación y el cruce de cuentas como
medio de pago para efectos de acceder a los beneficios del Decreto Legislativo 1419 de
2026.
16. ¿Resulta procedente la aplicación de la dación en pago como mecanismo de
extinción de obligaciones para efectos de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto
1419 de 2026?
No. El artículo 822-1 del ET, que establecía la dación en pago como mecanismo
general para la extinción de obligaciones tributarias fue derogado por el artículo 134
de la Ley 633 de 2000. De igual forma, dicha figura no fue incorporada en la
redacción vigente del artículo 840 ibidem, modificado por el artículo 266 de la Ley
1819 de 2016. Sobre este particular, el Oficio No. 010464 de 2019 concluyó:
«1.- No obstante, y considerando que se pregunta sobre el tema de dación en pago,
es menester señalar que para tal efecto se debe tener en cuenta que el contenido
del artículo 822-1 fue derogado expresamente por el artículo 134 de la Ley 633 de
2000, cuyo tenor literal dispuso:
ARTICULO 134. VIGENCIA Y DEROGATORIAS.
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< Aparte tachado suprimido por el artículo 29 de la Ley 677 de 2001 > La presente
ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias, en
especial las siguientes: los artículos 115-1; 126-3; 175 ; 210 ; 214 ; 240-1 ; la frase
lo anterior no se aplica a los servicios de radio y televisión del literal g) del numeral
3 del parágrafo 3 del artículo 420 ; parágrafo 1o. del artículo 471 ; parágrafo del
artículo 473; 710 incisos 4o. y 5o.; los incisos 2 y 3 del parágrafo del artículo 815 ;
815-2; 822-1 ; los incisos 2o. y 3o. del parágrafo del artículo 850 del Estatuto
Tributario; el artículo 8 o. de la Ley 122 de 1994; el artículo 27 de la Ley 191 de
1995 ; los artículos 41 y 149 de la Ley 488 de 1998; la frase de servicios a que
hace referencia el inciso primero del artículo 2o. y los artículos 18 a 27 de la Ley
608 de 2000; artículo 70 de la Ley 617 de 2000.
2.- En similar sentido el contenido del artículo 840 del Estatuto Tributario vigente
en la actualidad fue modificado en la última vez por el artículo 266 de la Ley 1819
de 2016, sin contemplar en ninguno de sus incisos la posibilidad de dación de pago.
La referencia a esta forma de extinción de las obligaciones indica que los bienes
que ya hubieran sido recibidos en pago de obligaciones administradas por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tendrán el tratamiento
previsto en las disposiciones contenidas en este artículo.»
17. ¿Cómo debe calcularse la actualización de las sanciones antes de aplicar la
reducción prevista en el artículo 9, de conformidad con el artículo 867-1 del E.T. y,
para las sanciones aduaneras, con la remisión normativa pertinente?
La actualización de las sanciones tributarias se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo
867-1 del E.T., el cual establece que:
«Los contribuyentes, responsables, agentes de retención y declarantes, que no
cancelen oportunamente las sanciones a su cargo que lleven más de un año de
vencidas, deberán reajustar dicho valor anual y acumulativamente el 1 de enero de
cada año, en el ciento por ciento (100%) de la inflación del año anterior certificado
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. En el evento
en que la sanción haya sido determinada por la administración tributaria, la
actualización se aplicará a partir del 1o de enero siguiente a la fecha en que haya
quedado en firme en la vía gubernativa el acto que impuso la correspondiente
sanción».
Cuando las sanciones lleven más de un (1) año de vencidas, se deberán reajustar anual y
acumulativamente el 1 de enero de cada año, en el 100% de la inflación del año anterior
certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
En el evento en que la sanción haya sido determinada por la administración tributaria, la
actualización se aplicará a partir del 1o de enero siguiente a la fecha en que haya quedado
en firme el acto administrativo que la impuso.
La reducción se aplica sobre la sanción actualizada y no podrá ser inferior a la sanción
mínima vigente del año gravable en que fue liquidada.
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Lo anterior, también aplica respecto de las obligaciones aduaneras, de acuerdo con la
remisión del artículo 726 del Decreto 1165 de 2019.
18. ¿Las sanciones incluidas en procesos concursales se actualizan desde el
momento en que se aprobó el acuerdo?
Para el caso de las sanciones incluidas en un acuerdo que resulte de un proceso concursal,
la norma no realiza distinción sobre su cálculo, por lo que deben aplicar las condiciones
establecidas en el artículo 867-1 del E.T., atendiendo el régimen aplicable a dichos
procesos.
19. ¿Puede aplicarse el beneficio del artículo 9 a la sanción prevista en el artículo
658-1 del E.T., impuesta al representante legal o al revisor fiscal, cuando se cumplan
los demás requisitos legales?
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto Legislativo 1419 de 2026, podrán
acogerse a los beneficios de reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios los
contribuyentes, responsables, agentes retenedores, garantes y deudores solidarios que, al
10 de agosto de 2026, se encuentren en mora respecto de obligaciones tributarias,
aduaneras o cambiarias administradas por la DIAN y cumplan la totalidad de los requisitos
previstos en dicha disposición.
El supuesto anteriormente descrito no comprende la sanción prevista en el artículo 658-1
del E. T., aplicable a los administradores y representantes legales obligados al cumplimiento
de los deberes formales del artículo 572 ibidem, así como a los revisores fiscales que
tengan conocimiento de irregularidades sancionables relacionadas con la contabilidad o
con las declaraciones tributarias.
No obstante, cuando dicha sanción ya haya sido impuesta, podrá acogerse a los beneficios
transitorios previstos en el artículo 9 del Decreto 1419 de 2026, siempre que se cumplan
los requisitos para su procedencia, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 de la
citada disposición.
20. ¿Pueden acogerse a la reducción del artículo 9 del Decreto Legislativo 1419
de 2026, los contribuyentes sometidos a procesos de insolvencia, reorganización
empresarial o liquidación, cuando existan obligaciones tributarias, aduaneras o
cambiarias en mora?
En principio, la norma no establece restricción alguna respecto de los contribuyentes que
se encuentren sometidos a procesos de insolvencia, reorganización empresarial o
liquidación. Por consiguiente, le serán aplicables las reducciones transitorias de sanciones
e intereses moratorios, siempre que tengan obligaciones tributarias, aduaneras o
cambiarias que estén en mora al 10 de agosto de 2026 y que cumplan con la totalidad de
los requisitos previstos en la norma.
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Lo anterior, sin perjuicio de los requisitos y trámites que deban adelantar los contribuyentes
en el marco del régimen de insolvencia.
21. ¿Es aplicable la reducción del artículo 9 a obligaciones tributarias, aduaneras
o cambiarias que se encuentren en discusión ante la DIAN, cuando aún no se ha
notificado la decisión del recurso de reconsideración?
No. El beneficio de reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios aplica
respecto de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias que estuvieran en mora al 10
de agosto de 2026, incluyendo los títulos ejecutivos indicados en el artículo 828 del E.T, en
los que se haya determinado una sanción, verificando los requisitos que le sean pertinentes.
En lo que se refiere a las obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias que se
encuentren en discusión ante la DIAN, en las que no se haya notificado la resolución que
resuelve el recurso de reconsideración, se deberán aplicar las reducciones de sanciones e
intereses moratorios del artículo 10 del Decreto Legislativo 1419 de 2026, según lo indicado
en el parágrafo 1 de dicho artículo.
22. ¿La reducción prevista en el artículo 9 comprende la contribución parafiscal
cultural a la boletería de espectáculos públicos de las artes escénicas regulada por
la Ley 1493 de 2011 o se limita a obligaciones administradas por la DIAN?
El artículo 8 de la Ley 1493 de 2011, define los sujetos activos y pasivos de la contribución
parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, así:
«ARTÍCULO 8º. Sujeto Activo y Sujeto Pasivo de la Contribución. La contribución
parafiscal se destina al sector cultural en artes escénicas del correspondiente
municipio o distrito en el cual se realice el hecho generador; la misma será
recaudada por el Ministerio de Cultura y se entregará a los entes territoriales para
su administración conforme se establece en los artículos 12 y 13 de esta ley».
(subrayado fuera de texto)
Por su parte, el inciso 1 del artículo 9 del Decreto Legislativo 1419 de 2026:
«Desde la entrada en vigencia del presente decreto y hasta el diecinueve (19) de
noviembre de 2026, los contribuyentes. responsables, agentes retenedores,
garantes y deudores solidarios de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias
administradas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN»
Así las cosas, al tratarse de obligaciones tributarias no administradas por la DIAN, teniendo
en cuenta que la misma norma indica que su administración está a cargo de las entidades
territoriales, no le son aplicables las reducciones transitorias y demás beneficios del Decreto
Legislativo 1419 de 2026.
23. ¿La exclusión de los grandes contribuyentes prevista en el artículo 8 del
Decreto Legislativo 1419 de 2026 se extiende a las reducciones transitorias reguladas
en el artículo 9?
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No. Tal y como lo dispone el artículo 8 del Decreto Legislativo 1419 de 2026, los grandes
contribuyentes se encuentran excluidos de las medidas contempladas en el capítulo II, es
decir, las establecidas en los artículos 5, 6 y 7, las cuales hacen referencia a las facilidades
de pago abreviado, reprogramación de facilidades de pago y facilidades concursales
vigentes. Luego, les serán aplicables los demás beneficios del Decreto, incluidas las
reducciones transitorias en sanciones e intereses moratorios para obligaciones tributarias,
aduaneras o cambiarias, según lo indicado en el artículo 9.
24. ¿La tasa de interés moratorio del 4,5 % debe aplicarse durante todo el período
de mora de la obligación o únicamente a partir de una fecha determinada relacionada
con el terremoto?
La tasa de interés moratorio reducida al 4,5% se debe calcular desde su causación, es
decir, desde la fecha en que se incurrió en mora y hasta el momento en que se efectúe el
pago total de la obligación, según los requisitos previstos en el artículo 9 del Decreto
Legislativo 1419 de 2026.
25. ¿Los valores pendientes por concepto del Impuesto Nacional al Consumo que
debieron liquidarse mediante el Formulario 2593 pueden acogerse a la tasa reducida
de intereses prevista en el Decreto Legislativo 1419 de 2026?
Sí. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Legislativo 1419 de 2026,
podrán acogerse a la reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios respecto de
las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la DIAN. En
consecuencia, siendo el impuesto al consumo un impuesto nacional integrado al SIMPLE,
procederá el beneficio.
26. ¿Un contribuyente puede acogerse a los beneficios del artículo 9 del Decreto
Legislativo 1419 de 2026, si se adelantó proceso de embargo de cuentas bancarias?
Sí. Los contribuyentes con obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias en mora que
se encuentren en etapa de cobro coactivo, aun cuando respecto de estas se hayan
decretado medidas cautelares, podrán acceder al beneficio de reducción transitoria de
sanciones e intereses moratorios previsto en el artículo 9, siempre que acrediten el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos allí establecidos.
27. ¿Se pueden reliquidar los intereses causados y pagados parcialmente con
anterioridad a la expedición del Decreto Legislativo 1419 de 2026, aplicando la tasa
especial del 4,5 % anual?
No. El único escenario previsto por la norma para acceder al beneficio de reducción
transitoria de sanciones e intereses moratorios a la tasa del 4,5%, es el contemplado en el
artículo 9: es el de las obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias que, al 10 de agosto
de 2026, se encontrarán en mora. Por lo tanto, los pagos parciales a la obligación o a sus
intereses realizados con anterioridad a la expedición del Decreto Legislativo 1419 de 2026,
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se entenderán como abono a la obligación, cuyos intereses fueron liquidados conforme a
las normas vigentes al momento del pago.
En este orden de ideas, los beneficios de reducción transitoria de la tasa de interés al 4,5%,
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 9 ibidem, se podrá aplicar respecto del saldo
insoluto.
28. ¿Pueden acogerse al beneficio previsto en el artículo 9 del Decreto Legislativo
1419 de 2026 las obligaciones objeto de cobro que se derivan de sanciones
impuestas en incidentes de desacato tramitados en sede jurisdiccional?
No. De conformidad con los dispuesto en el artículo 9 del Decreto 1419 de 2026, los
beneficios de reducciones transitorias solo aplican respecto de las obligaciones tributarias,
aduaneras y cambiarias administradas por la DIAN.
29. ¿Los contribuyentes a quienes se les notificó la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración antes del 10 de agosto de 2026 y que, a la fecha, aún se
encuentran dentro del término legal para interponer la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho pueden acogerse a los beneficios previstos en el
artículo 9 del Decreto Legislativo 1419 de 2026?
De acuerdo con lo indicado en el artículo 9, los beneficiarios podrán acceder a la reducción
transitoria de sanciones e intereses moratorios, respecto de todas las obligaciones
tributarias, aduaneras y cambiarias, siempre que se encuentren en mora al 10 de agosto
de 2026, incluyendo los títulos ejecutivos indicados en el artículo 828 del E.T, en los que se
haya determinado una sanción, verificando los requisitos que le sean pertinentes.
Respecto de los actos administrativos no ejecutoriados al 10 de agosto de 2026, no resulta
aplicable el beneficio previsto en el artículo 9, toda vez que las obligaciones determinadas
en ellos no eran exigibles ni podían considerarse en mora a esa fecha de conformidad con
lo indicado en los artículos 828 y 829 del E.T.
Lo anterior, se entiende sin perjuicio de la procedencia de los beneficios previstos en el
artículo 10 del Decreto Legislativo 1419 de 2026, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos para tal efecto.
30. ¿Teniendo en cuenta los beneficios previstos en los artículos 9 y 10 del
Decreto Legislativo 1419 de 2026, estos resultan aplicables al impuesto con destino
al turismo regulado por la Ley 1101 de 2006 y modificado por el Decreto 1166 de 2020?
Los artículos 9 y 10 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 prescriben que, desde la entrada
en vigencia del mencionado decreto y hasta el 19 de noviembre de 2026, los sujetos pasivos
de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN podrán acceder a la reducción transitoria de
sanciones e intereses moratorios.
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Por su parte, el Decreto 1166 de 2020, mediante el cual se reglamentó el impuesto nacional
con destino al turismo como inversión social, dispuso en el artículo 2.2.4.2.10.7 que su
administración, recaudo, determinación, discusión, devolución y cobro estarán a cargo de
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN:
«La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN estará a cargo de la
administración y fiscalización del impuesto nacional con destino al turismo como
inversión social. En uso de sus facultades, podrá verificar la información reportada,
requerir, liquidar oficialmente y determinar la deuda, cuando las empresas de
transporte aéreo de pasajeros no cumplan con el deber de cobro y transferencia
oportuna del impuesto nacional con destino al turismo como inversión social.»
Por consiguiente, los sujetos pasivos del impuesto nacional con destino al turismo como
inversión social podrán acceder a los beneficios del artículo 9 y 10 del Decreto 1419 de
2026, siempre que cumplan con la totalidad de los requisitos prescritos por la norma.
II. Reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios por omisión o
corrección de declaraciones tributarias, aduaneras, cambiarias y obligaciones
formales. Artículo 10.
1. ¿Quiénes pueden aplicar el beneficio de reducción transitoria de sanciones e
intereses moratorios por omisión o corrección de declaraciones tributarias,
aduaneras, cambiarias y obligaciones formales administradas por la DIAN, conforme
al artículo 10 del Decreto Legislativo 1419 de 2026?
Podrán acogerse al beneficio de pago de reducción transitoria: los responsables de
obligaciones formales en materia tributaria, aduanera y cambiaria, los contribuyentes de
impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y los usuarios cambiarios respecto de
obligaciones de competencia de la DIAN.
Lo anterior, siempre que hayan incumplido obligaciones formales, omitido presentación de
declaraciones o deban corregir las presentadas, lo cual aplica a todos los contribuyentes y
responsables del territorio nacional1.
En ese sentido y sobre la noción del concepto de obligaciones formales este Despacho no
establecerá tales obligaciones por ser un aspecto de competencia del legislador. En todo
caso, se advierte que las mismas se encuentran contenidas en el régimen tributario,
aduanero2 y cambiario, junto con sus disposiciones reglamentarias.
1 Cfr. Párrafo 7 del Oficio 017734 int 1737 de 2026.
2 Concepto 020091 de 2026: « Conforme con la definición y alcance de la obligación aduanera dispuesta en los artículos
4° y 5° del Decreto 1165 de 2019, esta comprende un conjunto de deberes de diversa naturaleza según el régimen,
modalidad u operación aduanera. Aunque la legislación aduanera no establece expresamente una clasificación entre
obligaciones sustanciales y formales, esta distinción puede emplearse como criterio analítico e interpretativo».
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No obstante, la doctrina3 vigente ha interpretado que las obligaciones formales son aquellas
que sirven para hacer efectivas las obligaciones tributarias sustanciales en un tiempo y
lugar determinados.
2. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias que pueden
ser objeto de reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios por omisión
o corrección de declaraciones y obligaciones formales según el artículo 10 del
Decreto Legislativo 1419 de 2026?
Este beneficio resulta aplicable a todas las obligaciones tributarias aduaneras y cambiarias.
Tratándose de las obligaciones aduaneras, el legislador excepcional limitó la
aplicación del beneficio y de manera expresa en el parágrafo 4 del artículo 10 del
Decreto Legislativo 1419 de 2026 dispuso:
«Lo previsto en este artículo para los temas aduaneros, no aplica cuando se trate
de mercancías sometidas a restricciones legales o administrativas o las
mercancías aprehendidas o decomisadas ni a la sanción del artículo 29 de la Ley
2586 de 2026».
Cuando se trate de la omisión en la presentación de declaraciones y el incumplimiento de
obligaciones formales, el beneficio cobija a las omisiones que se presenten al 10 de agosto
de 2026 . Es decir, las omisiones en la presentación de declaraciones e incumplimientos de
deberes formales presentados con posterioridad a esa fecha no son susceptibles de aplicar
la reducción de que trata el artículo 10 del Decreto Legislativo 1419 de 2026.
3. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para acceder a la reducción
transitoria de sanciones e intereses moratorios por omisión o corrección de
declaraciones y obligaciones formales que establece el artículo 10 del Decreto
Legislativo 1419 de 2026?
Los sujetos de obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias que pretendan acogerse a
la reducción transitoria del artículo 10 ibidem deberán pagar entre el 17 de septiembre de
2026 y hasta el 19 de noviembre de 2026, los siguientes conceptos:
– El 100% de la obligación tributaria, aduanera o cambiaria.
– La sanción por extemporaneidad o corrección reducida.
– Los intereses moratorios a la tasa del 4,5% cuando apliquen.
Además, deberán informar al área competente (donde se encuentre el proceso) el
cumplimiento de los anteriores requisitos antes del 19 de noviembre de 2026.
Para el efecto, el sujeto que pretenda acogerse al beneficio deberá liquidar los intereses
tomando el valor total o el saldo pendiente de la obligación tributaria, aduanera o cambiaria
y aplicar la tasa del 4,5% anual. Así mismo, deberá pagar el 15% de las sanciones y
3 Cfr. Oficio 906760 de 2022.
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actualización de las mismas o el saldo pendiente de pago en aquellos casos en que existan
pagos parciales, sin que sea inferior a la sanción mínima vigente del año gravable en que
fue liquidada.
4. ¿En virtud del artículo 10 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 se puede reducir al
15% el valor de la sanción por no declarar prevista en el artículo 643 del E.T.?
De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 10 ibidem, la reducción de sanciones al 15%
y el no pago de intereses de mora, aplica para las obligaciones tributarias, aduaneras y
cambiarias que estén en discusión ante la administración respecto de las cuales no se haya
notificado la resolución que resuelve el recurso de reconsideración.
En este sentido, y dado que para la imposición de la sanción por no declarar de que trata
el artículo 643 del E.T., la DIAN debe agotar un procedimiento previo en el que se discute
su imposición, es posible que esta se pueda pagar de manera reducida en los términos que
señala el referido parágrafo.
En este caso, cuando el contribuyente se acoja al beneficio, se entienden aceptados los
hechos y valores propuestos que se encuentran en discusión. Por lo tanto, además de pagar
la sanción reducida es necesario que el contribuyente informe por escrito a la DIAN antes
del 19 de noviembre de 2026, el cumplimiento de los requisitos, así como la aceptación total
de las glosas planteadas.
Frente al deber de información que establece el parágrafo 1 del artículo 10 del citado
Decreto Legislativo, es importante precisar que al tratarse de sanciones impuestas por la
DIAN que se encuentran en discusión, el cumplimiento de este deber por parte del
contribuyente puede darse de dos maneras:
(i) Como respuesta a las actuaciones (emplazamiento previo para corregir,
emplazamiento previo por no declarar, pliego de cargos, requerimiento especial,
liquidación oficial, resolución sanción) que haya notificado la Administración
tributaria; y,
(ii) En cualquier momento, antes del 19 de noviembre de 2026 dentro del término para
interponer el recurso de reconsideración o para resolverlo.
5. ¿Es procedente aplicar la reducción que establece el artículo 10 del Decreto
Legislativo 1419 de 2026 para pagar la sanción pecuniaria que establece el parágrafo
6 del artículo 657 del E.T., en aquellos casos en que no se cumpla con la obligación
formal de expedir factura de venta o se expida sin el cumplimiento de los requisitos?
Sí, siempre que exista un pliego de cargos en el cual la Administración Tributaria proponga
la imposición de la sanción de cierre y su conmutación por la pecuniaria. Lo anterior ya que
de conformidad con el numeral 4 del artículo 10 del Decreto Legislativo 1419 de 2026, las
sanciones relacionadas con el incumplimiento de obligaciones formales se pueden reducir
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al 15% siempre que se cumpla con la respectiva obligación y se pague la sanción reducida
a más tardar el 19 de noviembre de 2026.
Tratándose de la sanción por no expedir factura de venta o documento equivalente o
expedición sin el cumplimiento de los requisitos legales (literales b), c), d), e), f) o g), o
literales a), h) o i) en caso de reincidencia en la expedición sin el cumplimiento de estos
requisitos), el artículo 657 del E.T. señala que la Administración Tributaria podrá imponer la
sanción de cierre de establecimiento.
A su vez, la referida disposición, en el parágrafo 6, estipula una sanción pecuniaria que en
caso de que el sujeto sancionado se acoja y pague, conmuta la sanción de cierre, por lo
que la DIAN se debe abstener de decretar esta última.
De esta manera, dado que el numeral 4 del artículo 10 del Decreto Legislativo 1419 de 2026
alude, sin excepción alguna, a las sanciones que se generen por el incumplimiento de
deberes formales, dentro de los que se encuentra la obligación de expedir factura de venta
o documento equivalente, resulta lógico concluir que en los casos que proceda la sanción
de cierre de establecimiento por expedir la factura sin el cumplimiento de requisitos y esta
se conmute, es posible pagarla reducida al 15%, siempre que la factura de venta o el
documento equivalente se expida con el cumplimiento de todos los requisitos.
Ahora bien, dado el carácter supletivo y voluntario que tiene la sanción pecuniaria, la
aplicación de esta solamente procede en los casos que, habiéndose ordenado el cierre del
establecimiento por parte de la DIAN, el sujeto obligado manifiesta que se acoge a la misma
y por ende, realiza el correspondiente pago.
En consecuencia, para estos casos, como presupuesto previo a la liquidación y pago de la
sanción reducida, es necesario que exista un pliego de cargos en el cual la Administración
tributaria proponga la imposición de la sanción de cierre y la conmutación de esta sanción
por la pecuniaria.
6. ¿La reducción de sanciones prevista en el numeral 4 del artículo 10 del Decreto
Legislativo 1419 de 2026 aplica a la retransmisión de información exógena
presentada de forma errónea o incompleta?
Sí aplica, por favor remitirse a las respuestas de las preguntas 1 y 6 de este acápite.
7. ¿Qué debe entenderse por «pago total de los impuestos o retenciones a que
haya lugar» para efectos de la aplicación del beneficio transitorio previsto en el
artículo 10 del Decreto Legislativo 1419 de 2026?
Para efectos de la aplicación del beneficio transitorio previsto en el artículo 10 del Decreto
Legislativo 1419 de 2026, la expresión «pago total de los impuestos o retenciones a que
haya lugar» debe entenderse como el pago íntegro del capital correspondiente a la
obligación tributaria principal, esto es, del valor total del impuesto o de las retenciones
efectivamente causadas y declaradas, conforme lo dispone expresamente la norma.
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8. ¿El beneficio de reducción transitoria que señala el artículo 10 del Decreto
Legislativo 1419 de 2026 es aplicable a las declaraciones de retención en la fuente
ineficaces en los términos del artículo 580-1 del E.T.?
El artículo 580-1 del E.T. establece que las declaraciones de retención en la fuente
presentadas sin el pago total no producen efectos legales, sin que se requiera acto
administrativo que así lo declare.
Dicha ineficacia de la declaración opera por mandato legal4 e implica que el agente
retenedor se entienda en situación de omisión en el deber de declarar5. En consecuencia,
para subsanar dicha omisión, deberá presentar nuevamente la declaración de retención en
la fuente, efectuando simultáneamente el pago de los valores retenidos, los intereses
moratorios a que haya lugar y la sanción de extemporaneidad correspondiente6.
La aplicación del beneficio presupone la presentación de una nueva declaración dentro del
término exigido por la norma transitoria. Esta circunstancia resulta de especial relevancia
para el asunto bajo análisis, en la medida en que el numeral 1 del artículo 10 del Decreto
Legislativo 1419 de 2026 dispone lo siguiente:
«1. Cuando el contribuyente haya omitido la presentación de las declaraciones
tributarias hasta el diez (10) de agosto de 2026, inclusive, se podrá reducir la
sanción por extemporaneidad si el obligado presenta la declaración a más tardar
el diecinueve (19) de noviembre de 2026, liquidando en la respectiva declaración
la correspondiente sanción por extemporaneidad según sea el caso, reducida al
quince por ciento (15%), acompañada con el pago total de los impuestos o
retenciones a que haya lugar y la sanción reducida y pagar los intereses de mora
a la tasa del cuatro punto cinco (4.5%) anual.». (Énfasis propio)
En consecuencia, como la norma no establece excepciones frente al tipo de declaraciones
que pueden ser objeto del beneficio tributario, al agente retenedor le es aplicable la medida
transitoria de reducción de sanciones y pago de intereses prevista en el numeral 1 del
artículo 10 transcrito, incluso en los casos en que exista un proceso penal en curso.
9. ¿Cuál es el procedimiento para acogerse al beneficio transitorio de reducción
de sanciones previsto en el numeral 1 artículo 10 del Decreto Legislativo 1419 de 2026
cuando se trate de una declaración de retención en la fuente ineficaz?
Para acceder al beneficio, el agente retenedor deberá presentar nuevamente la declaración
correspondiente, a través del Formulario 350. Si en el sistema sólo se habilita la opción de
corrección, el contribuyente deberá utilizar la misma, así esté presentando una nueva
declaración, dado que en los casos de declaraciones ineficaces solamente es procedente
4 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 8 de octubre de 2015.
Exp. 19518. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
5 Cfr. Concepto 000225 de 2025.
6 Cfr. Oficio 29278 de 2019.
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la aplicación del numeral 1 del artículo 10 (omisos en la presentación de declaraciones
tributarias).
Adicionalmente, deberá efectuar el pago total de los valores a que haya lugar el mismo día
de su presentación, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 10 del
Decreto Legislativo 1419 de 2026.
Sobre el particular, es importante aclarar que la utilización de la opción de «corrección» al
momento de presentar nuevamente una declaración de retención en la fuente que resultó
ineficaz no puede asimilarse a la corrección de declaraciones tributarias en sentido estricto.
Ello, por cuanto las declaraciones ineficaces, al carecer de efectos legales en los términos
del artículo 580-1 ibidem, no constituyen declaraciones válidas susceptibles de corrección7,
sino que se entienden precisamente sin efectos legales.
En ese sentido, la selección de la opción de corrección en el Formulario 350 obedece a una
función meramente operativa del sistema informático, orientada a permitir la identificación
del período y de la obligación previamente reportada, mas no implica la modificación de una
declaración existente con efectos jurídicos.
En consecuencia, la declaración válida se deberá presentar a más tardar el 19 de noviembre
de 2026, liquidando y pagando la sanción por extemporaneidad reducida al 15% junto con
el pago de las retenciones e intereses moratorios a que haya lugar e informar a la autoridad
competente el cumplimiento de los requisitos antes de la fecha señalada.
10. ¿Los pagos efectuados en cumplimiento de una facilidad de pago suscrita
respecto de obligaciones derivadas de declaraciones de retención en la fuente
ineficaces, pueden ser imputados en la nueva declaración válida que se presenta
para acogerse a las medidas transitorias previstas en el Decreto Legislativo 1419 de
2026?
La doctrina de esta entidad8 ha señalado que los efectos derivados de la presentación de
una declaración de retención en la fuente sin pago total para el agente retenedor y para la
administración son diferentes. Mientras que para el agente retenedor las declaraciones así
presentadas son ineficaces, para la administración presta mérito ejecutivo en los términos
de los artículos 580-1 y 828 del E.T.
En virtud de lo anterior, la Administración puede otorgar a los agentes retenedores
facilidades para el pago conforme al artículo 814 del E.T.9 circunstancia que, sin embargo,
no exonera al agente retenedor del deber de presentar la declaración de retención en la
fuente válida, a efectos de subsanar la situación de ineficacia10.
7 Cfr. Oficio DIAN 905545 de 2021.
8 Concepto 000225 de 2025.
9 Cfr. Oficio DIAN No. 4638 de 2023.
10 Cfr. Oficio DIAN 905545 de 2021.
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En ese contexto, los pagos efectuados en desarrollo de la facilidad de pago constituyen
pagos efectivos respecto de la obligación que es objeto de esta, sin que por tal circunstancia
se entienda convalidada la declaración ineficaz. Nótese que la aplicación del beneficio
presupone la presentación de una nueva declaración dentro del término exigido.
Ahora bien, en la medida en que el beneficio transitorio de reducción de sanciones e
intereses previsto en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 se encuentra
condicionado al cumplimiento del deber de declarar por parte de quienes incurrieron en
omisión, el agente retenedor cuya declaración inicial resulte ineficaz deberá presentar una
declaración válida a más tardar el 19 de noviembre de 2026, liquidando y pagando las
retenciones a que haya lugar, junto con la sanción por extemporaneidad reducida al 15% y
los intereses moratorios, en los términos allí previstos.
En ese sentido, considerando que los pagos realizados en desarrollo de la facilidad de pago
conservan su naturaleza de pagos efectivos, dichos valores deberán ser imputados a la
obligación que se determine en la declaración válida, en las condiciones vigentes al
momento en que se efectuó el pago.
En consecuencia, una vez efectuada dicha imputación, el saldo insoluto que resulte será el
valor sobre el cual se realizará la reducción de la sanción, que deberá pagarse dentro del
término señalado, como requisito para acceder al referido beneficio transitorio.
11. ¿En qué sentido se debe interpretar la reducción de la sanción por
extemporaneidad contemplada en el numeral 1 del artículo 10 del Decreto Legislativo
1419 de 2026? ¿Corresponde al 15% del valor total de la sanción o el 15% se refiere
al porcentaje de reducción?
La reducción a la que hace alusión el numeral 1 del artículo 10 del Decreto Legislativo 1419
de 2026 se deberá entender en su sentido literal, es decir, que corresponde al 15% del total
de la sanción por lo que deberá pagarse el 15% restante.
12. ¿Para la aplicación del artículo 10 del Decreto Legislativo 1419 de 2026, se
deben pagar intereses de mora?
Sí. Por expresa disposición del numeral 1 del artículo 10 ibidem, el cual contempla que los
intereses de mora se pagarán a la tarifa del 4.5%. No obstante, para la aplicación de los
numerales 2, 3 y 4 no es exigible el pago de intereses moratorios toda vez que para estos
supuestos la norma no lo contempló.
13. ¿El numeral 2 y parágrafo 1 del artículo 10 del Decreto Legislativo 1419 de
2026, se puede aplicar a las correcciones y liquidaciones de las declaraciones que
han sido objeto de oficios persuasivos?
Sí. El numeral 2 y el parágrafo 1 del artículo 10 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 se
puede aplicar a las correcciones y liquidaciones de las declaraciones que han sido objeto
de oficios persuasivos. El envío de oficios persuasivos por parte de la administración para
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que el contribuyente corrija sus liquidaciones privadas no conlleva a imposibilidad o
restricción alguna en la aplicación de la citada norma.
14. ¿Es aplicable el beneficio previsto en el artículo 10 del Decreto Legislativo
1419 de 2026 a la sanción contemplada en el artículo 658-1 del E.T., impuesta al
representante legal o revisor fiscal?
No. El artículo 10 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 recae sobre supuestos en los que
el propio contribuyente omite, corrige o cumple obligaciones tributarias, aduaneras,
cambiarias o formales, lo que implica que la reducción de la sanción está condicionada a
actuaciones propias del obligado, como la presentación de declaraciones, su corrección, el
cumplimiento de obligaciones formales o la aceptación de las glosas planteadas por la
administración.
La sanción prevista en el artículo 658-1 del E. T. no se enmarca en estos supuestos, en la
medida en que no surge de la omisión, corrección o cumplimiento de una obligación a cargo
del representante legal o revisor fiscal, sino que es una sanción impuesta por la
administración debido a su intervención en las irregularidades del contribuyente.
Aun cuando el artículo 10 prevé su aplicación respecto de obligaciones en discusión ante
la administración, ello no modifica su ámbito subjetivo, que se mantiene referido al
contribuyente titular de las obligaciones objeto de presentación, corrección o cumplimiento.
En ese sentido, no resulta posible trasladar dicho mecanismo al representante legal o
revisor fiscal, pues estos no pueden cumplir, corregir ni aceptar glosas sobre obligaciones
que no les pertenecen, aun cuando la sanción se haya determinado dentro del mismo
proceso o liquidación oficial.
15. ¿La imputación válida del saldo a favor del período inmediatamente anterior,
en una declaración inicial extemporánea que incluye la sanción reducida y arroja un
nuevo saldo a favor, satisface el requisito económico del numeral 1 del artículo 10?
Sí. Siempre y cuando la imputación sea jurídicamente procedente y cobije todos los valores
exigibles en la liquidación privada requeridos por la norma, esto es: i) el pago total de los
impuestos a que haya lugar, ii) la sanción reducida, iii) pago de los intereses de mora a la
tasa del 4.5% anual y iv) la sanción por extemporaneidad cuando sea procedente.
El artículo 10 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 exige el pago total de los conceptos
arriba enlistados, pero no contempla la prohibición contenida en el parágrafo 2 del artículo
9 ibidem.
Ahora bien, no debe confundirse la imputación de un saldo a favor realizada por el
contribuyente en la declaración del período siguiente del mismo impuesto, con la
compensación de saldos, ya que esta última requiere solicitud y pronunciamiento por parte
de la administración (Arts. 816 y 857 del E.T.).
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16. ¿La suscripción de una facilidad de pago de que tratan los artículos 5, 6 y 7
del Decreto Legislativo 1419 de 2026 sustituye el pago total exigido para obtener el
beneficio del artículo 10 ibidem?
No. La facilidad o reprogramación no reemplaza el cumplimiento del requisito de pago total
dentro del término especial señalado en la norma.
Debe tenerse en cuenta que el referido artículo 10 condiciona el beneficio tributario a la
presentación o corrección de la declaración según sea el caso y al pago de los conceptos
exigidos en la norma.
Los artículos 5 a 7 del Decreto Legislativo regulan facilidades de pago y reprogramaciones
de estas, pero no disponen que su suscripción sea equivalente al pago total de que trata el
artículo 10. Téngase en cuenta que el artículo 7 señala expresamente que la
reprogramación no implica reducción de las obligaciones o extinción de estas.
17. ¿El beneficio tributario contenido en el numeral 2 del artículo 10 del Decreto
Legislativo 1419 de 2026 puede extenderse a la sanción por inexactitud cuando el
contribuyente, con ocasión de un proceso de determinación oficial iniciado mediante
requerimiento especial, decide aceptar las glosas propuestas y presentar la
correspondiente corrección?
No. La reducción sancionatoria del 15% de que trata el numeral 2 ibidem se circunscribe de
forma específica a la sanción por corrección en el escenario descrito y no puede extenderse
por analogía a otro tipo de sanciones no señaladas en la norma.
Sin perjuicio de lo anterior, la sanción por inexactitud puede estar cubierta por la reducción
dispuesta en el parágrafo 1 del artículo 10.
18. ¿El beneficio tributario contenido en el numeral 2 del artículo 10 del Decreto
Legislativo 1419 de 2026 se supedita estrictamente a las condiciones y términos de
los artículos 588, 709 y 713 del E.T., o debe interpretarse que el Decreto Legislativo
1419 de 2026 habilitó un término legal excepcional y autónomo que permite efectuar
correcciones por fuera de los plazos ordinarios contemplados en las citadas
normas?
No. Debe entenderse que el numeral 2 del artículo 10 del Decreto Legislativo 1419 de 2026
estableció unos términos legales excepcionales y transitorios para que los contribuyentes
puedan realizar las correcciones a las declaraciones tributarias.
La norma no exige que se mantenga vigente el término ordinario de corrección, ni remite a
los límites temporales de los artículos 588, 709 o 713 del E.T. como condición de
procedencia.
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En consecuencia, el artículo 10 opera como una regla especial que permite corregir
declaraciones, siempre que no se haya notificado la resolución que resuelve el recurso de
reconsideración, en los términos señalados en la norma.
Por ende, una declaración tributaria presentada antes del 10 de agosto de 2026 y
posteriormente corregida dentro del término señalado en el numeral 2 ibidem, es
susceptible de aplicar la reducción de que trata dicho numeral cumpliendo todos los
requisitos señalados en la norma.
19. ¿La imposibilidad de cancelar totalmente una obligación dentro del plazo
previsto para acceder a los beneficios de reducción de sanciones e intereses de los
artículos 9 y 10 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 impide solicitar una facilidad de
pago con aplicación de la tasa especial del 4,5% anual?
No lo impide. El contribuyente puede solicitar una facilidad de pago con aplicación de la
tasa especial del 4,5% anual, siempre que se cumplan los requisitos previstos en los
artículos 5, 6 o 7 del Decreto Legislativo 1419 de 2026. Sin embargo, la suscripción de dicha
facilidad no sustituye ni suple el cumplimiento de los requisitos de pago exigidos para
acceder a los beneficios previstos en los artículos 9 y 10 del mismo Decreto.
Debe tenerse presente que el Decreto Legislativo 1419 de 2026 creó dos beneficios
diferentes, a saber: i) beneficios en facilidades de pago o medidas procedimentales
(artículos 5, 6 y 7) y ii) beneficios en reducción de sanciones e intereses (artículos 9 y 10).
El primero es un beneficio autónomo consistente en el pago diferido de obligaciones
tributarias, aduaneras y cambiarias bajo una tasa preferencial del 4.5%, y el segundo,
referido a la reducción de las sanciones por extemporaneidad o corrección según el caso e
intereses cuando haya lugar a ello.
Es decir, para efectos de los artículos 9 y 10 ibidem, si el contribuyente no cumplió dentro
del plazo legal las condiciones de dichos artículos, no puede preservar esos beneficios
mediante la simple solicitud posterior de una facilidad de pago.
20. ¿ De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 10, en aquellos eventos en
que, con ocasión de la aplicación de las reducciones, la obligación en discusión con
la administración pase de reflejar un saldo a pagar y se establezca un saldo favor es
exigible algún pago para acceder al beneficio?
En aquellos eventos en que, con ocasión de la aplicación de las reducciones, la obligación
en discusión con la administración pase de reflejar un saldo a pagar y se establezca un
saldo favor, luego de aceptar el impuesto en discusión y la sanción reducida actualizada, el
requisito de pago se entenderá cumplido.
En cumplimiento de los demás requisitos establecidos aplicables al caso.
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III. Conciliación contencioso-administrativa en materia tributaria, aduanera y
cambiaria. Artículo 11.
1. ¿Quiénes pueden solicitar la conciliación contencioso-administrativa en
materia tributaria, aduanera y cambiaria, conforme al artículo 11 del Decreto
Legislativo 1419 de 2026?
Conforme al artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026, podrán solicitar la conciliación
contencioso-administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria, los contribuyentes,
agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, así como los usuarios
aduaneros y del régimen cambiario, siempre que hayan interpuesto demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
De la norma se desprende que la legitimación para solicitar la conciliación no se predica de
cualquier interviniente en el proceso judicial, sino de aquellos sujetos que ostenten la
calidad sustancial de obligados frente a la obligación tributaria, aduanera o cambiaria
discutida, y que, además, tengan la condición procesal de demandantes dentro del proceso
contencioso-administrativo correspondiente.
Adicionalmente, el parágrafo del artículo 11 amplía expresamente el ámbito subjetivo del
mecanismo, al disponer que la conciliación también podrá ser solicitada por quienes tengan
la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado, lo cual resulta coherente con la
naturaleza patrimonial de las obligaciones discutidas y con el hecho de que los efectos
económicos del litigio también pueden recaer directamente sobre estos sujetos.
En consecuencia, la legitimación para solicitar la conciliación contencioso-administrativa se
predica de quienes, por disposición legal, asumen directa (deudor principal) o
indirectamente (deudores solidarios o garantes del obligado) la obligación discutida y
cuentan con interés jurídico para poner fin al proceso judicial mediante el cumplimiento de
las condiciones previstas en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026.
2. ¿Cuáles son los procesos judiciales y actos administrativos que pueden ser
objeto de conciliación contencioso-administrativa según el artículo 11 del Decreto
Legislativo 1419 de 2026?
El artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 delimita de forma precisa el ámbito
objetivo de la conciliación contencioso-administrativa, al circunscribir su procedencia a los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que se adelanten ante la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo y que versen sobre determinados actos administrativos de
contenido tributario, aduanero o cambiario.
En particular, la norma autoriza la conciliación respecto de los procesos judiciales
promovidos contra liquidaciones oficiales, en los cuales se discutan impuestos nacionales,
sanciones, actualización e intereses, así como las resoluciones o actos administrativos
mediante los cuales se impongan sanciones dinerarias de carácter tributario, aduanero o
cambiario, incluso en aquellos eventos en los que no exista impuesto o tributo en discusión.
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De igual forma, contempla de manera específica los actos administrativos que imponen
sanciones por devoluciones o compensaciones improcedentes, estableciendo para estos
supuestos un tratamiento diferenciado en cuanto a los porcentajes objeto de conciliación y
a la obligación de reintegrar las sumas devueltas, compensadas o imputadas en exceso,
junto con sus respectivos intereses.
De la estructura de la norma se concluye que la conciliación contencioso-administrativa no
se extiende a cualquier actuación administrativa, sino únicamente a aquellas que derivan
de la expedición de liquidaciones oficiales o la imposición de sanciones por parte de la
administración y que han sido objeto de control judicial a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, excluyéndose, por tanto, otros procesos judiciales o actos
administrativos de naturaleza distinta.
3. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para acceder a la conciliación
contencioso-administrativa prevista en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de
2026?
La conciliación contencioso-administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria como
un mecanismo excepcional no es un beneficio automático, ya que está condicionada al
cumplimiento concurrente de determinados requisitos de orden procesal, temporal y
económico, a saber:
• Exige el pago del 100% del impuesto discutido (cuando aplique) junto con los intereses
o sanciones reducidos y que la demanda: (i) se haya presentado antes del 10 de agosto
de 2026, (ii) esté admitida antes de la presentación de la solicitud de conciliación ante la
DIAN y, (iii) no cuente con decisión judicial definitiva.
• La solicitud de conciliación debe presentarse ante la DIAN hasta el 19 de noviembre de
2026, adjuntando prueba de los pagos exigidos.
• El acta de conciliación que se suscriba deberá ser presentada para su aprobación ante
la autoridad judicial competente dentro de los 10 días hábiles siguientes a su suscripción,
acreditando el cumplimiento de todos los requisitos legales.
Cuando el proceso verse exclusivamente sobre un acto administrativo que establezca la
imposición de sanciones sin que exista impuesto o tributo en discusión, el pago recaerá
únicamente sobre el porcentaje de la sanción.
Adicionalmente, el artículo 11 exige aportar prueba del pago de la liquidación privada del
impuesto o tributo correspondiente al año gravable 2025, siempre y cuando, al momento de
presentarse la solicitud de conciliación, se hubiere causado la obligación de pagar dicho
impuesto dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional, requisito que opera
de manera condicionada y no automática.
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4. ¿Cuál es la tasa de interés aplicable a los pagos de obligaciones fiscales que
se realicen con el fin de acceder a la conciliación contencioso-administrativa prevista
en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026?
El artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 no establece una única tasa de interés
aplicable de manera general a todas las obligaciones objeto de conciliación, sino que
consagra tratamientos diferenciados en materia de intereses, según la naturaleza del acto
administrativo conciliable y del concepto discutido en el proceso judicial, así:
• En los procesos contencioso-administrativos que versan sobre liquidaciones oficiales,
el artículo 11 dispone expresamente que los intereses exigidos como condición para
acceder a la conciliación deberán liquidarse a una tasa especial del cuatro punto cinco
por ciento (4,5%) anual, tanto en los procesos que se encuentren en única o primera
instancia como en aquellos que se hallen en segunda instancia, siempre que se
cumplan los requisitos de pago previstos en la norma. Esta tasa constituye un beneficio
legal condicionado, aplicable exclusivamente para efectos del acceso al mecanismo
conciliatorio.
• Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga
sanción dineraria de carácter tributario, aduanero o cambiario, en las que no hubiere
impuestos o tributos en discusión, por la naturaleza de la obligación esta no conlleva el
pago de intereses.
• Cuando se trate de actos administrativos que imponen sanciones por devoluciones o
compensaciones improcedentes no se establece una tasa anual especial, sino que se
prevé una reducción porcentual del valor de los intereses exigibles, los cuales se
liquidan conforme al régimen general aplicable, pero se reducen al 30% del monto
causado, como condición para acceder a la conciliación.
En consecuencia, la tasa general de interés moratorio prevista en el artículo 635 del E.T.,
no es desplazada de manera integral por el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de
2026, sino únicamente en aquellos supuestos en los que la norma determina la tasa
especial o una reducción específica para efectos del beneficio conciliatorio.
5. ¿A partir de cuándo se cuenta el término del «mes siguiente a partir de la fecha
de la presentación de la solicitud» previsto en el artículo 11 del Decreto Legislativo
1419 de 2026?
El término para decidir las solicitudes de conciliación por parte de los comités
especiales de conciliación que para el efecto cree el Director de la DIAN es de un
mes, contado a partir de la recepción de la solicitud, si los comités ya están
constituidos, o desde su constitución, cuando la solicitud haya sido presentada con
anterioridad.
6. ¿Es procedente aplicar el beneficio de conciliación previsto en el artículo 11
del Decreto Legislativo 1419 de 2026 para los contribuyentes cuyos asuntos se
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encuentran en discusión administrativa ante la DIAN, sin que se haya presentado ni
admitido demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa?
No. El beneficio de conciliación contencioso-administrativa previsto en el artículo 11 del
Decreto Legislativo 1419 de 2026 solo es procedente respecto de procesos que se
encuentren en sede judicial, esto es, aquellos en los que se haya presentado y admitido
una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo.
En consecuencia, los contribuyentes cuyos asuntos se encuentran en discusión
administrativa ante la DIAN, sin que exista demanda admitida por la jurisdicción, no pueden
acceder al beneficio de conciliación previsto en el artículo 11.
Por tanto, los contribuyentes que aún no han judicializado la controversia quedan excluidos
del ámbito de aplicación del artículo 11, sin que sea posible extender este beneficio a etapas
previas al procedimiento judicial.
7. ¿Es posible conciliar un proceso contencioso-administrativo de nulidad y
restablecimiento del derecho que verse sobre actuaciones de cobro coactivo,
conforme al artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026?
El artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 regula la conciliación contencioso-
administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria en relación con procesos
judiciales que versen sobre la discusión de liquidaciones oficiales o actos administrativos
sancionatorios, dentro del marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. No
obstante, de su tenor literal y de la interpretación sistemática con el Estatuto Tributario y la
doctrina reiterada11, se concluye que no es procedente la conciliación contencioso-
administrativa cuando el proceso judicial tenga por objeto actuaciones propias del cobro
coactivo.
Ello obedece a que el cobro coactivo constituye una fase posterior y autónoma del
procedimiento administrativo tributario, cuyo propósito no es la determinación del tributo o
la imposición de la sanción, sino la ejecución forzada de una obligación clara, expresa y
exigible, contenida en un título ejecutivo, conforme a los artículos 828 y siguientes del E.T.
En este escenario, la administración carece de capacidad dispositiva sobre la obligación,
razón por la cual no resulta jurídicamente viable aplicar mecanismos de conciliación.
En consecuencia y dado que dentro del proceso de cobro coactivo el único acto
demandable es la resolución que ordena seguir adelante la ejecución y en dicho acto no se
determinan obligaciones ni sanciones, no resulta procedente la conciliación-contencioso-
administrativa prevista en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026.
8. ¿En qué etapa del proceso contencioso-administrativo procede la conciliación
prevista en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026?
11 Concepto 914971 – int 509 del 6 de diciembre de 2021.
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El artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 prevé expresamente que la conciliación
contencioso-administrativa puede solicitarse en diferentes etapas del proceso judicial,
siempre que no exista sentencia o decisión judicial en firme que ponga fin al respectivo
proceso.
En efecto, la norma distingue entre procesos que se encuentren en única o primera
instancia y aquellos que se hallen en segunda instancia, así como los procesos donde no
hubiere impuestos o tributos en discusión o en el caso de actos administrativos que
impongan sanciones por concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes
estableciendo para cada escenario porcentajes diferenciados de conciliación respecto de
las sanciones, la actualización y los intereses.
• Para los procesos en única o primera instancia, la conciliación puede operar sobre el
85% de las sanciones, es decir que sobre este porcentaje se realiza la negociación por
lo que el valor a pagar corresponde al 15% de las sanciones actualizadas, más los
intereses que se liquidan aplicando la tasa del 4,5% anual.
• Para los procesos en segunda instancia el porcentaje se reduce al 80% para las
sanciones, es decir, que sobre este porcentaje se realiza la negociación por lo que el
valor a pagar corresponde al 20% de las sanciones actualizadas más los intereses que
se liquidan aplicando la tasa del 4,5% anual.
Así las cosas, el legislador extraordinario supeditó el porcentaje de reducción a la instancia
en la cual se encuentra el proceso judicial, sin que incida la naturaleza de la obligación del
acto administrativo demandado, es decir, sin importar que sea una obligación aduanera,
tributaria o cambiaria. En consecuencia, indistintamente de la clase de obligación, el valor
a pagar será del 15% de las sanciones en primera o única instancia o del 20% en segunda
instancia.
No obstante, cuando el acto demandado sea una resolución o acto administrativo mediante
el cual se imponga sanción dineraria de carácter tributario, aduanero o cambiario, en las
que no hubiere impuestos o tributos en discusión o actos administrativos que impongan
sanciones por concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes, la instancia en
que se encuentre el proceso judicial no determina el porcentaje de aplicación del beneficio.
En estos casos la conciliación operará así:
i. Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga
sanción dineraria, en la que no hubiere impuestos o tributos en discusión, la
conciliación operará respecto del ochenta por ciento (80%) de las sanciones
actualizadas, para lo cual el obligado deberá pagar en los plazos y términos de este
Decreto, el veinte por ciento (20%) restante de la sanción actualizada.
ii. Cuando sea sobre actos administrativos que impongan sanciones por concepto de
devoluciones o compensaciones improcedentes, la conciliación operará respecto
del setenta por ciento (70%) de las sanciones actualizadas, siempre y cuando el
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contribuyente pague el treinta por ciento (30%) restante de la sanción actualizada y
reintegre la totalidad de las sumas devueltas o compensadas o imputadas en exceso
y sus respectivos intereses en los plazos y términos de este Decreto, intereses que
se reducirán al treinta por ciento (30%).
Se entiende por segunda instancia cuando ha sido admitido el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, lo cual permite identificar con claridad
el momento procesal a partir del cual resulta aplicable el régimen previsto para esta etapa.
En todo caso, la norma excluye la procedencia del mecanismo cuando ya existe una
sentencia o decisión judicial en firme, lo que confirma que la conciliación está concebida
como una forma excepcional de terminación anticipada del litigio, viable únicamente
mientras el proceso se encuentre en curso ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo.
Lo anterior puesto que la finalidad del mecanismo es permitir la terminación anticipada del
litigio antes de que la jurisdicción adopte una decisión definitiva, siempre que se cumplan
los requisitos sustanciales y formales exigidos por la norma.
9. ¿Desde qué momento y hasta cuándo deben liquidarse los intereses exigidos
para acceder a la conciliación contencioso-administrativa regulada en el artículo 11
del Decreto Legislativo 1419 de 2026?
El artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 no modifica los hechos generadores ni
el período de causación de los intereses, sino que establece una tasa y porcentajes
especiales para efectos del pago exigido como condición de acceso a la conciliación
contencioso-administrativa. En consecuencia, los intereses deben liquidarse conforme a las
reglas generales aplicables a cada tipo de obligación.
La reducción en la tasa de interés prevista en el artículo 11 opera únicamente sobre el valor
de los intereses exigidos para acceder al mecanismo, pero no altera el período de
causación, el cual continúa rigiéndose por las normas sustantivas aplicables.
10. ¿Cuál es el alcance de la exigencia de reintegrar las sumas devueltas,
compensadas o imputadas en exceso como requisito para acceder a la conciliación
contencioso-administrativa, en los casos de actos administrativos que imponen
sanciones por devoluciones o compensaciones improcedentes, conforme al artículo
11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026?
El artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 establece de manera expresa y
restrictiva la exigencia de reintegro únicamente para los eventos en los que el acto
administrativo demandado impone sanciones por concepto de devoluciones o
compensaciones improcedentes, y no como un requisito general aplicable a todos los
supuestos de conciliación contencioso-administrativa.
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De la disposición se desprende que el reintegro de las sumas devueltas, compensadas o
imputadas en exceso constituye un requisito específico y condicionado, circunscrito
exclusivamente a este tipo de actos sancionatorios, y no extensible a los procesos en los
que se discuten liquidaciones oficiales con mayor impuesto y sanciones.
Este entendimiento es consistente con la doctrina reiterada12, según la cual el reintegro de
dichas sumas no tiene naturaleza sancionatoria, sino restitutiva, al tratarse de recursos que
no debieron salir del patrimonio del Estado.
En consecuencia, el alcance de la exigencia prevista en el artículo 11 del Decreto
Legislativo 1419 de 2026 debe entenderse así:
• El reintegro del capital (sumas devueltas, compensadas o imputadas en exceso) es
obligatorio en su totalidad cuando se trata de actos sancionatorios por devoluciones
o compensaciones improcedentes.
• Dicho reintegro constituye un presupuesto de procedibilidad para acceder a la
conciliación, pero no es objeto de reducción ni conciliación.
• La conciliación opera exclusivamente respecto de la sanción, en los porcentajes
expresamente previstos por la norma.
• Los intereses asociados al reintegro se exigen en los términos previstos en el
artículo 670 del E.T., reducidos al 30%, según haya lugar, sin que su exigencia altere
la naturaleza restitutiva del reintegro ni lo convierta en un componente sancionatorio.
11. Cuando el contribuyente se ha allanado parcialmente con ocasión de la
respuesta al requerimiento especial y al recurso de reconsideración, ¿la base para
calcular el porcentaje de la sanción exigido para acceder a la conciliación
contencioso-administrativa corresponde a la sanción en discusión o a la totalidad de
la sanción inicialmente determinada?
Cuando el contribuyente se ha allanado parcialmente con ocasión de la respuesta al
requerimiento especial y al recurso de reconsideración, la base para calcular el porcentaje
de la sanción exigido para acceder a la conciliación contencioso-administrativa corresponde
únicamente a la sanción que permanece en discusión dentro del proceso judicial, y no a la
totalidad de la sanción inicialmente determinada por la administración.
12 Cfr. Oficio 904292 del 31 de mayo de 2022, al señalar: “La exigencia del reintegro de las sumas devueltas o
compensadas en forma improcedente, así como los correspondientes intereses no constituye la sanción por este hecho,
pues este reintegro es la consecuencia de la improcedencia de los saldos a favor.”
En el mismo sentido, el Oficio 901476 del 26 de julio de 2019 indicó, al referirse a los mecanismos de terminación
anticipada de conflictos, que: “No se debe confundir en el mismo hecho el pago del mayor impuesto a que haya lugar con
el reintegro de las sumas imputadas, devueltas o compensadas de manera improcedente.” Oficio 026374 del 21 de
octubre de 2019, al analizar el alcance del artículo 670 del Estatuto Tributario, reiteró que el reintegro de saldos a favor
improcedentes opera como consecuencia directa de su improcedencia, y no como resultado del trámite sancionatorio,
precisando: “Mal puede pretenderse que el reintegro del menor saldo a favor aceptado sea el resultado del trámite de la
sanción por devolución improcedente (…) sino de la devolución o reintegro de recursos como forma de perfeccionar el
pago.”
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Esta conclusión se fundamenta en el entendimiento de que el allanamiento parcial produce
efectos jurídicos propios, en la medida en que implica la aceptación definitiva de una parte
de la obligación y su exclusión del debate administrativo y judicial. En consecuencia, los
valores aceptados y pagados por allanamiento no integran el objeto del litigio ni pueden ser
considerados dentro del ámbito de la conciliación13.
12. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la conciliación contencioso-
administrativa aprobada judicialmente, en particular frente a la cosa juzgada y el
mérito ejecutivo, conforme al artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026?
De conformidad con el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026, la conciliación
contencioso-administrativa que sea aprobada por la autoridad judicial competente produce
plenos efectos jurídicos, en particular: los de cosa juzgada y mérito ejecutivo.
La providencia judicial que aprueba el acta de conciliación pone fin de manera definitiva al
proceso judicial y consolida la situación jurídica de las partes, impidiendo que la
controversia sea nuevamente discutida por los mismos sujetos y sobre el mismo objeto.
Asimismo, el acta aprobada presta mérito ejecutivo en los términos de los artículos 828 y
829 del E.T., lo que habilita su exigibilidad directa en caso de incumplimiento.
En este sentido, la conciliación aprobada judicialmente no constituye un acuerdo precario
o provisional, sino una forma válida y definitiva de terminación del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, con los mismos efectos sustanciales que una sentencia
ejecutoriada.
13. ¿A qué se refiere la expresión «dentro del término aquí mencionado» del
artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026?
El párrafo a que se hace referencia señala:
«El acta que dé lugar a la conciliación deberá suscribirse y presentarse por
cualquiera de las partes para su aprobación ante el juez administrativo o ante la
respectiva corporación de lo Contencioso-Administrativo, según el caso, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a su suscripción, demostrando el cumplimiento
de los requisitos legales. Las conciliaciones de que trata el presente artículo
deberán ser aceptadas por la autoridad judicial respectiva, dentro del término
aquí mencionado.» (Énfasis propio).
Lo anterior corresponde al término de diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del
acta de conciliación, que es el plazo previamente establecido en la misma disposición. No
hace referencia al 19 de noviembre de 2026 ni a ningún otro término distinto.
14. ¿Qué alcance tiene la expresión «deberán ser aceptadas por la autoridad
judicial respectiva»?
13 Cfr. Oficio 907180 – int 1496 del 17 de noviembre de 2020.
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Significa que la conciliación no produce efectos por sí sola con la suscripción del acta, sino
que requiere aprobación judicial. En ese sentido, el juez ejerce un control de legalidad sobre
el acuerdo, verificando el cumplimiento de los requisitos previstos en la norma, por lo que
su aceptación no es automática. Es decir, una vez aprobada, la conciliación adquiere
efectos jurídicos.
15. Si la conciliación es aceptada por la autoridad judicial con posterioridad al 19
de noviembre de 2026 ¿la conciliación realizada entre la DIAN y el sujeto obligado es
válida? ¿O cuáles son los efectos que se derivarían si la autoridad judicial no se
pronuncia dentro de ese término?
El término del 19 de noviembre de 2026 corresponde exclusivamente a la presentación de
la solicitud de conciliación ante la DIAN, por lo que su cumplimiento delimita la oportunidad
del beneficio. Por su parte, la aceptación por la autoridad judicial constituye un requisito
para que la conciliación produzca efectos, pero no forma parte de las condiciones que
deban cumplirse dentro de ese plazo.
En ese sentido, si la solicitud fue presentada oportunamente y el acta de conciliación se
suscribió y radicó conforme a lo previsto en la norma, el hecho de que la aprobación judicial
se produzca con posterioridad al 19 de noviembre de 2026 no afecta la validez de la
conciliación.
16. ¿Es conciliable la sanción prevista en el artículo 658-1 del E.T., impuesta al
representante legal o revisor fiscal, cuando ha sido determinada dentro de una
liquidación oficial expedida al contribuyente o entidad respecto de la cual ejercían
sus funciones?
Sí. La sanción contemplada en el artículo 658-1 del E.T. impuesta al representante legal o
al revisor fiscal es conciliable, aun cuando haya sido determinada dentro de la misma
liquidación oficial expedida a la sociedad o contribuyente respecto del cual ejercían sus
funciones. En efecto, esta sanción se origina dentro del mismo procedimiento mediante el
cual la administración determina oficialmente las obligaciones de dicha sociedad o entidad,
por lo que se propone, liquida y discute en el mismo acto administrativo en el que también
se define el impuesto y las sanciones a cargo del contribuyente. En ese contexto, su
cuantificación depende de las irregularidades atribuidas a la sociedad y se establece como
un porcentaje de la sanción impuesta a esta, lo que evidencia su conexión tanto en el origen
como en la base de cálculo.
No obstante, esta circunstancia no desvirtúa su naturaleza propia ni la convierte en una
obligación del contribuyente, en la medida en que la sanción se dirige a una persona
distinta, en razón de una conducta atribuible al ejercicio de sus funciones, lo que permite
que su contenido pueda ser controvertido de manera autónoma. En ese sentido, cuando el
representante legal o el revisor fiscal demanda la sanción que le fue impuesta, el objeto del
proceso contencioso también determina de forma independiente la legalidad de dicha
sanción particular.
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Bajo este entendimiento, para efectos de la conciliación contencioso-administrativa, la
sanción corresponde a un acto administrativo que impone una sanción dineraria de carácter
tributario en el que no se discute tributo alguno, aun cuando su valor se determine con base
en la sanción impuesta al contribuyente. Por esta razón, se configura como un acto
sancionatorio independiente susceptible de conciliación en los términos previstos por el
artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 para este tipo de actuaciones.
En cuanto al beneficio aplicable, tratándose de un acto que impone exclusivamente una
sanción dineraria sin tributo en discusión, la conciliación operará respecto del ochenta por
ciento (80%) del valor de la sanción actualizada, debiendo el obligado pagar únicamente el
veinte por ciento (20%) restante dentro de los plazos establecidos.
En relación con lo anterior, deberán cumplirse los requisitos previstos en los numerales 1,
2, 3 y 4 del artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026, esto es, que se haya
presentado la demanda antes del 10 de agosto de 2026, que la misma haya sido admitida,
que no exista decisión judicial en firme que ponga fin al proceso y que se acredite el pago
de la obligación objeto de conciliación en los términos previstos en la norma. No resultan
exigibles los requisitos asociados al pago del impuesto, en la medida en que no existe una
obligación tributaria principal en discusión dentro de este tipo de sanción.
La conciliación respecto de la sanción prevista en el artículo 658-1 del E.T. solo puede ser
solicitada por quien es titular de dicha sanción y tenga la calidad de parte dentro del proceso
contencioso en el que se discute su legalidad, ya sea que actúe como demandante
individual, de manera conjunta con la sociedad o que se haya vinculado posteriormente
como litisconsorte, siempre que en el proceso se haya incorporado la controversia sobre
esa sanción. Si la sanción no fue demandada o quien la soporta no compareció al proceso,
no es posible acceder a la conciliación respecto de ella.
En ese sentido, no es procedente que el contribuyente, aun cuando haya demandado la
liquidación oficial en su integridad, pretenda conciliar la sanción prevista en el artículo 658-
1 del E.T., en la medida en que dicha sanción no le es impuesta y la legitimación para
controvertirla y acceder a la conciliación recae exclusivamente en las personas a quienes
fue impuesta, sin que el contribuyente pueda disponer de ella ni cumplir en su nombre los
requisitos previstos para el efecto. Este entendimiento ha sido reiterado por la
jurisprudencia del Consejo de Estado14, que ha precisado que la sociedad no se encuentra
legitimada para cuestionar dicha sanción, aun cuando esta se origine en la misma actuación
administrativa, lo que excluye igualmente la posibilidad de incluirla dentro de un acuerdo de
conciliación cuando la demanda ha sido promovida exclusivamente por el contribuyente.
17. ¿Cómo se debe calcular el valor a conciliar por concepto de sanción en los
términos del artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026, cuando se realizaron
pagos con la finalidad de acogerse a la reducción que establece el artículo 709 del
E.T., pero que, por el incumplimiento de requisitos, la corrección provocada no
produjo efectos?
14 C.E., Sec. Cuarta, Sent. 27635, mar. 06/2025 M.P. Milton Chaves García.
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El artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 permite que los contribuyentes, agentes
de retención, declarantes, responsables y usuarios aduaneros o cambiarios que hayan
interpuesto demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, puedan conciliar el valor de las sanciones e intereses según el
caso, discutidos contra liquidaciones oficiales o resoluciones independientes.
Así, la aplicación del artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 parte de la existencia
de una liquidación oficial o una resolución independiente que haya sido demandada ante la
jurisdicción contencioso-administrativa y en la cual la Administración Tributaria haya
determinado una obligación de carácter dinerario (impuesto, intereses, sanciones).
Bajo este contexto y dado que la conciliación se predica de las sanciones, para establecer
el valor a conciliar se debe tomar el valor total de la sanción determinada por la
Administración Tributaria en el correspondiente acto administrativo.
Por su parte, el artículo 709 del E.T.15 establece que la sanción por inexactitud se reducirá
a la cuarta parte de la planteada por la Administración, en relación con los hechos
aceptados con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o su
ampliación, siempre que se cumplan los siguientes presupuestos:
i) Corrija la liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la
sanción por inexactitud reducida, y
ii) Adjuntar a la respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de la respectiva
corrección y
iii) Adjuntar la prueba del pago o acuerdo de pago, de los impuestos, retenciones y
sanciones, incluida la de inexactitud reducida.
Así las cosas, la procedencia de la sanción reducida en una cuarta parte se supedita al
cumplimiento de cada uno de los requisitos mencionados. En este sentido, su
incumplimiento conlleva a que no se materialice la reducción de la sanción y, por ende, la
corrección provocada no produzca efecto legal, situación que conduce a que la sanción tal
como fue determinada por la administración se mantenga incólume.
Lo anterior, no significa que los pagos realizados por el contribuyente con la finalidad de
acogerse a la sanción reducida de que trata el artículo 709 del E.T., no puedan ser tenidos
en cuenta para acreditar el requisito de pago que establece el artículo 11 del Decreto
Legislativo 1419 de 2026.
15 Si con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o a su ampliación, el contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la sanción por
inexactitud de que trata el artículo 647, se reducirá a la cuarta parte de la planteada por la Administración, en relación con
los hechos aceptados. Para tal efecto, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, deberá corregir su
liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y adjuntar a la
respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago o acuerdo de pago, de
los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida.
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En consecuencia, para efectos de establecer el valor a conciliar se debe tomar el valor total
de la sanción determinada por la Administración en la correspondiente liquidación oficial o
resolución en discusión ante la jurisdicción contencioso administrativa.
18. ¿Se admiten los títulos de depósito judicial como medio de pago para acceder
a la conciliación contencioso-administrativa en materia tributaria, aduanera y
cambiaria prevista en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026?
De conformidad con el artículo 803 del E.T. la fecha de pago del impuesto, respecto de
cada contribuyente, «es aquélla en que los valores imputables hayan ingresado a las
oficinas de Impuestos Nacionales o a los Bancos autorizados, aún en los casos en que se
hayan recibido inicialmente como simples depósitos, buenas cuentas, retenciones en la
fuente, o que resulten como saldos a su favor por cualquier concepto.»
La aplicación de este artículo garantiza que efectivamente cuando los valores imputables a
las obligaciones tributarias ingresen a la DIAN o a las entidades autorizadas para recaudar
se entienda pagada la obligación y por ende cese la causación de intereses moratorios. Así,
para que opere lo allí dispuesto, es necesario que exista una obligación en mora.
Tratándose de la conciliación contencioso administrativa prevista en el artículo 11 del
Decreto Legislativo 1419 de 2026, uno de los presupuestos que determina la procedencia
de la conciliación prevista en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 es que se
trate de obligaciones en discusión, requisito que lo diferencia del alivio dispuesto en el
artículo 9 que aplica cuando se trata de obligaciones en mora.
Así las cosas, la premisa que establece el artículo 803 del E.T., según la cual la fecha de
pago se entiende en la fecha que los dineros han ingresado a la DIAN o los bancos
autorizados, no aplica si se trata de obligaciones en discusión pues aún no existe certeza
de la existencia o no de la obligación.
En consecuencia, si bien, los títulos de depósito judicial son admisibles para acreditar el
requisito de pago al que alude el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026, al tratarse
de medios de pago de una obligación en discusión que no esté debidamente ejecutoriada,
la fecha de pago será la de la aplicación del título y no la de su constitución.
19. ¿Es procedente conciliar sanciones en los términos dispuestos en el artículo
11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 y, además, aplicar las reducciones al 50% o
al 75% en los términos dispuestos en el artículo 640 del E.T.?
No. Las reducciones previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 640 del Estatuto Tributario
están sujetas al cumplimiento de los presupuestos establecidos en dicha disposición, cuya
procedencia debe analizarse durante la actuación administrativa. En efecto, su aplicación
exige la aceptación de la sanción y la subsanación de la infracción, según corresponda, lo
que habría permitido concluir la controversia sancionatoria en esa instancia.
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Por su parte, la conciliación contencioso-administrativa prevista en el artículo 11 del Decreto
Legislativo 1419 de 2026 parte de la existencia de un acto administrativo demandado
mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de
terminar la controversia judicial bajo las condiciones establecidas en dicha norma.
En consecuencia, la conciliación contencioso-administrativa no constituye una nueva
oportunidad para aplicar las reducciones sancionatorias del artículo 640 del Estatuto
Tributario, pues estas corresponden a una etapa anterior y están sujetas a presupuestos
distintos de los exigidos para acceder al beneficio de conciliación.
20. ¿En el marco de una conciliación contencioso-administrativa relativa a una
sanción por inexactitud actualmente en curso, la base de liquidación debe
corresponder al 160% establecida en el acto administrativo? ¿Debe aplicarse
previamente el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 640 del E.T.,
reliquidando la sanción con la tarifa vigente del 100%, para luego efectuar, si hay
lugar a ello, la respectiva actualización?
A diferencia de lo que ocurre con las reducciones de sanciones que establece el artículo
640 del E.T., respecto de la base de liquidación de la sanción por inexactitud dispuesta en
el inciso 1 del artículo 648 del E.T., es procedente aplicar el principio de favorabilidad
dispuesto en el parágrafo 5 del artículo 640 ibídem, si se tiene en cuenta que la tarifa de
esta sanción fue objeto de reducción por parte de la Ley 1819 de 2016 del 160% al 100%
de la diferencia entre el saldo a pagar o el saldo a favor determinado en la liquidación oficial
y el declarado.
En ese sentido, si la sanción objeto de conciliación bajo el amparo del artículo 11 del
Decreto Legislativo 1419 de 2026 corresponde a una sanción por inexactitud que fue
determinada por la Administración Tributaria en el acto administrativo demandado en un
porcentaje del 160%, resulta procedente su disminución al 100%16 en virtud de la
modificación introducida por la Ley 1819 de 2016 y de conformidad con lo previsto en el
parágrafo 5 del artículo 640 ibidem.
En consecuencia, para efectos de establecer la base de liquidación de la sanción de
inexactitud y poder aplicar lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de
2026, es viable aplicar el principio de favorabilidad consagrado en el parágrafo 5 del artículo
640 del E.T.
21. En el evento en que la demanda haya sido presentada per saltum ¿resulta
procedente aplicar la actualización prevista en el artículo 867-1 del E.T. sobre dicha
sanción?
16 ARTÍCULO 648. SANCIÓN POR INEXACTITUD.
entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el
contribuyente, agente retenedor o responsable, o al quince por ciento (15%) de los valores inexactos en el caso de las
declaraciones de ingresos y patrimonio.
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El artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 parte de la base de que la conciliación
del valor de las sanciones incluye su correspondiente actualización. Lo anterior guarda
armonía con lo dispuesto en el artículo 867-1 del E.T.:
«ARTÍCULO 867-1. ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES
TRIBUTARIAS PENDIENTES DE PAGO.
responsables, agentes de retención y declarantes, que no cancelen oportunamente
las sanciones a su cargo que lleven más de un año de vencidas, deberán reajustar
dicho valor anual y acumulativamente el 1 de enero de cada año, en el ciento por
ciento (100%) de la inflación del año anterior certificado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE. En el evento en que la sanción haya
sido determinada por la administración tributaria, la actualización se aplicará a
partir del 1o de enero siguiente a la fecha en que haya quedado en firme en la vía
gubernativa el acto que impuso la correspondiente sanción.» (Subrayado fuera del
texto)
Por su parte, la figura jurídica del per saltum en materia tributaria17 permite que el
contribuyente pueda acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa sin
interponer el recurso de reconsideración, dentro de los 4 meses siguientes a la notificación
de la liquidación oficial, siempre que se hubiere atendido en debida forma el requerimiento
especial.
En ese sentido y dado que el artículo 867-1 del E.T. no establece excepciones para la
aplicación de la actualización de las sanciones, en los casos que el contribuyente haya
acudido a la figura del per saltum, de igual manera se debe actualizar la sanción.
Así, con el fin de cumplir con lo señalado en la norma citada, la actualización se aplicará a
partir del 1º de enero siguiente a la fecha en que haya quedado en firme en la vía
administrativa el acto que impuso la correspondiente sanción, para lo cual deberá tenerse
en cuenta lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).
22. ¿Para acogerse a la conciliación contencioso administrativa prevista en el
artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026, es posible realizar el pago del capital
y de los demás conceptos exigidos (según corresponda) con posterioridad al 10 de
agosto de 2026, siempre que la solicitud se presente ante la DIAN hasta el 19 de
noviembre de 2026?
El artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 establece la posibilidad de solicitar la
conciliación contencioso-administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria,
siempre que se haya interpuesto la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
17 Parágrafo del artículo 720 del E.T.
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Frente a los requisitos previstos en esta norma la solicitud de conciliación debe presentarse
ante la DIAN hasta el 19 de noviembre de 2026, adjuntando prueba de los pagos exigidos.
Para este Despacho, la mencionada norma permite concluir que el requisito temporal —
esto es, el 19 de noviembre de 2026— está previsto como la fecha límite para consolidar el
cumplimiento de dichos requisitos. En consecuencia, es posible realizar el pago del capital
y de los demás conceptos exigidos (según corresponda) con posterioridad al 10 de agosto
de 2026, siempre que la solicitud se presente ante la DIAN a más tardar el 19 de noviembre
de 2026.
El beneficio establecido en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 contiene una
fecha y requisitos independientes a los señalados en los artículos 9 y 10 ibidem para su
respectiva aplicación.
23. ¿Cuáles son los criterios que deben observarse para determinar la
procedencia del principio de favorabilidad, en el marco de los beneficios de
conciliación previstos en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026?
La aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria, consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política, debe examinarse en cada caso concreto, atendiendo
a la naturaleza de la infracción, los elementos esenciales de la conducta sancionada y la
existencia de una disposición posterior que establezca una consecuencia jurídica más
favorable.
En este sentido, su procedencia exige considerar el estado de las actuaciones
administrativas o judiciales y la configuración de situaciones jurídicas consolidadas. Por
consiguiente, la aplicación del principio de favorabilidad no es indefinida, pues el pago de
la sanción constituye un límite cuando comporta la extinción de la obligación y la
consolidación de una situación jurídica que no puede reabrirse con fundamento en una
disposición sancionatoria posterior más benigna. En consecuencia, corresponde verificar,
en cada caso, si la sanción ha sido efectivamente satisfecha, teniendo en cuenta su
naturaleza, exigibilidad y régimen jurídico aplicable.
Así, la procedencia del principio de favorabilidad deberá establecerse a partir de las
particularidades de cada obligación sancionatoria, sin que pueda condicionarse a la
solicitud o procedencia de beneficios de conciliación, los cuales se rigen por sus propios
presupuestos legales y se aplican, cuando corresponda, sobre la sanción determinada
conforme al régimen más favorable.
24. Para efectos de certificar el cumplimiento de los requisitos económicos de la
conciliación, ¿prevalece la discriminación efectuada por el contribuyente en el
Formulario 490 o la imputación proporcional y automática que realiza el sistema
informático de la entidad?
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El numeral 4 del artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 exige adjuntar prueba del
pago «de las obligaciones objeto de conciliación de acuerdo con lo indicado en los incisos
anteriores », que determinan expresamente las sumas que deben ser pagadas para acceder al
beneficio. Tratándose de una liquidación oficial en primera o única instancia, por ejemplo, se
exige el pago del 100% del impuesto en discusión, el quince por ciento (15%) de las sanciones
y actualización y los intereses calculados a la tasa del 4,5% anual.
En consecuencia, la certificación debe establecer si el valor efectivamente pagado corresponde,
como mínimo, a la suma de esos componentes y se encuentra asociado a la obligación objeto
de conciliación. La discriminación efectuada en el recibo oficial de pago constituye un elemento
para identificar los conceptos a los cuales corresponde el pago, pero no sustituye la verificación
sustancial del cumplimiento de los valores exigidos por el Decreto.
Por tanto, cuando se acredite que el contribuyente pagó, dentro de las condiciones previstas en
el artículo 11, una suma igual o superior al 100% del impuesto en discusión, el porcentaje de la
sanción exigible y los intereses al 4,5% anual, debe entenderse satisfecho el requisito
económico de la conciliación.
25. ¿Es jurídicamente viable que la administración desconozca la imputación
voluntaria del contribuyente en el recibo de pago al aplicar la regla general de
prorrateo del artículo 804 del E.T.?
No. En los términos planteados, siempre que el contribuyente haya liquidado y pagado
correctamente la totalidad de los valores exigidos para acceder a la conciliación prevista en
el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026.
Por su parte, el artículo 804 del E.T.18 establece que los pagos deben imputarse en las
mismas proporciones en que participen las sanciones actualizadas, intereses, anticipos,
impuestos y retenciones dentro de la obligación total al momento del pago. En
consecuencia, esta regla no se opone al régimen especial de conciliación, sino que debe
aplicarse teniendo en cuenta los valores que efectivamente integran la obligación cuyo pago
es exigido para acceder al beneficio.
En este punto, el Concepto 017590 – int 2058 del 16 de diciembre de 2025 precisó que la
imputación de pagos constituye una actividad de obligatorio cumplimiento y que, cuando el
contribuyente impute el pago de manera diferente a la prevista en el inciso primero del
artículo 804 del E.T., la Administración puede reimputarlo sin que se requiera acto
administrativo previo. Por tanto, la Administración no se encuentra vinculada de manera
absoluta por la discriminación de valores consignada por el contribuyente en el Recibo
Oficial de Pago, sino que puede ajustarla cuando no corresponda a la imputación
legalmente procedente. Sin embargo, esa facultad de reimputación debe ejercerse
conforme a los valores que integran la obligación objeto del pago y no permite modificar las
condiciones económicas establecidas por el régimen especial de conciliación.
18 ARTICULO 804. PRELACIÓN EN LA IMPUTACIÓN DEL PAGO.
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Así, cuando el contribuyente haya determinado y pagado correctamente el 100% del
impuesto, la sanción reducida y los intereses al 4,5% anual, la proporcionalidad prevista en
el artículo 804 debe reflejar esa misma composición económica. En tal caso, no sería
jurídicamente procedente efectuar el prorrateo tomando como referencia el 100% de la
sanción originalmente determinada, pues ello supondría incluir dentro de la obligación
relevante para el pago un valor que el régimen especial no exige sufragar y podría generar
artificialmente un saldo pendiente de impuesto, pese a haberse pagado íntegramente los
montos requeridos por el artículo 11.
No obstante, esta conclusión presupone que el contribuyente haya cumplido correctamente
el requisito económico. Si el pago efectuado es inferior al legalmente exigido o alguno de
sus componentes —impuesto, sanción reducida o intereses— fue determinado de manera
incorrecta, no puede sostenerse que la imputación deba preservar la proporción
correspondiente al beneficio. En ese evento, la regla del artículo 804 no subsana la
insuficiencia del pago ni permite tener por cumplido un requisito que materialmente no fue
satisfecho.
En consecuencia, la autoridad tributaria puede apartarse de la distribución consignada en
el recibo y efectuar la reimputación que corresponda conforme al artículo 804 del E.T.; lo
que no puede hacer es utilizar esa facultad para alterar la composición económica del pago
exigido por el artículo 11 del Decreto Legislativo 1419 de 2026. Siempre que el
contribuyente haya liquidado y pagado correctamente la totalidad de los valores exigidos
por el beneficio, la imputación proporcional debe guardar correspondencia con dicha
composición y reflejar el pago íntegro del 100% del impuesto, la sanción reducida y los
intereses a la tasa especial aplicable.
Esta interpretación es consistente con el Oficio 000521 – int 130 del 2 de febrero de 2023,
en el que, al analizar un beneficio transitorio sujeto al pago de obligaciones junto con
sanciones e intereses reducidos, se reconoció la aplicación de las reglas generales de pago
e imputación de los artículos 803 y 804 del E.T. sin que ello implicara desconocer los valores
reducidos previstos por el régimen especial. Así, la imputación constituye una regla sobre
la forma en que se atribuye el pago, mientras que la determinación de los valores que deben
ser sufragados para acceder al beneficio corresponde a la disposición especial que lo
establece.
IV. Otras disposiciones
1. ¿El mecanismo establecido en el artículo 13 del Decreto Legislativo 1419 de
2026 comprende créditos originados en pagos en exceso o de lo no debido y genera
para ellos el descuento por donaciones?
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No, por su naturaleza19 y en la medida en que el artículo 13 del Decreto cobija únicamente
a los saldos a favor liquidados en declaraciones tributarias.
En efecto, dicha disposición exige identificar impuesto, período, declaración y valor donado,
y no incluye de manera expresa los pagos en exceso o de lo no debido, por lo tanto,
respecto de estos no habrá lugar al descuento tributario previsto en el artículo 257 del E.T.
en los términos del último inciso del referido artículo 13.
2. Teniendo en cuenta que el Decreto Legislativo 1419 de 2026 no señala
expresamente los recursos que proceden contra el acto administrativo que niegue la
solicitud de aplicación del beneficio por incumplimiento de requisitos legales, y que
dicho acto puede ser proferido según la etapa en que se encuentre el proceso por la
División de Fiscalización o la División Jurídica, ¿cuál es el recurso procedente en
materia tributaria?
En materia tributaria, la doctrina20 vigente ha interpretado que el recurso de reconsideración
opera como regla general para controvertir los actos relacionados con impuestos
administrados por la DIAN, sin perjuicio de recursos especiales expresamente establecidos
en la ley.
En los anteriores términos se absuelven las peticiones y se recuerda que la normativa,
jurisprudencia y doctrina en materia tributaria, aduanera y de fiscalización cambiaria, en lo
de competencia de esta Entidad, puede consultarse en el normograma DIAN:
https://normograma.dian.gov.co/dian/.
Atentamente,
DIEGO ALEJANDRO HERNÁNDEZ RIVERA
Subdirector de Normativa y Doctrina
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Dirección de Gestión Jurídica
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Proyectó: Katerine Orejuela Arcia – Boris Guillermo Pacheco Navarro – Raul Eduardo Pereira Cuervo
Revisó: Ingrid Castañeda Cepeda
Con copia a los radicados: No 001379- 2026DP000325380 del 23/09/2026, 001384-
2026DP000338062 del 29/09/2026, 001389- 2026DP000359616 del 13/10/2026, 001199-
2026DP000317049 del 18/09/2026, 001220- 2026DP000323819 del 22/09/2026, 001230-
2026DP000323492 del 22/09/2026, 001286- 2026DP000324921 del 23/09/2026, 001224-
19 La sentencia proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta del 20 de febrero de 2008. Exp 16026. M.P. María
Inés Ortiz Barbosa, ha distinguido los saldos a favor liquidados en las declaraciones tributarias de los pagos en exceso y
de lo no debido, por ende, el hecho de que los saldos a favor y los créditos originados en los pagos en exceso o de lo no
debido compartan un mismo procedimiento de devolución, no convierte ambas categorías en una sola.
20 Cfr. Oficio 002483 (int 461) de 2023.
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2026DP000327210 del 24/09/2026, 001226- 2026DP000327841 del 24/09/2026, 001327-
2026DP000329221 del 24/09/2026, 001250 del 29/09/2026, 001387-2026DP000339276 del
30/09/2026, 001301-2026DP000342632 del 1/10/2026, 001332 – 2026DP000354927 del 8/10/2026,
001380- 2026DP000356808 del 9/10/2026, 001433 -2026DP000365429 del15/10/2026, 001477 del
29/10/2026, 001509 – 2026DP000392255 del 2/11/2026, 001226 – 2026DP000327841 del
24/09/2026, 001234 – 2026DP000286616-1 del 1/09/2026, 001289 – 2026DP000317096 del
18/09/2026, 001303 del 6/10/2026, 001330 – 2026DP000353074 del 7/10/2026, 001370 –
2026DP000353671 del 8/10/2026, S/R del 20/10/2026, 001386 – 2026DP000323690 del
22/09/2026, 001472 – 2026DP000384625 del 27/10/2026, 001473 – 2026DP000384626 del
27/10/2026, 001476 – 2026DP000378107 del 23/10/2026, 01544 del 5/11/2026, 001487 –
2026DP000389637 del 29/10/2026 y 001515 – 2026DP000391486 del 30/10/2026.
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Fuente: https://cijuf.org.co/sites/cijuf.org.co/files/normatividad/2026/CONCEPTO%202258.pdf
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