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Improcedencia tutela nulidad electoral – Fecha Publicación: 05/11/2026

Improcedencia tutela nulidad electoral

[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]

Número de Proceso: 11001031500020260814100

Interno: 12799

Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA

Fecha de Providencia: 05/11/2026

— Titulación —

Problema jurídico:¿Es procedente la acción de tutela promovida por [Y.Y.G.] contra los autos proferidos dentro del medio de control de nulidad electoral cuando dicho proceso judicial aún se encuentra en curso y no se acredita la configuración de un perjuicio irremediable?

Respuesta al problema jurídico: No

— Fuentes Formales —

FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 107, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86, DECRETO 2591 DE 1991, LEY 1475 DE 2011 – ARTÍCULO 2

— Resumen —

Resumen

La Ratio Decidendi de esta providencia establece que la acción de tutela contra autos que deciden sobre medidas cautelares en procesos de nulidad electoral es improcedente si el medio de control ordinario se encuentra en curso, al no satisfacerse el requisito de subsidiariedad. La controversia jurídica se originó por la presunta doble militancia de un representante a la Cámara, respecto de quien la parte actora solicitó la suspensión provisional del acto de elección. La Sección Quinta del Consejo de Estado negó dicha medida por considerar que se requería un análisis probatorio más profundo sobre la fusión de partidos políticos y acuerdos de coalición. Ante esto, la parte demandante interpuso tutela alegando defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente; sin embargo, la Sección Cuarta determinó que no es posible la intervención del juez constitucional mientras el proceso natural siga activo y no se demuestre un perjuicio irremediable.

Preguntas Centrales

¿Cumple la acción de tutela con el requisito de subsidiariedad cuando el proceso ordinario aún está en trámite?

No. El documento indica que, por regla general, la tutela es improcedente si el proceso judicial continúa en curso. Al no haberse agotado todas las etapas procesales (como la audiencia inicial o el debate probatorio), la parte actora dispone de otros mecanismos de defensa dentro del medio de control de nulidad electoral para exponer sus argumentos.

¿Se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que permitiera la procedencia transitoria del amparo?

No. La Sala determinó que el simple desacuerdo con la negativa de una medida cautelar no constituye un perjuicio irremediable. Para que este se configure, debe existir una afectación inminente, grave y medidas impostergables, lo cual no se probó en el caso concreto.

¿Es procedente analizar los defectos de fondo (fáctico, sustantivo o precedente) en esta instancia?

No. El fallo aclara que el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad es una condición imprescindible. Al fallar el requisito de subsidiariedad, el juez constitucional tiene vedado el estudio de los defectos especiales alegados por la parte actora.

Fundamentación Clave

Normativa y Principios Constitucionales

  • Artículo 86 de la Constitución Política: Define la tutela como un mecanismo residual y subsidiario que solo procede ante la ausencia de otros medios de defensa judicial.
  • Decreto 2591 de 1991: Establece las causales de improcedencia, resaltando que la tutela no puede suplantar los procedimientos ordinarios idóneos.
  • Principios de Autonomía e Independencia Judicial: Limitan la intervención del juez de tutela para evitar que se convierta en una instancia adicional o paralela al juez natural.

Jurisprudencia sobre Tutela contra Providencia Judicial

  • Sentencia C-543 de 1992: El proceso ordinario es el espacio por excelencia para la protección de derechos fundamentales.
  • Sentencia T-126 de 2019: Reitera que no cabe la intromisión de la jurisdicción constitucional en la justicia ordinaria salvo circunstancias excepcionalísimas que no se cumplieron en este caso.

Criterios sobre Medidas Cautelares en Materia Electoral

  • Artículo 277 del CPACA: Regula los requisitos para la suspensión provisional de actos administrativos. La Sala advirtió que la valoración de la doble militancia en etapa de medidas cautelares es preliminar y no compromete la decisión de fondo que debe tomarse en la sentencia.

Conclusión

La Sección Cuarta declaró la improcedencia de la acción de tutela debido a que la parte actora pretendió utilizar este mecanismo excepcional como una “tercera instancia” para debatir la suspensión provisional de un acto electoral, desconociendo que el proceso de nulidad electoral sigue vigente y es el escenario natural para resolver la controversia sobre la legalidad de la elección.

Extracto del documento

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCI(cid:211)N CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTI(cid:201)RREZ ARG(cid:220)ELLO
BogotÆ, D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil veintisØis (2026)
Referencia Acci(cid:243)n de tutela
Radicaci(cid:243)n 11001-03-15-000-2026-08141-00
Demandante YENY YOMAIRA GARZ(cid:211)N
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCI(cid:211)N QUINTA
Temas Acci(cid:243)n de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acci(cid:243)n. La subsidiariedad cuando el medio de
control se encuentra en curso. Medio de control de nulidad electoral.
Auto que niega medida cautelar.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Secci(cid:243)n Cuarta decidir en primera instancia la acci(cid:243)n de tutela
instaurada por Yeny Yomaira Garz(cid:243)n, de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 5 de octubre de 20261, la seæora Yeny Yomaira Garz(cid:243)n, actuando en nombre
propio, interpuso acci(cid:243)n de tutela contra el Consejo de Estado, Secci(cid:243)n Quinta, por
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, con ocasi(cid:243)n de
los autos del 27 de agosto de 2026 y 24 de septiembre de 2026, proferidos en el
medio de control de nulidad electoral 11001-03-28-000-2026-00343-00.
En consecuencia, formul(cid:243) las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Ruego tutelar mi derecho fundamental AL DEBIDO PROCESO, toda vez que el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, secci(cid:243)n quinta, mediante auto de
fecha 27 de agosto de 2026 neg(cid:243) la suspensi(cid:243)n provisional del acto electoral demandado en
nuestra consideraci(cid:243)n, incurriendo en vicios sustanciales y copio los mismos vicios en auto
de fecha 24 de septiembre de 2026 que resolvi(cid:243) el recurso de reposici(cid:243)n repitiendo los
defectos sustantivos del pronunciamiento recurrido al desconocer en sus consideraciones
para resolver, el principio de legalidad de los actos administrativos en firme y el principio de la
irretroactividad de los actos administrativos.
SEGUNDO: Tutelados mis derechos, se deje sin efectos el auto de fecha 27 de agosto de
2026 que neg(cid:243) la suspensi(cid:243)n provisional del acto electoral demandado y consecuentemente
el pronunciamiento de fecha 24 de septiembre de 2026 que resolvi(cid:243) el recurso de reposici(cid:243)n
en este proceso de nulidad electoral No 11001032800020260034300.
TERCERO: ORDENAR al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, secci(cid:243)n
quinta que, en el tØrmino de la decisi(cid:243)n tutelar en este proceso, profiera un nuevo
pronunciamiento dentro de la nulidad electoral No 11001032800020260034300 respecto a la
medida cautelar invocada, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la
Constituci(cid:243)n pol(cid:237)tica y la ley respecto a observar los principios generales de legalidad e
irretroactividad de los actos administrativos en firme que dieron lugar a la presente acci(cid:243)n, de
conformidad a las pruebas que se aportan sobre dicha actuaci(cid:243)n.
CUARTO: Los demÆs consecuentes y que determine este alto Tribunal »2.
1 Samai, (cid:237)ndice 2.
2 Samai, (cid:237)ndice 2.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-08141-00
Demandante: Yeny Yomaira Garz(cid:243)n
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La seæora Yeny Yomaira Garz(cid:243)n interpuso demanda en el marco del medio
de control de nulidad electoral contra el acto que declar(cid:243) la elecci(cid:243)n del seæor
Heiner de Jesœs GaitÆn Parra como representante a la CÆmara por el
departamento de Cundinamarca, periodo 2026-2030, contenido en la
Resoluci(cid:243)n E-3400 del 16 de julio de 2026, proferida por el Consejo Nacional
Electoral.
Argument(cid:243) que el seæor GaitÆn Parra particip(cid:243) en la consulta de Colombia
Humana realizada el 26 de octubre de 2025 en la que obtuvo 19.342 votos y,
fue avalado inicialmente por esa colectividad. Posteriormente, acept(cid:243) aval
otorgado por la coalici(cid:243)n «Pacto Hist(cid:243)rico Cundinamarca» y se inscribi(cid:243) en una
lista conjunta a la CÆmara.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral revoc(cid:243) la inscripci(cid:243)n de la lista de
la coalici(cid:243)n por infracci(cid:243)n del art(cid:237)culo 262 de la Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica, y permiti(cid:243)
que las agrupaciones presentaran listas independientes. En ese contexto, el 8
de febrero de 2026, el demandado acept(cid:243) el aval del Pacto Hist(cid:243)rico y modific(cid:243)
su inscripci(cid:243)n, pasando a integrar su lista a la CÆmara por Cundinamarca, sin
renunciar a su militancia en Colombia Humana. Con fundamento en estos
hechos, la actora consider(cid:243) configurada la doble militancia pol(cid:237)tica y la
infracci(cid:243)n de normas superiores.
BasÆndose en los mismos argumentos de la demanda, en escrito separado,
solicit(cid:243) como medida cautelar la suspensi(cid:243)n provisional de los efectos del acto
de elecci(cid:243)n del seæor Heiner de Jesœs GaitÆn Parra.
2.2. Por reparto le correspondi(cid:243) conocer de la demanda al Consejo de Estado,
Secci(cid:243)n Quinta, bajo el radicado 11001-03-28-000-2026-00343-00. Mediante
auto del 3 de agosto de 2026 el magistrado ponente del proceso corri(cid:243) traslado
de la solicitud de medida cautelar.
2.3. En auto del 27 de agosto del 2026, se admiti(cid:243) la demanda y se neg(cid:243) la medida
cautelar solicitada. Explic(cid:243) que, si bien se acredit(cid:243) que el demandado particip(cid:243)
en la consulta de Colombia Humana, fue avalado inicialmente por esa
colectividad y, posteriormente, acept(cid:243) el aval del Pacto Hist(cid:243)rico, no era
posible concluir, en esa etapa preliminar, que ello configurara de manera
manifiesta la doble militancia. Indic(cid:243) que era necesario profundizar en las
circunstancias del caso, en particular el acuerdo de coalici(cid:243)n «Pacto Hist(cid:243)rico
Cundinamarca» y la fusi(cid:243)n por absorci(cid:243)n de Colombia Humana en el Pacto
Hist(cid:243)rico, aprobada por el CNE.
AdemÆs, advirti(cid:243) la necesidad de examinar el alcance del parÆgrafo del
art(cid:237)culo 2 de la Ley 1475 de 2011, que contempla una excepci(cid:243)n para los
miembros de organizaciones que sean disueltas por decisi(cid:243)n de sus
integrantes o pierdan su personer(cid:237)a por causas distintas de sanciones legales.
2.4. La seæora Garz(cid:243)n interpuso recurso de reposici(cid:243)n en contra del auto del 27
de agosto del 2026. Argument(cid:243) que estaba demostrada la doble militancia en
la que incurri(cid:243) el demandado y por ende la suspensi(cid:243)n provisional del acto de
elecci(cid:243)n era procedente.
2.5. Mediante auto del 24 de septiembre de 2026, el magistrado ponente de la
Secci(cid:243)n Quinta del Consejo de Estado decidi(cid:243) no reponer el auto del 27 de
agosto de 2026, por considerar que en esa etapa procesal no se contaba con
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Demandante: Yeny Yomaira Garz(cid:243)n
la claridad suficiente para concluir que incurri(cid:243) en la prohibici(cid:243)n de doble
militancia. Indic(cid:243) que era necesario analizar el alcance del acuerdo de
coalici(cid:243)n por el que inicialmente fue postulado el demandado, pues en ese
instrumento se condicion(cid:243) que el Pacto Hist(cid:243)rico asumir(cid:237)a como propias las
candidaturas presentadas por Colombia Humana, al reconocimiento de la
fusi(cid:243)n se encontraba en trÆmite.
Explic(cid:243) que, no desconoce que la revocatoria de la lista de la coalici(cid:243)n Pacto
Hist(cid:243)rico disolvi(cid:243) su vigencia. Sin embargo, desde el 16 de noviembre de
2025, antes de la inscripci(cid:243)n del elegido, la agrupaci(cid:243)n Colombia Humana
acord(cid:243) fusionarse con el Pacto Hist(cid:243)rico.
Aclar(cid:243) que en la sentencia deberÆn analizarse los efectos de la fusi(cid:243)n.
Espec(cid:237)ficamente, si la misma implicaba que los partidos que formaban la
coalici(cid:243)n deb(cid:237)an actuar como una sola fuerza pol(cid:237)tica durante el periodo. De
ah(cid:237) que resulte necesario analizar las circunstancias previas y concomitantes
de la fusi(cid:243)n por absorci(cid:243)n de Colombia Humana por el Pacto Hist(cid:243)rico para
establecer si ello exceptœa al demandado de la aplicaci(cid:243)n de la prohibici(cid:243)n de
doble militancia en el caso concreto.
3. Fundamentos de la acci(cid:243)n
De manera preliminar, la parte demandante manifest(cid:243) que la solicitud de amparo
cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acci(cid:243)n de tutela contra
providencias judiciales.
En cuanto al fondo del asunto, aleg(cid:243) que los autos del 27 de agosto de 2026 y 24
de septiembre de 2026, proferidos en el medio de control de nulidad electoral
11001-03-28-000-2026-00343-00 adolecen de los siguientes vicios:
3.1. Defecto fÆctico: sostuvo que estÆ probado que en la Resoluci(cid:243)n No 0862
expedida el 6 de febrero de 2026 el Consejo Nacional Electoral dej(cid:243) sin validez
ni efectos el acuerdo de coalici(cid:243)n firmado entre el Pacto Hist(cid:243)rico y Colombia
Humana. Afirm(cid:243) que la Sala insiste en realizar un anÆlisis de dicha coalici(cid:243)n
desconociendo que no tiene vigencia ni efectos jur(cid:237)dicos.
3.2. Defecto sustantivo: hizo un recuento de los elementos sustanciales que
hab(cid:237)a aportado en la solicitud de suspensi(cid:243)n provisional del acto de elecci(cid:243)n
del seæor Heiner de Jesœs GaitÆn Parra, para demostrar que, conforme al
art(cid:237)culo 277 del CPACA, era deber de la Secci(cid:243)n Quinta del Consejo de Estado
decretar la medida cautelar solicitada, al encontrar acreditados los requisitos
seæalados por la norma.
Seæal(cid:243) que se hab(cid:237)an desconocido los principios de legalidad y de
irretroactividad de los actos administrativos en firme consagrados en la
Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica.
3.3. Desconocimiento del precedente judicial: indic(cid:243) que los autos atacados
desconocieron varias decisiones del Consejo de Estado que disponen la
irretroactividad en materia electoral. Cit(cid:243) la Sentencia de Unificaci(cid:243)n SU-
00031 de 2019 del Consejo de Estado, Sala Plena; la sentencia proferida en
el expediente 11001-03-28-000-2016-00025-00 por el Consejo de Estado,
Secci(cid:243)n Quinta, y la Sentencia T-371 de 2024 de la Corte Constitucional.
Consider(cid:243) que no era adecuado aplicar el parÆgrafo del art(cid:237)culo 2 de la Ley
1475 de 2011 al caso, pues la resoluci(cid:243)n 1299 expedida el 3 de marzo de 2026
era posterior a la inscripci(cid:243)n realizada por el demandado el 8 de febrero de
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Demandante: Yeny Yomaira Garz(cid:243)n
2026. A su parecer, la excepci(cid:243)n legal de doble militancia solo es aplicable a
la etapa de inscripci(cid:243)n de la candidatura.
4. TrÆmite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 7 de octubre de 20263, el despacho ponente admiti(cid:243) la acci(cid:243)n de
tutela presentada por la seæora Yeny Yomaira Garz(cid:243)n contra el Consejo de
Estado Secci(cid:243)n Quinta. Se orden(cid:243) notificar en calidad de terceros con interØs
al seæor Heiner de Jesœs GaitÆn Parra (demandado en el proceso de nulidad
electoral); al Ministerio Pœblico, a la Agencia Nacional de Defensa Jur(cid:237)dica del
Estado y al Consejo Nacional Electoral terceros vinculados en el medio de
control 11001-03-28-000-2026-00343-00. Asimismo, se orden(cid:243) a la Secretar(cid:237)a
General de la corporaci(cid:243)n, que notificara a los terceros con interØs a la
direcci(cid:243)n de notificaciones aportada en el marco del proceso ordinario y para
que garantizara el acceso al expediente 11001-03-28-000-2026-00343-00.
4.2. La Secretar(cid:237)a de la Secci(cid:243)n Quinta del Consejo de Estado4 remiti(cid:243) enlace
de consulta del proceso 11001-03-28-000-2026-00343-00 en el aplicativo Samai.
4.3. El magistrado ponente del proceso 11001-03-28-000-2026-00343-00 de la
Secci(cid:243)n Quinta del Consejo de Estado5 hizo un recuento de los argumentos
contenidos en la demanda de nulidad electoral y en los autos cuestionados
con la acci(cid:243)n de tutela.
De entrada, explic(cid:243) que no es cierto que la Sala «ten(cid:237)a clara y probada la doble
militancia del demandado» como afirma la actora. Seæal(cid:243) que para determinar la
doble militancia se requiere analizar las particularidades y contexto del caso.
Indic(cid:243) que, desde el 16 de noviembre de 2025, antes de la inscripci(cid:243)n de la
candidatura del demandado, la Asamblea Nacional Extraordinaria de
Colombia Humana ratific(cid:243) su decisi(cid:243)n de fusionarse con el Pacto Hist(cid:243)rico, y
que con posterioridad a la postulaci(cid:243)n el Consejo Nacional Electoral aprob(cid:243) la
fusi(cid:243)n y dispuso la disoluci(cid:243)n de Colombia Humana.
Sostuvo que la aprobaci(cid:243)n de la fusi(cid:243)n es un aspecto nodal que resulta
necesario analizar en la sentencia como una circunstancia bajo la cual se
desarrollaron las postulaciones de estas agrupaciones pol(cid:237)ticas, en aras de
determinar si la fusi(cid:243)n de Colombia Humana exceptœa al demandado de las
prohibiciones alegadas. Por otro lado, seæal(cid:243) que en el auto del 24 de
septiembre de 2026 resolvi(cid:243) los reparos de la reposici(cid:243)n, teniendo en cuenta
las pruebas aportadas por la actora y explicÆndole las razones por las cuales
era necesario analizar la fusi(cid:243)n por absorci(cid:243)n de Colombia Humana al Pacto
Hist(cid:243)rico como circunstancia previa y concomitante.
De otro lado, consider(cid:243) que la controversia no tiene relevancia constitucional,
pues la accionante pretende utilizar la tutela como tercera instancia, para
revivir un debate jur(cid:237)dico propio del proceso ordinario. Seæal(cid:243) que la
accionante se enfoca en censurar las razones por las cuales la Sala consider(cid:243)
que la infracci(cid:243)n alegada deb(cid:237)a resolverse en el pronunciamiento de fondo, sin
advertir algœn yerro protuberante de la valoraci(cid:243)n jur(cid:237)dica y probatoria.
TambiØn asegur(cid:243) que no se configuran los defectos invocados. Frente a los
defectos sustantivo y fÆctico explic(cid:243) que s(cid:237) tuvo en cuenta la Resoluci(cid:243)n 0862
de 2026, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral revoc(cid:243) la lista de
candidatos inscrita por coalici(cid:243)n entre Colombia Humana y el Pacto Hist(cid:243)rico.
3 Samai, (cid:237)ndice 4.
4 Samai, (cid:237)ndices 10.
5 Samai, (cid:237)ndice 11.
4
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Demandante: Yeny Yomaira Garz(cid:243)n
Pero que tambiØn valor(cid:243) otros acontecimientos, como la Asamblea Nacional
Extraordinaria de Colombia Humana, llevada a cabo el 16 de noviembre de
2025, donde el (cid:243)rgano competente de esa colectividad ratific(cid:243) su decisi(cid:243)n de
fusionarse con el Pacto Hist(cid:243)rico y la posterior aprobaci(cid:243)n de la fusi(cid:243)n.
Frente al defecto por desconocimiento del precedente, sostuvo que carece de
un sustento adecuado, pues la actora se refiere a providencias que resolvieron
asuntos relacionados con la confianza leg(cid:237)tima y la presunci(cid:243)n de legalidad de
los actos administrativos, sin exponer las razones por las que la sala
desconoci(cid:243) tales pronunciamientos en el caso concreto. Por todo lo anterior,
solicit(cid:243) declarar improcedente la acci(cid:243)n de tutela por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.
De manera subsidiaria, solicit(cid:243) negar las pretensiones por no configurarse los
defectos invocados.
4.4. El seæor Heiner de Jesœs GaitÆn Parra6, a travØs de apoderado judicial, se
opuso a las pretensiones de la acci(cid:243)n de tutela. Consider(cid:243) que los argumentos
del escrito de tutela se orientan a reabrir la discusi(cid:243)n sobre el alcance de las
resoluciones 0862 y 0920 de 2026 del Consejo Nacional Electoral, el
formulario E-7 del 8 de febrero de 2026, la consulta del 26 de octubre de 2025
y la Resoluci(cid:243)n 1299 del 3 de marzo de 2026.
Afirm(cid:243) que esta discusi(cid:243)n pertenece al Æmbito del proceso electoral y que no
se convierte en un asunto de relevancia constitucional por ser presentada
como defectos sustantivo y fÆctico.
Seæal(cid:243) que la acci(cid:243)n de tutela tampoco cumple con el requisito de
subsidiariedad, puesto que el proceso de nulidad electoral sigue en curso ante
el Consejo de Estado. Indic(cid:243) que la autoridad judicial seæal(cid:243) expresamente
que volverÆ sobre los aspectos controvertidos al proferir sentencia, una vez
agotado el debate probatorio.
Explic(cid:243) que «la controversia aœn debe ser resuelta por el juez natural y no puede anticiparse
su decisi(cid:243)n mediante la tutela, cuando el proceso ordinario ofrece el escenario judicial previsto
para examinar integralmente los cuestionamientos de la accionante». Aæadi(cid:243) que la
acci(cid:243)n de tutela no puede ser utilizada para sustituir los mecanismos judiciales
ni para pretermitir etapas establecidas en el proceso contencioso
administrativo.
Sostuvo que la accionante no demostr(cid:243) que la decisi(cid:243)n cuestionada carezca
de fundamento probatorio y que el defecto sustantivo tampoco se configura
por la sola discrepancia con la interpretaci(cid:243)n jur(cid:237)dica utilizada por el juez
natural. Concluy(cid:243) que no se logr(cid:243) acreditar que las providencias judiciales
adolecieran de un defecto o error judicial con incidencia determinante en la
vulneraci(cid:243)n de sus derechos fundamentales. Por lo anterior, solicit(cid:243) declarar
improcedente la acci(cid:243)n de tutela o, subsidiariamente, negar el amparo
solicitado.
4.5. El Consejo Nacional Electoral7 manifest(cid:243) que no resulta posible
jur(cid:237)dicamente atribuirle responsabilidad por ninguna de las situaciones
expuestas en el escrito de tutela, por lo que se configura la falta de legitimaci(cid:243)n
en la causa por pasiva. Puso de presente que no tiene competencia material
para modificar o controvertir las decisiones adoptadas por la Secci(cid:243)n Quinta
del Consejo de Estado. Finalmente, solicit(cid:243) su desvinculaci(cid:243)n de la acci(cid:243)n de
tutela.
6 Samai, (cid:237)ndice 12.
7 Samai, (cid:237)ndice 14.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-08141-00
Demandante: Yeny Yomaira Garz(cid:243)n
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acci(cid:243)n de tutela
La acci(cid:243)n de tutela, consagrada en el art(cid:237)culo 86 de la Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19918, fue concebida como un mecanismo
para la protecci(cid:243)n inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneraci(cid:243)n, por la acci(cid:243)n u omisi(cid:243)n de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Cuesti(cid:243)n previa
El Consejo Nacional Electoral manifest(cid:243) que carece de legitimaci(cid:243)n en la causa por
pasiva y, consecuentemente, solicit(cid:243) su desvinculaci(cid:243)n del trÆmite de tutela. La
Sala negarÆ la referida solicitud de desvinculaci(cid:243)n, ya que la comparecencia de la
mencionada autoridad en este proceso constitucional no obedece a una
competencia para satisfacer las pretensiones de la demanda ni a que se le atribuyan
los hechos que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales de la parte
accionante.
Tal como se indic(cid:243) en el auto admisorio de la tutela, la vinculaci(cid:243)n se dispuso en
calidad de tercero, ante el posible interØs que le pudiera suscitar el resultado de
este proceso, dada su condici(cid:243)n de sujeto procesal en el medio de control de
nulidad electoral 11001-03-28-000-2026-00343-00, en el que actœa como autoridad
vinculada. As(cid:237) las cosas, la mencionada calidad justifica la vinculaci(cid:243)n de esta
entidad como tercero con interØs en esta acci(cid:243)n de tutela en los tØrminos del art(cid:237)culo
13 del Decreto 2591 de 1991.
3. La acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales
La acci(cid:243)n de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y as(cid:237) lo han reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acci(cid:243)n.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que, cuando se
interpone la acci(cid:243)n de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonom(cid:237)a e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acci(cid:243)n contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentaci(cid:243)n del vicio que se atribuye a las decisiones
judiciales objeto de tutela y el anÆlisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse œnicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
4. Planteamiento del problema jur(cid:237)dico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acci(cid:243)n de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la acci(cid:243)n de
8 Decreto 2591 de 1991, Art. 1”: «Toda persona tendrÆ acci(cid:243)n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s(cid:237) misma o por quien actœe en su nombre, la protecci(cid:243)n
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acci(cid:243)n o la omisi(cid:243)n de cualquier autoridad pœblica o de los particulares en los casos que seæala este decreto».
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tutela interpuesta por Yeny Yomaira Garz(cid:243)n cumple a cabalidad con los requisitos
generales de procedibilidad, particularmente el de la subsidiariedad.
Solo en caso de superar dicho anÆlisis, se determinarÆ si en el medio de control de
nulidad electoral 11001-03-28-000-2026-00343-00 la autoridad judicial accionada
incurri(cid:243) en los defectos alegados por la parte actora.
5. Requisito de la subsidiariedad de la acci(cid:243)n de tutela
De conformidad con el art(cid:237)culo 86 de la Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acci(cid:243)n de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «solo procederÆ cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
A su turno, el art(cid:237)culo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acci(cid:243)n de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Del carÆcter subsidiario de la acci(cid:243)n de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protecci(cid:243)n de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acci(cid:243)n de tutela, claro estÆ, siempre que estos
sean id(cid:243)neos y eficaces. Por tanto, la acci(cid:243)n de tutela solo procede cuando no
existen otros medios de defensa id(cid:243)neos para amparar los derechos fundamentales
invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procederÆ como mecanismo transitorio de protecci(cid:243)n.
As(cid:237) las cosas, la tesis de la Secci(cid:243)n consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial id(cid:243)neo y eficaz no es procedente la acci(cid:243)n de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en
funci(cid:243)n del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante. En ese estudio tambiØn debe analizarse la existencia o no de un
perjuicio irremediable, en los tØrminos del numeral 1” del art(cid:237)culo 6 del Decreto 2591
de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
De esta forma, el carÆcter subsidiario y residual de la acci(cid:243)n de tutela ha servido
para restringir su procedencia, dado que el sistema jur(cid:237)dico permite a las personas
valerse de diversos medios de defensa que pueden ser eficaces para la defensa de
sus derechos9.
Y si bien la regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general para
determinar la procedencia de la acci(cid:243)n de tutela, el juez constitucional puede llegar
a intervenir en algunos casos en los que se demuestre que no existe otro medio de
defensa; que a pesar de existir no es id(cid:243)neo, ni eficaz; que se pretende evitar un
perjuicio irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protecci(cid:243)n
constitucional. Lo anterior, en consideraci(cid:243)n a que la finalidad de la acci(cid:243)n de
amparo es la protecci(cid:243)n de derechos fundamentales.
En conclusi(cid:243)n, para la procedencia de la acci(cid:243)n de tutela cuando exista otro medio
de defensa, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e idoneidad del
otro medio o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable. Circunstancias que
son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del amparo constitucional.
Ahora bien, al estudiar el requisito de subsidiariedad en materia de tutela contra
providencia judicial, pueden suceder dos escenarios: que el proceso haya
concluido o que el proceso judicial se encuentre en curso. En principio, si el
9 Corte Constitucional. Sentencia T-301 de 2009.
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proceso se encuentra en curso, la intervenci(cid:243)n del juez de tutela estÆ vedada,
por virtud del principio de subsidiariedad, que seæala que la tutela no es un
mecanismo alternativo o paralelo a los legalmente establecidos.
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-113 de 2013, seæal(cid:243) que «si el
proceso se encuentra en curso la intervenci(cid:243)n del juez constitucional estÆ en principio vedada,
pues como se sabe la acci(cid:243)n de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede
resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneraci(cid:243)n de
derechos fundamentales».
Y en la Sentencia T-126 de 2019, indic(cid:243) que «no es dable la intromisi(cid:243)n de la jurisdicci(cid:243)n
constitucional en la (cid:243)rbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas
especial(cid:237)simas circunstancias que hacen procedente el amparo».
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que ten(cid:237)a a su disposici(cid:243)n, pues de lo
contrario la tutela deviene improcedente.
6. AnÆlisis del caso
6.1. Por regla general, tratÆndose de tutela contra providencia judicial, no se
cumple con el requisito de subsidiariedad en los eventos en que el proceso
judicial continœa en curso. Justamente, en el caso la Sala considera que no se
cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que el medio de control en el
cual se profirieron los dos autos controvertidos aœn se encuentra en
trÆmite. Luego, le corresponde a la parte actora ejercer la defensa de sus
derechos en el referido medio de control.
No se desconoce que la seæora Yeny Yomaira Garz(cid:243)n interpuso recurso de
reposici(cid:243)n contra el auto del 27 de agosto de 2026, que, entre otras cosas,
neg(cid:243) la medida cautelar solicitada. Aunque se ejerci(cid:243) tal recurso dentro del
medio de control, lo cierto es que el debate sustancial en torno a si el seæor
Heiner de Jesœs GaitÆn Parra incurri(cid:243) en la prohibici(cid:243)n de doble militancia
prevista en el art(cid:237)culo 107 constitucional, y desarrollada por el art(cid:237)culo 2 de la
Ley 1475 de 2011 aœn sigue en curso.
En este punto, ni siquiera se ha realizado audiencia inicial, por lo que la
accionante cuenta con diversas etapas en las que podrÆ exponer ante el juez
natural los argumentos planteados en el escrito de tutela.
Por lo tanto, al encontrarse en curso el debate judicial no podr(cid:237)a concluirse
que ya se agotaron todos los mecanismos de defensa existentes en el
ordenamiento jur(cid:237)dico. Por el contrario, que el trÆmite judicial no haya
culminado demuestra que existe otro mecanismo de defensa judicial diferente
a la tutela, en el que deben resolverse las inconformidades de la parte actora.
Desconocer lo anterior, ser(cid:237)a desatender la existencia de los mecanismos de
defensa dispuestos en los procesos ordinarios o especiales, lo que no
responde a la naturaleza y prop(cid:243)sito de la acci(cid:243)n de tutela. Sobre este punto,
la jurisprudencia constitucional ha reiterado que cuando el proceso judicial se
encuentra en trÆmite la acci(cid:243)n de tutela es improcedente.
En palabras de la Corte Constitucional, «la intervenci(cid:243)n del juez constitucional estÆ
vedada, toda vez que la acci(cid:243)n de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo
para resolver problemas jur(cid:237)dicos que deben ser resueltos al interior del trÆmite ordinario»10
(Negrillas propias). Lo anterior, porque considera que:
10 Corte Constitucional. Sentencia T -600 de 2017.
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«Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de
protecci(cid:243)n de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene
que ver con las garant(cid:237)as del debido proceso. Es en este sentido que la sentencia C-543 de
1992 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos,
el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes’.
Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneraci(cid:243)n o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en
principio, el ordenamiento jur(cid:237)dico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para
corregir durante su trÆmite las irregularidades procesales que puedan afectarle»11.
6.2. Con todo, es preciso observar que se pueden presentar casos excepcionales
en los que a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial es posible
que la tutela proceda como mecanismo transitorio. Y esto obedece a que la
existencia de un medio judicial ordinario no necesariamente significa la
improcedencia de la acci(cid:243)n de tutela.
Sin embargo, en el caso no se configuran tales eventos excepcionales, debido
a que no existe un perjuicio irremediable en los tØrminos dispuestos por la
jurisprudencia constitucional, es decir una afectaci(cid:243)n grave, inminente y que
requiera medidas impostergables.
El desacuerdo con que no se haya decretado la suspensi(cid:243)n provisional del
acto no significa la existencia de un perjuicio irremediable. De aceptar ese
razonamiento, habr(cid:237)a que concluir que cualquier decisi(cid:243)n judicial que no
comparta una parte implica la existencia de un perjuicio de esa naturaleza.
Conclusi(cid:243)n que a todas luces carece de razonabilidad.
Por lo tanto, se considera que en el caso no se configuran las condiciones
necesarias para que la tutela proceda como mecanismo transitorio y,
consecuentemente, no existe raz(cid:243)n vÆlida que permita la procedencia
excepcional de la tutela en el caso.
6.3. Por œltimo, se recuerda que en los eventos en que se pretende cuestionar una
decisi(cid:243)n judicial a travØs de la tutela su procedencia estÆ sujeta a que se
cumplan a cabalidad los requisitos generales. Tal obligaci(cid:243)n no es producto
del capricho o del deseo de privilegiar las formas sobre los derechos
sustanciales. Los requisitos de procedibilidad obedecen a que al cuestionar
una decisi(cid:243)n proferida por un juez mediante la acci(cid:243)n de tutela
automÆticamente entran en juego los principios de independencia, autonom(cid:237)a
funcional y juez natural.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisi(cid:243)n judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumpla
con rigor cada uno de los requisitos seæalados jurisprudencialmente.
En armon(cid:237)a con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales estÆ sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo.
Es condici(cid:243)n imprescindible para analizar los defectos propuestos por la parte
actora que todos los presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo as(cid:237)
serÆ procedente proseguir al segundo estadio de anÆlisis consistente en
determinar si la autoridad judicial accionada incurri(cid:243) en los defectos
planteados por la tutelante.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-103 de 2014.
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7. Conclusi(cid:243)n
Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
subsidiariedad de la acci(cid:243)n de tutela. En consecuencia, se declararÆ la
improcedencia de la acci(cid:243)n de tutela.
En mØrito de lo expuesto, la Secci(cid:243)n Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
Repœblica y por autoridad de la ley,
FALLA
1. NEGAR la solicitud de desvinculaci(cid:243)n del Consejo Nacional Electoral, de
acuerdo con lo establecido en la parte considerativa de este fallo.
2. DECLARAR IMPROCEDENTE la acci(cid:243)n de tutela promovida por la seæora Yeny
Yomaira Garz(cid:243)n, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
3. NOTIFICAR la presente decisi(cid:243)n a los interesados, por el medio mÆs expedito.
4. PUBLICAR la presente decisi(cid:243)n en la pÆgina web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisi(cid:243)n.
Notif(cid:237)quese y cœmplase,
Esta sentencia se estudi(cid:243) y aprob(cid:243) en sesi(cid:243)n celebrada en la fecha.
(Firmado electr(cid:243)nicamente) (Firmado electr(cid:243)nicamente)
LUIS ANTONIO RODR˝GUEZ MONTA(cid:209)O MYRIAM STELLA GUTI(cid:201)RREZ ARG(cid:220)ELLO
Presidente
(Firmado electr(cid:243)nicamente) (Firmado electr(cid:243)nicamente)
WILSON RAMOS GIR(cid:211)N CLAUDIA RODR˝GUEZ VEL`SQUEZ
Este documento fue firmado electr(cid:243)nicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a travØs de la siguiente
direcci(cid:243)n electr(cid:243)nica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
10
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260814100/FF1D031DDB2B0D302D56F6A6FC659E44F0F144A9DB9E0C8BF88474B5F298E2B5/2

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