Memorando Nº 000028
06-12-2018
Consejo Técnico de la Contaduría Pública
| Para: | Doctor, JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO
MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO |
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| De: | CONSEJERO | ||
| Asunto: | Comentarios Ley de Financiación | ||
| Fecha: | BOGOTÁ D.C., 6 de Diciembre del 2018 |
Respectado doctor:
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP-, como organismo de normalización técnica de las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha identificado en el proyecto de Ley de Financiamiento, algunos asuntos de carácter técnico y legal que podrían tener efecto en las normas emitidas dentro del proceso de convergencia hacía estándares de aceptación mundial, y en las obligaciones y responsabilidades de los contadores públicos, quienes deben cumplir lo establecido en las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios.
Por ello, recomendamos que a través de los canales de interacción del ministerio con el Congreso de la República se trasmitan estas inquietudes para que en el proceso de discusión se planteen los ajustes que sean pertinentes, los cuales detallamos en esta comunicación. En el año 2009, mediante la Ley 1314, se inició el proceso de convergencia hacía estándares de información financiera y aseguramiento aceptados en el mundo. Hoy en Colombia, quienes son responsables de los estados financieros en las entidades del sector privado y los contadores públicos, quienes los certifican y dictaminan, están obligados a aplicar estos estándares, que tienen como propósito generar informes de alta calidad, que sean comparables y útiles para los usuarios al momento de tomar decisiones relacionadas con la asignación de recursos a una entidad, y para evaluar la gestión llevada a cabo por quienes gestionan dichos negocios.
La consideración de estos avances y los cambios normativos que se han generado en los últimos años es fundamental al establecer nuevas normas que imponen obligaciones adicionales para las empresas y para los contadores públicos en su ejercicio profesional.
Incluimos a continuación los textos de la última versión del proyecto de Ley y también los comentarios de este Consejo –por el CTCP-, los cuales esperamos puedan ser útiles para quienes tienen a su cargo la expedición de la Ley de financiamiento.
“ARTÍCULO 16. Modifíquense los parágrafos 1, 2 y el parágrafo transitorio 1 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, y adiciónense los parágrafos 4, 5 y 6, y el parágrafo transitorio 3 al mismo artículo, los cuales quedarán así:
PARÁGRAFO 2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN podrá reglamentar la factura de venta y los documentos equivalentes, indicando los requisitos del artículo 617 de este Estatuto que deban aplicarse para cada sistema de facturación, o adicionando los que considere pertinentes, así como señalar el sistema de facturación que deban adoptar los obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN podrá establecer las condiciones, los términos y los mecanismos técnicos y tecnológicos para la generación, numeración, validación, expedición, entrega al adquirente y la transmisión de la factura o documento equivalente, así como la información a suministrar relacionada con las especificaciones técnicas y el acceso al software que se implemente, la información que el mismo contenga y genere y la interacción de los sistemas de facturación con los inventarios, los sistemas de pago, el impuesto sobre las ventas –IVA, el impuesto nacional al consumo, la retención en la fuente que se haya practicado y en general con la contabilidad y la información tributaria que legalmente sea exigida.
Comentarios CTCP
Las facultades reglamentarias en materia de normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información son de las autoridades de regulación (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de Hacienda y Crédito Público), con fundamento en las recomendaciones emitidas por el CTCP. Se debe precisar las razones por las cuales se asigna la facultad reglamentaria del tema contable a la Dian y la forma en que ella podría afectar las normas emitidas en desarrollo de la Ley 1314 de 2009. La convergencia hacía estándares de aceptación mundial forma parte de los compromisos internacionales y la decisión de otorgar está facultad a una autoridad de supervisión, además de afectar lo establecido en la Ley de convergencia, tiene impactos desfavorables en el proceso llevado a cambio por el país en los últimos años.
En este caso es de especial relevancia lo señalado en el artículo 4 de la Ley 1314 de 2009 que estableció la independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de contabilidad y de información financiera, por lo que otorgarle una facultad reglamentaria a una autoridad de supervisión –como la Dian- en estas materias, afectaría la separación de las funciones que fue prevista en la mencionada norma, y que representó una de las principales recomendaciones realizadas en el año 2003 en el informe ROSC sobre contabilidad y auditoría.
ARTÍCULO 70. Modifíquese el artículo 254 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: ARTÍCULO 254. DESCUENTO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR.
- Para tener derecho al descuento a que se refieren los literales a), b) y d), el contribuyente deberá probar el pago en cada jurisdicción aportando certificado fiscal del pago del impuesto expedido por la autoridad tributaria respectiva o en su defecto con una prueba idónea.Adicionalmente, se deberá contar con un certificado del revisor fiscal de la sociedad que distribuye los dividendos, en que se pueda constatar el valor de la utilidad comercial, el valor de la utilidad fiscal, la tarifa de impuesto y el impuesto efectivamente pagado por dicha sociedad.La tarifa efectiva será el porcentaje que resulte de dividir el valor del impuesto efectivamente pagado en las utilidades comerciales de la sociedad extranjera operativa antes de impuestos.
Comentarios CTCP
Los estados financieros certificados incorporan la firma del Contador Público y del Representante Legal. Mediante la certificación se declara que dichos estados financieros cumplen los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación. No son claras las razones por las cuales se impone una obligación adicional que agrega costos para las empresas e incrementa las cargas de trabajo asignadas a los revisores fiscales, y tampoco la poca importancia que se le da al acto de certificar los estados financieros por parte del Representante Legal y del Contador Público, profesional que está habilitado para dar fe pública, según lo establecido en la Ley 43 de 1990. Estos requerimientos representarán costos y cargas adicionales que asumirán finalmente las empresas, por cuanto son ellas quienes remuneran los servicios prestados por los profesionales de la contabilidad. Por ello la expedición de un certificado por parte del Revisor Fiscal, adicional a la certificación de los estados financieros que debe hacer el Representante Legal y el Contador Público, es un requisito que bien podría eliminarse, más aún teniendo en cuenta que en las entidades obligadas a tener Revisor Fiscal, este también debe emitir un dictamen sobre dichos estados financieros.
Los requerimientos de información que están señalados en esta disposición, bien podrían exigirse como una revelación en los estados financieros, siempre que el marco normativo aplicado por la entidad no requiera que se suministre información sobre estas materias.
ARTÍCULO 98 (NUEVO). Adiciónese el artículo 574-1 al Estatuto Tributario, el cual quedará así:
ARTÍCULO 574-1. ANEXO DE OTRAS DEDUCCIONES A LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS. Los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, mediante formulario diseñado por la Administración Tributaria y que deberá ser diligenciado por contador o revisor fiscal, deberán relacionar y detallar el renglón de otras deducciones del formulario de declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN mediante resolución reglamentará lo dispuesto en este artículo.
Comentarios CTCP
En este caso, se impone al Revisor Fiscal una obligación que es de los responsables de la administración de la entidad, esta función afecta la independencia requerida para que el revisor fiscal emita una opinión sobre los estados financieros. Las actividades administrativas como la de diligenciar formularios, corresponden a la administración de la entidad o al contador que es responsable de la preparación o presentación de los estados financieros, por ello esta disposición es contraria a lo establecido en los marcos técnicos de aseguramiento que se han emitido en desarrollo de la Ley 1314 de 2009 y al principio de independencia, que es fundamental en el trabajo de los Revisores Fiscales y Auditores.
Si el Gobierno Nacional está comprometido con la eliminación de trámites y costos innecesarios para las empresas, esta directriz también debería aplicarse al establecer nuevas obligaciones en materia tributaria. Por ello, si un requerimiento de información ya es cumplido por parte de los responsables de los estados financieros, y además de ello, los estados financieros son certificados por parte del Contador Público, quiénes en Colombia están habilitados para dar fe pública, establecer una nueva función al revisor fiscal, que es de la competencia de la administración, además de afectar su independencia, es claramente innecesaria.
Los marcos técnicos que debe considerar un Revisor Fiscal o el Auditor Externo en su trabajo ya requieren que estos se pronuncien sobre el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias.
ARTÍCULO 434A. OMISIÓN DE ACTIVOS O INCLUSIÓN DE PASIVOS INEXISTENTES. El contribuyente que omita activos o presente información inexacta en relación con estos o declare pasivos inexistentes en un valor igual o superior a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y con lo anterior disminuya los valores a pagar por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios o incremente el saldo a favor de cualquiera de dichos impuestos, será sancionado con pena privativa de la libertad de 120 a 180 meses y multa del veinte por ciento (20%) del valor del activo omitido, del valor del activo declarado inexactamente o del valor del pasivo inexistente.
PARÁGRAFO 2. En las mismas penas incurrirán los miembros de la junta o consejo directivo, el representante legal, el mandatario, el revisor fiscal, asesor en materias contables y/o tributarias de personas jurídicas y/o naturales, que consientan, toleren y/o asesoren la realización de alguno de los comportamientos descritos en el presente artículo.
ARTÍCULO 434B. DEFRAUDACIÓN FISCAL. Salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor, el que, valiéndose de cualquier artificio o engaño, omita declarar y/o pagar en todo o en parte los tributos que le correspondan de acuerdo con la ley, sin incluir intereses ni sanciones derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias, incurrirá en prisión y multa, así:
PARÁGRAFO 1. En las mismas penas incurrirán los miembros de la junta o consejo directivo, el representante legal, el mandatario, el revisor fiscal, asesor en materias contables y/o tributarias de personas jurídicas y/o naturales, que consientan, toleren y/o asesoren la realización de alguno de los comportamientos descritos en el presente artículo.
Comentarios CTCP
Establecer penas similares para los miembros de la Junta o Consejo Directivo, el Representante Legal, el Mandatario, el Revisor Fiscal y los Asesores en materias contables y tributarias de personas jurídicas y/o naturales, desconoce los diferentes roles que cada uno de estos actores cumple en la preparación y presentación de los estados financieros de propósito general, y en otros asuntos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Las funciones y responsabilidades del Revisor Fiscal, del contador-preparador, del contador independiente y de los asesores tributarios deben ejecutarse de acuerdo con normas de calidad, que exigen la aplicación de las normas legales y reglamentarias y de los marcos de información y financiera y aseguramiento. Estas difieren dependiendo del tipo de encargo y son distintas de las responsabilidades que deben asumir los administradores de una entidad por sus actuaciones. La no distinción de estos roles y el desconocimiento de los marcos técnicos aplicados por parte de quienes califican estas actuaciones podría terminar en que los contadores sean sancionados por los actos de los administradores y no por la inadecuada aplicación de las normas profesionales, legales y reglamentarios que deben considerar los Contadores Públicos en su ejercicio profesional.
Comentarios Generales
El rol de los Administradores, contadores-preparadores, revisores fiscales, auditores externos, y de los asesores en materia contable y tributaria, es diferente, según las normas profesionales, legales y reglamentarias. La práctica de trasladar sanciones que corresponden a la entidad o los administradores, podría desconocer lo establecido en los marcos técnicos de información financiera, aseguramiento, normas de ética y control de calidad, que deben ser considerados por los contadores públicos en Colombia al certificar o dictaminar estados financieros o al prestar otros servicios profesionales.
También demuestra la necesidad de que quienes son responsables de evaluar dicho trabajo, y de establecer sanciones tengan mayor comprensión de las normas que deben observar los contadores públicos al suscribir compromisos o encargos de auditoría, revisoría fiscal, revisión, otros trabajos de aseguramiento u otros servicios relacionados, ello sin perjuicio de los requerimientos especiales de información que realicen otras autoridades.
Por ello, estos artículos que establecen la misma la responsabilidad en materia tributaria para diferentes actores, deberían ser revisados, para que tengan en cuenta sus diferentes roles y funciones. Al no hacerlo terminan asignándose a los profesionales de la contabilidad responsabilidades administrativas que corresponden a quienes gestionan la entidad y son responsables de los estados financieros y de establecer las políticas y procedimientos internos que apoyan la gestión del negocio y el cumplimiento de disposiciones legales en materia de impuestos.
Este consejo considera, con fundamento en los marcos técnicos emitidos, que lo que deben sancionarse es la aplicación inadecuada de las normas profesionales, legales y reglamentarias, Para ello será necesario que las autoridades evalúen el trabajo de los contadores conforme a dichas normas.
Agradecemos la atención que pueda dar a esta comunicación. Las recomendaciones incorporadas en ella tienen impacto en la convergencia hacía estándares de aceptación mundial, a cargo del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (en calidad de autoridad de normalización), y de los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y de Hacienda y Crédito Público, como autoridades de regulación.
Cordialmente,
WILMAR FRANCO FRANCO