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Concepto Nº 029577 27-08-2018

 Concepto Nº 029577

27-08-2018

Dirección de Apoyo Fiscal

 

 

Radicado: 2-2018-029577

Bogotá D.C.

Señor

DIEGO ANDRÉS TUTALCHA AGUIRRE

Secretario de Hacienda (E)

Alcaldía Municipal de Ipiales – Nariño

fiscalizacion@ipiales-narino.gov.co

Radicado entrada 1-2018-074974

No. Expediente 6909/2018/RPQRSD

Tema: Impuesto Predial Unificado

Subtema: Decisiones de la autoridad catastral

Respetado señor Tutalcha:

En atención a su correo electrónico radicado conforme el asunto, mediante el cual consulta sobre la liquidación y cobro del impuesto Predial Unificado cuando se producen mutaciones en el predio que se materializan a través de resolución proferida por la autoridad catastral, es importante mencionar que de conformidad con el Decreto 4712 de 2008 la Dirección General de Apoyo Fiscal presta asesoría a las entidades territoriales y a sus entes descentralizados en materia fiscal, financiera y tributaria, la cual no comprende el análisis de actos administrativos particulares de dichas entidades, ni la solución directa de problemas específicos. No obstante, damos respuesta en el ámbito de nuestra competencia y en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir de manera general y abstracta, por lo que no tiene carácter obligatorio ni vinculante, y no compromete la responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De conformidad con la Ley 44 de 1990 el impuesto predial unificado es un tributo municipal, por lo que corresponde a la entidad territorial establecer las reglas para su cobro y debida recaudación, en el marco de la Constitución y la Ley. Compete a la autoridad catastral, en uso de sus funciones, la formación, actualización y rectificación de la información catastral, que comprende los datos físicos, jurídicos y económicos de los predios y los consigna en el registro o cedula catastral. Esta información es referente para la liquidación del impuesto predial, particularmente el monto del avalúo catastral que constituye la base gravable sobre la cual se liquida.

Señala el artículo 1 de la Resolución 70 de 2011 del IGAC que el catastro es el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica. Por su parte, el artículo 97 de la misma resolución señala que la actualización de la formación catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de la formación catastral, revisando los elementos físico y jurídico del catastro y eliminando en el elemento económico las disparidades originadas por cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas, o condiciones locales del mercado inmobiliario.

Si bien la información del censo catastral es el principal insumo para la liquidación del impuesto predial unificado, por la relación directa entre avalúo catastral y base gravable del tributo, considera esta Dirección que corresponde a la administración municipal la verificación, depuración y administración de la información que sirve de soporte en la generación de liquidaciones de este impuesto. En consecuencia, creemos que conocedores de los datos y calidad de la información que entrega la autoridad catastral y las modificaciones que se originan en la dinámica de los predios, el municipio debe definir, para efectos del impuesto predial, parámetros alternos de validación de datos, como, por ejemplo, la matricula inmobiliaria y demás información del Registro de Instrumentos Públicos.

El impuesto predial unificado se causa el primero de enero de cada año. Para cada vigencia, es necesario verificar la situación del predio en todos sus aspectos y elementos del tributo, es decir, cuál es el predio que jurídicamente existe, cuál es el avalúo catastral, quién es el propietario o poseedor, cuál es el uso y cuál es la tarifa aplicable. En ese orden de ideas, a modo de ejemplo, si por efectos de un proceso catastral a un predio es objeto de engoble (sic) o reconocimiento de mayor área construida, creeríamos que tal cambio puede significar la aparición de un nuevo predio de mayor extensión, asunto que tendrá efectos en la liquidación del impuesto predial a partir del año siguiente, es decir, cuando se produzca la causación de tributo, sin que ello implique que la deuda desaparezca o se elimine.

En relación con la facultad de ordenar la vigencia de avalúos catastrales, consideramos que es competencia del IGAC o autoridad catastral de acuerdo con lo establecido en las disposiciones relativas al proceso de formalización catastral, dentro de las que se encuentran los artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º de la Ley 14 de 1983, el Decreto 3416 de 1983, compilado en el artículo 2.2.2.1.24 del Decreto 1170 de 2015, y la Resolución 070 de 2011. En consecuencia, creemos que cuando una resolución proferida por la autoridad catastral, ya sea dentro del proceso de conservación o actualización catastral, señale expresamente la vigencia de los avalúos catastrales, el municipio, con fundamento en la respectiva resolución, debe proceder a reliquidar (si hay lugar) el impuesto para cada uno de los años gravables a que hace referencia el acto administrativo, y en consecuencia debe ordenar el pago del mayor impuesto o la devolución de las sumas a que haya lugar, según el caso.

Si la resolución de la autoridad catastral no establece la vigencia de los avalúos incorporados en la misma, creeríamos que deberá considerarse la regla general de vigencia de avalúos catastrales establecida en el artículo 8 de la Ley 14 de 1983, compilada en el artículo 178 del Decreto Ley 1333 de 1986, que reza:

 

ARTÍCULO 178. Los avalúos establecidos de conformidad con los artículos 174, 175, 176 y 177 de este Decreto entrarán en vigencia el 1o. de enero del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados.

De presentarse incumplimiento por parte del sujeto pasivo o responsable del pago, el municipio deberá adelantar las actuaciones necesarias para garantizar el pago. El procedimiento tributario que deben aplicar las entidades territoriales en la administración de sus impuestos es el previsto en el Estatuto Tributario Nacional, conforme lo establece el artículo 59 de la Ley 788 de 2002.

En el caso del impuesto Predial Unificado, la administración municipal puede practicar liquidación oficial mediante resolución o implementar como acto de determinación oficial la factura de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificado por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y por el artículo 358 de la Ley 1819 de 2016, atendiendo que se trata de un acto administrativo que debe contener todos los elementos de dicho acto, como son: la advertencia de los recursos que puede interponer, el término para hacerlo, la firma del funcionario competente, los factores de liquidación y la constancia de notificación en los términos de la citada norma, garantizando que el sujeto pasivo, debidamente identificado, conozca del acto para que ejerza su derecho a la defensa.

Con el título ejecutivo (liquidación oficial) en firme y debidamente ejecutoriado, habrá lugar al cobro de la obligación, siguiendo los términos y condiciones previstos en el Estatuto Tributario Nacional y las normas internas de procedimiento y sanciones que la entidad territorial establezca en ejercicio de su autonomía. De esta forma, para que un acto administrativo sirva de fundamento a un proceso de cobro coactivo, debe siempre encontrarse debidamente ejecutoriado, lo cual ocurre cuando se han cumplido los presupuestos indicados en el artículo 829 del ETN.

Señala el artículo 792 del Estatuto Tributario Nacional que son responsables directos del pago del tributo “los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación tributaria sustancial”, que para el impuesto Predial son los propietarios o poseedores de los predios gravados. En ese orden de ideas, el título ejecutivo y demás actos administrativos deben estar dirigidos al propietario o poseedor del predio.

El artículo 60 de la Ley 1430 de 2010, señala:

Artículo 60. Carácter real del impuesto predial unificado. El impuesto predial unificado es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces, podrá hacerse efectivo con el respectivo predio independientemente de quien sea su propietario, de tal suerte que el respectivo municipio podrá perseguir el inmueble sea quien fuere el que lo posea, y a cualquier título que lo haya adquirido.

 

Esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido el inmueble en pública subasta ordenada por el juez, caso en el cual el juez deberá cubrirlos con cargo al producto del remate.

 

Para autorizar el otorgamiento de escritura pública de actos de transferencia de domicilio <sic> sobre inmueble, deberá acreditarse ante el notario que el predio se encuentra al día por concepto del impuesto predial.

 

Para el caso del autoavalúo, cuando surjan liquidaciones oficiales de revisión con posterioridad la transferencia del predio, la responsabilidad para el pago de los mayores valores determinados recaen en cabeza del propietario y/o poseedor de la respectiva vigencia fiscal.

Si bien la norma citada establece la naturaleza del impuesto Predial como un gravamen real, esa condición no exime a la entidad territorial de adelantar las verificaciones necesarias previas a la determinación oficial del impuesto y, por supuesto, en el proceso de cobro coactivo, de tal forma que se tenga certeza del titular de la obligación con la verificación del registro de instrumentos públicos y demás pruebas que resulten pertinentes y conducentes.

Sobre el tema, en sentencia del 27 de enero de 2011 expedida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado con Ponencia del Consejero William Giraldo Giraldo, se menciona:

 

“El título ejecutivo debe reunir las condiciones exigidas en el artículo 68 del C. C. A., por lo tanto señalará con precisión a los titulares de la relación jurídica, el contenido y objeto de la relación jurídica y el monto de las obligaciones exigibles.

 

Con base en el título ejecutivo en el que se identifique plenamente al obligado y, previa su debida notificación, la Administración debe dictar el mandamiento de pago.

(…)

Ahora bien, el numeral 2º del artículo 828 del Estatuto Tributario establece que prestan mérito ejecutivo las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.

 

Claramente señala el legislador que el documento que sirva de soporte a un cobro coactivo, cuando de actos administrativos se trata, necesariamente debe estar revestido de la firmeza necesaria, y que solo se obtiene cuando la administración lo ha notificado en debida forma al interesado. Así, la fuerza ejecutiva de todo acto administrativo está sujeta a su ejecutoria, situación de la que igualmente emerge la oponibilidad del documento, ya que en la medida que la administración haya ocultado o no haya notificado en debida forma al interesado, no podrá exigirle el cumplimiento de la orden vertida en el documento con que culminó la actuación administrativa.

 

Consecuencia lógica de la falta o indebida notificación del acto administrativo, es la ineficacia del título ejecutivo, pues como lo predica el artículo 48 del C.C.A., “Sin el lleno de los anteriores requisitos (notificación en debida forma) no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales”.

 

El incumplimiento del requisito de la debida identificación del contribuyente prevista en el artículo 712 del Estatuto Tributario y, por ende, la ilegal notificación de los actos de determinación conllevan la carencia de fuerza ejecutiva de los actos que fundamentan el mandamiento de pago.

 

Además, no existe prueba de que la demandante se haya dado por suficientemente enterada, en la fase de determinación del tributo, toda vez que fue precisamente con ocasión al escrito de excepciones interpuesto en contra del mandamiento de pago cuando el Departamento de Antioquia alegó que no intervino ni activa ni pasivamente en la alegada conformación del título ejecutivo y, por ende, no tuvo la oportunidad de controvertirlo. (folio 104 c. de a)

 

Conforme a lo expuesto, ante la falta de vinculación del Departamento de Antioquia al proceso de determinación de la obligación, se debe confirmar la sentencia apelada, que declaró la nulidad de los actos administrativos demandados”.” (Subraya la Sala)

La anterior jurisprudencia, citada en otra relativa a un proceso de cobro de contribución de valorización iniciado a persona diferente al propietario, permitió concluir en dicho proceso lo siguiente:

 

“Se trae a colación esta jurisprudencia, porque si bien se analiza específicamente un tema relacionado con impuestos, los argumentos expresados son similares al caso que no ocupa, pues en aquella ocasión, la falta de individualización y vinculación de la entidad ejecutada dentro del proceso administrativo que determinó la obligación, obligó al operador jurídico a declarar la nulidad de los actos acusados, y en esta ocasión está plenamente demostrado que la CONSTRUCTORA ALPES no fue vinculada al proceso administrativo que fijo la contribución de valorización, ni mucho menos se la señaló como sujeto pasivo de la obligación, pues se repite, la Resolución que sirvió como título ejecutivo para iniciar el cobro coactivo señala a la SOCIEDAD JORDANES B EN C como deudora de la contribución impuesta, privando a la entidad actora de participar y ejercer el derecho de contradicción que le asistía como propietaria del predio, razón que motivó a la Constructora en su oportunidad legal a proponer la excepción de VIOLACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DA NACIMIENTO INEFICAZ, ILEGAL E INEXISTENTE DE LA ACCIÓN EJECUTIVA contra el mandamiento de pago.

 

Así las cosas puede predicarse en este caso, que el título ejecutivo, génesis del mandamiento de pago, carece de fuerza ejecutoria en contra de LA CONSTRUCTORA LOS ALPES S.A., toda vez que la Resolución No. 5334 de 1998 menciona como sujeto pasivo de la obligación a la SOCIEDAD JORDANES G EN CE y conforme al análisis realizado, no es posible que esta misma resolución pueda servir como título para ejecutar a la CONSTRUCTORA LOS ALPES, cuando no se estableció en el trámite para agotar vía gubernativa su condición de deudora del ente territorial, ni mucho menos se le dio la oportunidad de agotar la vía gubernativa establecida para los actos adminstrativos <sic>”.

Acorde con todo lo anterior, consideramos que las liquidaciones oficiales del impuesto Predial Unificado deben proferirse a nombre del titular de los derechos reales sobre el predio en cuestión y, para tal efecto, se cuenta con amplias facultades de fiscalización y verificación. De haberse proferido liquidación oficial a nombre de persona equivocada, consideramos debe iniciarse nuevamente el proceso de determinación oficial, siempre que se cuente con el término para proferir los actos de liquidación correspondientes y sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y de responsabilidad fiscal que se deriven por la eventual pérdida de competencia para el cobro de las obligaciones incumplidas.

Cordialmente,

 

 

LUIS FERNANDO VILLOTA QUIÑONES

Subdirector de Fortalecimiento Institucional Territorial

Dirección General de Apoyo Fiscal