Legalidad liquidación horas extras – Fecha Publicación: 29/10/2026

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05822-01
Demandante: Sandra Ximena Tapia Acuria
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 29 de octubre de 2026
Referencia: Acción de tutela
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05822-01
Demandante: SANDRA XIMENA TAPIA ACURIA
Demandada: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Liquidación de horas extras y recargos
nocturnos conforme al Decreto 1042 de 1978. Defectos fácticos,
sustantivo y por desconocimiento del precedente. Procedencia de la
acción de tutela. Deniega
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 20
de agosto de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que resolvió:
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la señora Sandra
Ximena Tapia Acuria frente a los cargos por defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente vertical y, NEGAR el defecto por desconocimiento del precedente horizontal.
(…)
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 24 de julio de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la señora Sandra Ximena Tapia Acuria pidió la protección de sus derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 8
de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que revocó
la decisión de primera instancia, para, en su lugar, denegar las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-005-2024-
00071-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1) Se amparen los derechos fundamentales de Igualdad, Debido Proceso y de acceder a la
Administración de Justicia, contemplados en los artículos 13, 29, y 229 de la Constitución Política, y
cualquier otro derecho que se considere en este caso, se le están violando a mi mandante, la señora
SANDRA XIMENA TAPIA ACURIA, y aquellos que se encuentren en efectiva amenaza con ocasión de
las actuaciones irregulares que en este caso el Tribunal Contencioso del Valle del Cauca ha incurrido.
2) Que en aras a restablecer el derecho al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración
de justicia de mi mandante, se ordene dejar sin efectos la Sentencia # 84, proferida el 08 de Abril de
2026, proferida por la Sala del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca conformada por los
Magistrados: Dr. VICTOR ADOLFO HENÁNDEZ DÍAZ; DRA. ZORANNY CASTILLO OTÁLORA y DR.
ANDRÉS GONZÁLEZ ARANGO, quienes resolvieron revocar la sentencia # 219 del 30 de septiembre
de 2025, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Oral de Cali; aduciendo para tal
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05822-01
Demandante: Sandra Ximena Tapia Acuria
efecto que no se aportó una certificación sobre la fórmula utilizada por el Ente demandado para liquidar
las horas extras.
3) Que, como consecuencia de lo anterior, se Ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que en el marco de sus competencias, emita una nueva providencia subsanando los defectos
detectados; para tal efecto, se le ordene dar aplicación a las fórmulas matemáticas establecidas en el
Decreto 1042 de 1978 y en los preceptos jurisprudenciales emitidos por el Consejo de Estado en los
Fallos Jurisprudenciales que fueron invocados por el demandante en su escrito de la demanda.
Recordándole que está obligada a efectuar el análisis matemático con base a la información contenida
en tabulado de salarial que le fue aportado por el demandante; tal como fue realizado por el Juez de
primera instancia, y tal como el mismo Tribunal Accionado lo ha hecho para resolver este mismo caso
en favor de otros Agentes de Tránsito, que hicieron la misma demanda.
4) Subsecuentemente con lo anterior, se ordene confirmar la sentencia # 219 del 30 de septiembre de
2025, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Oral de Cali, la cual accedió a las
pretensiones de la demanda.
5) Advertir al Tribunal Contencioso del Valle del Cauca, que no vuelva a incurrir en esta práctica
discriminatoria y violatoria del debido proceso y demás derechos fundamentales; para que en lo
sucesivo y al momento de resolver casos idénticos o similares, proceda a emitir fallos con igualdad
material, formal, sustancial y con base a las operaciones aritméticas y fórmulas que le ha determinado
la Ley y la Jurisprudencia.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
Manifestó la tutelante que pertenece a la planta de personal del Distrito de Santiago de
Cali, que se encuentra adscrita a la Secretaría de Movilidad como agente de tránsito. Que
prestó sus servicios por fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en turnos periódicos de
horarios nocturnos, festivos y dominicales que fueron liquidados sobre 240 horas al mes,
pese a que debió ser sobre 190 horas, como ordenaba el Decreto 1042 de 1978.
Que, por lo anterior, el 10 de enero de 2023, radicó una petición ante el distrito de
Santiago de Cali para que se aplicara el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978. Que, sin
embargo, la entidad no se pronunció.
3.2. Actuación judicial
La señora Sandra Ximena Tapia Acuria promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Secretaría de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali, para que
se declarara la nulidad del acto ficto que, a su juicio, se había configurado porque no
recibió respuesta a la petición que elevó el 10 de enero de 2023. A título de
restablecimiento del derecho, pidió que se le reconocieran y pagaran las horas extras
laboradas en horarios diurnos y nocturnos y los compensatorios por laborar los domingos
y festivos; que se le reliquidaran y pagaran las diferencias de los aportes a pensión y
cesantías; que las sumas reconocidas fueran indexadas y que se le reconocieran
intereses moratorios.
La demanda se adelantó bajo el radicado 76001-33-33-005-2024-00071-00 y
correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Cali que, por sentencia anticipada del
30 de septiembre de 2025, declaró la nulidad del acto ficto demandado y la prescripción
de los derechos prestacionales y económicos causados con anterioridad al 10 de agosto
de 2020; además, condenó a la entidad demandada a pagar a la demandante las
diferencias que se causaran con la reliquidación de las horas extras y el trabajo
suplementario y le ordenó que en adelante se las liquidara con base en los parámetros
que se desarrollaron en esa providencia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05822-01
Demandante: Sandra Ximena Tapia Acuria
Señaló que, pese a que la entidad demandada expidió varios actos relacionados con el
trámite de la petición elevada por la accionante, los mismos no contenían una respuesta
definitiva ni de fondo, por lo que, a su juicio, se había configurado el acto ficto presunto
negativo.
Que se encontraba probado, con el único desprendible de pago aportado correspondiente
al mes de abril de 2023, que la demandante prestó su servicio en el marco de una jornada
de trabajo mixta y por turnos que superaron las 44 horas semanales, que, como
consecuencia de ello, percibió remuneración por horas extras, recargos nocturnos y por
labores prestadas los domingos y festivos.
Que el pago de las horas extras y el trabajo suplementario percibido por la demandante
había sido liquidado con base en 240 horas y no sobre 190 horas, por lo que el sistema
de cálculo empleado por la entidad demandada resultaba errado y afectaba los derechos
de la accionante, de acuerdo con la línea jurisprudencial reiterada en la sentencia del 25
de noviembre de 2021, dictada por el Consejo de Estado1, sobre la liquidación de horas
extras y del trabajo suplementario conforme con el Decreto 1042 de 1978.
Inconformes, las partes presentaron recurso de apelación; por un lado, la demandante
dijo que se había desconocido que la discrepancia no radicaba en los montos de los
porcentajes aplicados, sino en el valor de cada hora extra liquidada y pagada en todas
las jornadas adicionales y extralaborales. Que no se reconoció la sanción moratoria que
se causó por el pago incompleto de cesantía. Que los pagos por la prestación del servicio
de domingos y festivos debían realizarse en efectivo, porque excedían el límite máximo
de días de descanso permitido, y que se debía condenar en costas a la entidad
demandada.
Por otro lado, el distrito de Santiago de Cali adujo que se había incurrido en indebida
valoración probatoria porque no se había configurado el silencio administrativo negativo,
debido a que en el expediente reposaban dos oficios con los que dio respuesta a la
demandante.
Que no se constató si la accionante contaba con autorización para realizar trabajo
suplementario durante los periodos reclamados; si pertenecía al nivel y grado que
permitía el pago de horas extras; cuántas horas extra laboró y si hubo compensatorio por
ellas. Que en el expediente no obraban pruebas que acreditaran esos presupuestos.
Que se había transgredido el debido proceso al dar trámite de sentencia anticipada al
asunto. Que había operado la caducidad porque los oficios que respondieron la petición
de la demandante se notificaron el 5 y 26 de septiembre de 2023 y la demanda se radicó
el 2 de abril de 2024.
Que el hecho de que un empleado público laborara los sábados, domingos y festivos no
implicaba que debía pagársele horas extras, porque podía hacer parte de su turno
ordinario compensado con descansos en otros días.
Por sentencia del 8 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó
la decisión apelada, para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda, al
considerar que no obraban pruebas que acreditaran la forma en que se había liquidado
el trabajo suplementario, horas extras, dominicales y festivos reconocidos a la
demandante, que permitiera arribar a la conclusión de que había sido conforme con la
jornada laboral de 240 horas, como lo había estimado el a quo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
1 Radicado: 25000-23-42-000-2018-01501-01(2362-21)
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La parte demandante nada dijo sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del
asunto, alegó que la sentencia cuestionada incurrió en los siguientes vicios de fondo:
Defecto fáctico porque el tribunal demandado ignoró que el proceso ordinario era de
carácter laboral, por lo que debía proveer una especial protección de sus derechos
laborales y dar valor probatorio a los medios de convicción aportados al expediente. Dijo
que ante la duda debió solicitar de oficio los documentos que estimara ausentes, para
poder llevar a cabo un juicio justo y decidir con base en la realidad fáctica.
Que el tribunal demandado desconoció que el juzgado de instancia determinó que el
asunto era de puro derecho y que las pruebas que solicitó resultaban innecesarias,
impertinentes, inconducentes o inútiles, pese a que con la demanda pidió que se oficiará
a la entidad demandada para que allegara: i) programación de turnos, ii) certificaciones
laborales, iii) reportes de jornadas y, iv) documentos relativos a pagos y liquidaciones.
Que lo anterior era contrario a los postulados de buena fe, confianza legítima y lealtad
procesal.
Defecto sustantivo debido a que no se interpretó correctamente el material probatorio
aportado con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que sirvió para que
el juez de primera instancia del proceso ordinario evidenciara la liquidación incorrecta de
sus horas extras.
Dijo que la autoridad judicial demandada fundamentó su decisión en la carencia de una
certificación que le señalara la fórmula que se empleó para la liquidación de las horas
extras, los recargos nocturnos y festivos, pese a que ese certificado era imposible de
obtener, porque esas operaciones eran realizadas por un software informático, al que
solo se le debían suministrar datos y el sistema arrojaba los valores a pagar. Que lo
anterior evidenciaba una exigencia probatoria excesiva e imposible de cumplir.
Que se había omitido dar el valor probatorio al certificado de pago aportado al proceso,
que contenía los valores, porcentajes y cantidades de horas laboradas, que permitía, a
través de una división matemática, establecer el factor de la liquidación correspondiente
a los valores pagados. Que esa fórmula matemática había sido establecida por la ley y la
jurisprudencia.
Que el tribunal demandado estaba en la obligación de realizar las correspondientes
operaciones matemáticas que permitieran evidenciar que los cálculos mostrados en la
demanda y en la sentencia de primera instancia estaban ajustados a los parámetros
fijados por el Consejo de Estado.
Que, en ese orden, la autoridad judicial demandada omitió su deber de elaborar un juicio
justo sobre el debate probatorio y solo se excusó en la falta de una certificación para no
acceder a sus pretensiones. Que el litigio no dependía de una certificación, sino de la
revisión de las operaciones aritméticas que debieron ser revisadas por el fallador con
base en el único elemento probatorio existente.
Desconocimiento del precedente fijado: i) por el Consejo de Estado, que no identificó,
relacionado con:
• La jornada máxima de los empleados públicos territoriales;
• El reconocimiento del trabajo suplementario;
• Y la remuneración derivada de jornadas especiales y turnos de disponibilidad.
• La forma de liquidar dicho trabajo.
(sic) para toda la cita
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ii) en la sentencia del 26 de septiembre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, en el
proceso con radicado 41001-23-22-000-2020-00773-02, en la que, según la parte actora,
se reiteró:
• la obligación de reconocer jornadas suplementarias;
• y la necesidad de remunerar el tiempo de disponibilidad cuando exista restricción efectiva del
tiempo del trabajador.
• Especialmente ilustra la forma como se deben liquidar dichas jornadas extras.
(sic) para toda la cita
iii) en la sentencia del 30 de enero de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en el proceso con radicado 25000-23-25-000-2011-00487-01
(3603-2016), que, según la tutelante, afirmaba que la permanencia del servicio no
eliminaba el derecho al reconocimiento del trabajo suplementario.
Por otro lado, la Sala advierte que, si bien la parte actora no identificó el siguiente
argumento dentro del cargo por desconocimiento del precedente, lo cierto es que su
apoderado señaló que el tribunal demandado en otros procesos con supuestos fácticos
idénticos decidió favorablemente las pretensiones de los demandantes, que tenía
conocimiento sobre ello porque ejerció la representación judicial de la parte accionante
en esos procesos. Como sustento de esas afirmaciones, identificó los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicados 76001-33-33-005-2024-00058-01,
76001-33-33-001-2025-00035-01, 76001-33-33-001-2025-00048-01, 76001-33-33-016-
2025-00046-01.
5. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ponente de la sentencia
cuestionada, adujo que la providencia del 8 de abril de 2026 fue proferida con estricto
apego a la norma y la jurisprudencia aplicable. Que la vulneración de los derechos
fundamentales reclamados no ocurrió.
Que no incurrió en los defectos alegados por la accionante, porque su decisión no fue
arbitraria ni discriminatoria. Que la demandante fue quien no cumplió con la carga
probatoria que le correspondía y que pretendía reabrir un debate procesal que ya había
sido resuelto en el proceso ordinario.
El Juzgado Quinto Administrativo de Cali solicitó denegar las pretensiones de la acción
de tutela, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales de la
accionante.
Realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ordinario, para señalar que
no incurrió en los defectos alegados por la tutelante, porque la decisión de primera
instancia se centró en la forma de liquidación de horas extras por parte del ente territorial
y si ello estaba ajustado a lo previsto en el Decreto 1042 de 1978.
La alcaldía de Santiago de Cali pidió que se declarara improcedente la acción de tutela
y que, en consecuencia, se denegaran las pretensiones formuladas por la accionante.
Se pronunció sobre los hechos de la demanda de tutela y dijo que no se habían
configurado los defectos alegados por la parte actora. Que no se habían vulnerado los
derechos fundamentales de la señora Tapia Acuria y que se utilizaba la acción de tutela
como una instancia adicional del proceso ordinario.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró improcedentes los defectos fáctico,
sustantivo y por desconocimiento del precedente vertical y denegó el cargo por
desconocimiento del precedente horizontal.
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Explicó que los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente vertical
no satisfacían el requisito de relevancia constitucional, porque buscaban configurar la
solicitud de amparo como una instancia adicional del proceso ordinario y con ello reabrir
una discusión resuelta por los jueces de la causa. Que la parte actora no había expuesto
la similitud fáctica y jurídica de su caso con las sentencias dictadas en los procesos con
radicado 41001-23-33-000-2020-00773-02 y 25000-23-25-000-2011-00487-01.
Que no se había configurado el desconocimiento del precedente del mismo tribunal
demandado porque las providencias presuntamente desconocidas habían sido dictadas
por otras salas de decisión distintas a la que dictó la providencia sub examine.
Uno de los magistrados del Consejo de Estado, Sección Quinta, aclaró su voto, al estimar
que respecto de las providencias dictadas por el mismo tribunal demandado no podía
predicarse un cargo por desconocimiento del precedente, debido a que no era una
providencia dictada por una alta corte.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.
Reiteró los fundamentos de la demanda de tutela y argumentó que se debía definir si la
composición de una sala diferente de un mismo tribunal bastaba para excluir la
coherencia que debía guardar la decisión cuestionada con providencias dictadas con
anterioridad sobre el mismo asunto. Que el problema constitucional que se proponía era
si un órgano colegiado podía resolver casos equivalentes en sentidos opuestos sin
identificar el criterio anterior ni explicar las razones para apartarse de ese criterio
antecesor.
Que la diferencia en la integración de la sala del tribunal demandado no era una razón
constitucional suficiente para desconocer el precedente horizontal. Que la autonomía
judicial de cada sala de decisión del tribunal demandado no habilitaba que se decidieran
controversias con supuestos fácticos y jurídicos equivalentes de forma contradictoria,
porque la función jurisdiccional comportaba un deber de coherencia institucional. Que
para apartarse del precedente horizontal se debía cumplir con la carga argumentativa
suficiente y razonada, de acuerdo con lo ordenado en las sentencias T-688 de 2003, T-
151 de 2017 y T-698 de 2004
Finalmente, citó las sentencias: i) SU-354 de 2017 que, según dijo, definía el precedente
vertical y horizontal, reconocía su fuerza vinculante y admitía que para su apartamiento
se debían ofrecer razones suficientes que lo justificaran; ii) T-140 de 2022 que, a juicio
de la parte actora, precisaba la relevancia constitucional en el desconocimiento del
precedente; iii) SU-215 de 2022 que, para la tutelante, desarrollaba que la relevancia
constitucional debía trascender la mera legalidad, el contenido económico y la afectación
desproporcionada de derechos fundamentales; iv) T-151 de 2017 que, según la
accionante, definía el precedente horizontal y, v) T-018 de 2023 y T-130 de 2023 sobre
la valoración probatoria
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedentes los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del
precedente vertical y denegó el cargo por desconocimiento del precedente horizontal.
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En este punto, la Sala debe precisar que no se pronunciará sobre las sentencias citadas
en la impugnación, porque no fueron identificadas en la demanda de tutela y la parte
demandada ni los terceros interesados tuvieron la oportunidad de pronunciarse; además,
porque de hacerlo se transgredirían sus derechos al debido proceso y de defensa.
La Sala anticipa que modificará la decisión impugnada, para, en su lugar, denegar la
solicitud de amparo, por cuanto la autoridad judicial demandada no incurrió en los
defectos alegados por la parte actora.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y (iii) el análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la presente acción de tutela cumple los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La relevancia constitucional del asunto está acreditada, toda vez que, la discusión
recae sobre los derechos laborales de una trabajadora, sumado a que la decisión de
primera y segunda instancia fue dictada en sentidos opuestos; no se alude a una
discusión de orden legal o económico; no se proponen argumentos nuevos que no fueron
expuestos en el proceso ordinario; se cuestionan los fundamentos de la sentencia
acusada y se cumple con la carga argumentativa de señalar que, si existieran los errores
que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, si bien, de
acuerdo con la verificación del expediente ordinario, la sentencia del 8 de abril de 2026
fue comunicada por correo electrónico del 15 de abril de 2026, de modo que fue notificada
el 17 de abril siguiente, y la demanda de tutela fue radicada el 24 de julio de 2026, esto
es, tres meses y siete días después, término que no supera los seis meses fijados por la
Sala Plena de esta Corporación como plazo razonable.
La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y cuestiona la
sentencia de segunda instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se evidencia
la viabilidad del recurso extraordinario de revisión contra la providencia atacada, puesto
que no parece que pueda encuadrarse en alguna de las causales de procedibilidad
previstas en el artículo 250 del CPACA. Así como tampoco la procedencia del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, porque este solo procede cuando la
decisión cuestionada contrarié o se oponga a una sentencia de unificación.
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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También se identifican los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental; esto es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos
fundamentales invocados proviene de advertir que la autoridad judicial demandada
incurrió en defectos fácticos, sustantivos y por desconocimiento del precedente al proferir
la sentencia del 8 de abril de 2026.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
4. Análisis del caso concreto
En el caso sub examine, la parte actora adujo que la sentencia del 8 de abril de 2026
dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-005-2024-00071-00/01 incurrió
en defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente, básicamente
porque, a su juicio, con el desprendible de pago que aportó en la demanda era posible
determinar que las horas extras y el trabajo suplementario laborado habían sido
indebidamente liquidados.
Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse a las actuaciones surtidas
en el proceso ordinario y al análisis realizado en la providencia cuestionada.
El 2 de abril de 2024, la señora Tapia Acuria radicó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Secretaría de Movilidad del distrito de Santiago de
Cali, para que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto que, según dijo, se
había configurado porque no obtuvo respuesta a la petición que elevó el 10 de agosto de
2023, en la que pidió que se aplicara el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, respecto
de la liquidación de horas extras y trabajo suplementario.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se le reconocieran y pagaran las horas
extras laboradas en horarios diurnos y nocturnos y los compensatorios por laborar los
domingos y festivos, liquidadas conforme al mencionado Decreto 1042 de 1978; que se
le reliquidaran y pagaran las diferencias de los aportes a pensión y cesantías; que las
sumas reconocidas fueran indexadas; que se le reconocieran intereses moratorios y que
se condenara en costas a la entidad demandada.
Con la demanda se aportaron como pruebas, entre otros documentos, la petición del 10
de agosto de 2023 y un desprendible de pago de la demandante del mes de abril de 2023.
Adicionalmente, se solicitó que se oficiara a la entidad demandada para que allegara: i)
certificado de los salarios pagados a la demandante en los últimos 6 años de servicios;
ii) certificado de todas las horas extras pagadas en los últimos 6 años de servicios; iii)
copias de las planillas de programación de trabajo nocturno, de festivos y dominicales de
los últimos 6 años de servicios; iv) certificado del pago de sus cesantías; v) certificado de
los días compensatorios que le fueron concedidos en los últimos 6 años; vi) certificado
del pago de sus prestaciones sociales de los últimos 6 años y, vii) certificado de los días
que le fueron asignados para estar disponible 24 horas, pero solo los que se le
reconocieron como horas extras.
La demanda se adelantó bajo el radicado 76001-33-33-005-2024-00071-00 y
correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Cali que, el 10 de septiembre de 2025,
entre otras cosas, informó que dictaría sentencia anticipada, denegó las pruebas
documentales solicitadas por la parte demandante, relacionadas con los certificados
mencionados en el párrafo anterior, y corrió traslado para alegatos de conclusión.
Por sentencia del 30 de septiembre de 2025, el juzgado declaró la nulidad del acto ficto
demandado y la prescripción de los derechos prestacionales y económicos causados con
anterioridad al 10 de agosto de 2020; adicionalmente, condenó a la entidad demandada
a pagar las diferencias que se causaran con la reliquidación de las horas extras y el
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Demandante: Sandra Ximena Tapia Acuria
trabajo suplementario y le ordenó que en adelante se las liquidara con base en los
parámetros que se desarrollaron en esa providencia.
Manifestó que, pese a que la entidad demandada expidió varios actos relacionados con
el trámite de la petición elevada por la demandante, lo cierto era que los mismos no
contenían una respuesta definitiva ni de fondo, por lo que, a su juicio, se había
configurado el acto ficto presunto negativo.
Que se encontraba probado con el único desprendible de pago aportado, correspondiente
al mes de abril de 2023, que la señora Sandra Ximena prestó su servicio en el marco de
una jornada de trabajo mixta y por turnos que superaron las 44 horas semanales, que,
como consecuencia de ello, percibió remuneración por horas extras, recargos nocturnos
y por labores prestadas los domingos y festivos.
Que las horas extras y el trabajo suplementario percibidos por la accionante habían sido
liquidados con base en 240 horas y no sobre 190 horas, por lo que el sistema de cálculo
empleado era errado y afectaba los derechos de la demandante, de acuerdo con la línea
jurisprudencial reiterada en la sentencia del 25 de noviembre de 2021, dictada por el
Consejo de Estado4, sobre la liquidación de horas extras y del trabajo suplementario
conforme con el Decreto 1042 de 1978.
Inconformes, las partes apelaron; por un lado, la señora Tapia Acuria adujo que se
desconoció que sus discrepancias no radicaban en los montos de los porcentajes
aplicados, sino en el valor de cada hora extra liquidada y pagada en todas las jornadas
adicionales y extralaborales. Que no se le reconoció la sanción moratoria que se causó
por el pago incompleto de cesantía. Que los pagos por la prestación del servicio de
domingos y festivos debían ser en efectivo, debido a que excedían el límite máximo de
días de descanso permitido, y que se debía condenar en costas a la entidad demandada.
Por otro lado, el ente territorial señaló que se había incurrido en indebida valoración
probatoria porque no se configuró el silencio administrativo negativo alegado, ya que en
el expediente reposaban dos oficios con los que dio respuesta a la demandante.
Que no se constató si la señora Sandra Ximena contaba con autorización para realizar
trabajo suplementario durante los periodos reclamados; si pertenecía al nivel y grado que
permitía el pago de horas extras; cuantas horas extra laboró y si hubo compensatorio por
ellas. Que de lo anterior no obraban pruebas.
Que se había transgredido el debido proceso al dar trámite de sentencia anticipada. Que
había operado la caducidad porque los oficios que respondieron la petición de la
demandante se notificaron el 5 y 26 de septiembre de 2023 y la demanda se radicó el 2
de abril de 2024. Que el hecho de que un empelado público laborara los sábados,
domingos y festivos no implicaba que debía pagársele horas extras, porque podía hacer
parte de su turno ordinario compensado con descansos en otros días.
Ahora bien, en la sentencia del 8 de abril de 2026 el tribunal demandado explicó que, se
encontraba demostrado que la demandante se había desempeñado por varios años
como agente de tránsito adscrita a la secretaría de movilidad del distrito de Santiago de
Cali. Que el 10 de agosto de 2023, presentó la correspondiente reclamación
administrativa.
Que mediante el oficio 202341370400062741 del 1 de septiembre de 2023, el distrito de
Santiago de Cali había dado respuesta a la demandante, al manifestarle la imposibilidad
de verificar o identificar la cantidad de horas extras y recargos nocturnos presuntamente
causados, ni el periodo en el que se laboraron. Que, posteriormente, con el oficio
202341370400067451 del 14 de septiembre de 2023 le remitió documentación que
contenía los siguientes datos:
4 Radicado: 25000-23-42-000-2018-01501-01(2362-21)
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Asignación básica mensual años 2020, 2021, 2022 y 2023.
Horas extras y recargos años 2020, 2021, 2022 y 2023.
Factores salariales devengados años 2020, 2021, 2022 y 2023.
Que obraba en el expediente órdenes de servicios del año 2018 a 2022, donde se
advertía que por necesidad del servicio se requirió a varios agentes de tránsito para
desempeñar funciones en horarios extra y actos administrativos de reconocimiento y
pago de horas extras a agentes de tránsito por los años 2019 a 2022, entre los que se
encontraba la demandante.
Que debía precisar que no había lugar a declarar la nulidad de lo actuado como estimaba
la entidad demandada, porque en el auto que anunció sentencia anticipada y prescindió
de la práctica de pruebas se brindó la oportunidad de prestar los recursos de ley, lo que
no había ocurrido, que de ese modo las partes mostraron su anuencia frente a la decisión,
por lo que no se advertía vulneración al debido proceso y no era dable que se pronunciara
sobre una decisión que ya se encontraba debidamente ejecutoriada.
Que a los agentes de tránsito del nivel territorial les resultaba aplicable el Decreto 1042
de 1978, que, por ello y con el cumplimiento de los demás requisitos, eran acreedores de
los beneficios de esa norma, tales como el límite de jornada laboral semanal de 44 horas.
Que la demandante había probado su vinculación en el cargo de agente de tránsito del
distrito de Santiago de Cali y reclamaba acreencias laborales que consideraba no habían
sido canceladas en debida forma, tales como el pago de horas extras y recargos
nocturnos sobre la base de 190 horas.
Que el juzgado de instancia había accedido a las pretensiones, tras considerar que las
acreencias de la demandante debían ser liquidadas sobre la base de 190 y no de 240
horas. Que, sin embargo, advertía que no era procedente acceder a lo pedido porque no
se encontraba suficientemente probado en el proceso que las horas extras y recargos
reconocidos a la demandante no se liquidaron en debida forma, por cuanto no se
vislumbró la fórmula que aplicó la entidad para realizar ese pago.
Dijo que no se allegó certificación expedida por parte de la entidad demandada, en la que
constara la forma en la que liquidaba las horas extras y recargos nocturnos de los agentes
de tránsito, lo que impedía determinar con certeza que esas horas fueron liquidadas sobre
la base de 240 horas y no sobre 190, como señalaba la demandante.
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167 del CGP, le correspondía a la parte
actora probar los supuestos de hechos alegados en la demanda, pero que, tal y como se
había expuesto, el recaudo probatorio allegado no permitía constatar que las horas extras
y recargos nocturnos reconocidos a la demandante fueron liquidados de forma indebida,
por lo que no había prueba de que se adeudara valor a su favor.
A partir de lo anterior, para la Sala, la autoridad judicial demandada no incurrió en los
defectos alegados por la parte actora, por cuanto, la sentencia acusada no se enmarca
en una indebida valoración probatoria, puesto que no se separó de los hechos
debidamente probados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ni se trata
de una decisión que vaya en contravía de la evidencia probatoria. Por el contrario, la
decisión se fundamentó en las pruebas aportadas por la propia parte actora.
La autoridad judicial demandada tuvo en cuenta que la parte actora no aportó medios de
convicción que dieran cuenta de la forma en la que la entidad demandada en el proceso
ordinario liquidó sus horas extras y recargos nocturnos, que permitiera evidenciar que
esa liquidación se había realizado de forma incorrecta.
La Sala encuentra que la decisión objeto de tutela obedece al análisis propio del escaso
material probatorio aportado al proceso ordinario. Además, no se advierte que la decisión
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cuestionada contenga errores sustanciales y que estos provengan directamente de
deficiencias en la valoración probatoria, a tal punto que no corresponda con la sana crítica
o que no atienda a criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación. Por el
contrario, se observa un análisis integral del material probatorio, que no resulta
contraevidente y que permitió arribar a la conclusión razonable de que la parte actora no
acreditó la forma en la que se liquidaron sus horas extras y recargos nocturnos.
En este punto se debe señalar que la carga de la prueba es <>5.
Es decir, las partes en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho desde la
presentación de la demanda y la contestación ya son conscientes del ejercicio probatorio
que deben desplegar con el objeto de que se apliquen los supuestos normativos que
invocan y así obtener una decisión favorable a sus intereses. En la misma medida
asumen las consecuencias negativas de no probar los supuestos normativos que
consagran el efecto jurídico que persiguen, puesto que el debate probatorio que
proporciona las partes es el que finalmente permite al funcionario judicial tomar la
decisión que en derecho corresponda.
Ahora, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado
que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio de validez,
mas no de corrección6, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede utilizarse como una
instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen a los procesos
ordinarios.
Si bien con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho la parte actora pidió
que se oficiara al ente territorial para que suministrara varias certificaciones, lo cierto es
que esa solicitud probatoria fue denegada y esa decisión no fue controvertida, en ese
orden, la Sala debe señalar que la acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes suplir los recursos ordinarios
que no fueron promovidos en el término fijado para el efecto.
Finalmente, con relación al cargo por desconocimiento del precedente, la Sala debe
advertir que, en primer lugar, resulta imposible la configuración de ese defecto respecto
de las sentencias del Consejo de Estado que no fueron identificadas.
En segundo lugar, respecto de las sentencias proferidas por el Consejo de Estado en los
expedientes con radicado 41001-23-22-000-2020-00773-02 y 25000-23-25-000-2011-
00487-01, se observa que con ellas la demandante pretende insistir en su tesis
relacionada con que se debió ordenar la reliquidación de sus horas extras y recargos
nocturnos.
Por último, sobre las sentencias dictadas por el mismo tribunal demandado, pero por
salas distintas a las que decidieron la providencia sub judice, en los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicados 76001-33-33-005-2024-00058-01, 76001-
33-33-001-2025-00035-01, 76001-33-33-001-2025-00048-01, 76001-33-33-016-2025-
00046-01, se debe precisar que cuando se trata de precedente horizontal, la observancia
no es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues, es apenas
comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de igual nivel funcional
existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos análogos.
En otras palabras, cuando el precedente invocado no fue proferido por el superior
funcional (precedente vertical) ni por el propio funcionario (precedente horizontal propio),
5 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007, pág. 249.
6 Ver, entre otras, las sentencias T-344 de 2015, SU-425 de 2016, y T-022 de 2019.
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la autoridad judicial puede decidir libremente el asunto, conforme con su criterio, que, en
todo caso, debe enmarcarse dentro de los límites de la razonabilidad. Al respecto, la
Corte Constitucional ha dicho que «cuando el término de comparación no está dado por
los propios precedentes del juez sino por el de otros despachos judiciales, el principio de
independencia judicial no necesita ser contrastado con el de igualdad. El juez, vinculado
tan sólo al imperio de la ley (CP art. 230), es enteramente libre e independiente de obrar
de conformidad con su criterio».
Como se dijo previamente, las sentencias dictadas en los procesos con radicados 76001-
33-33-005-2024-00058-01, 76001-33-33-001-2025-00035-01, 76001-33-33-001-2025-
00048-01, 76001-33-33-016-2025-00046-01, fueron suscritas por Sala conformadas por
magistrados distintos a los que profirieron la providencia sub examine, en ese orden, no
resultaba obligatorio que se acogiera el criterio interpretativo de las otras Salas para
resolver el caso de la señora Tapia Acuria.
Las anteriores razones son suficientes para que la Sala modifique la decisión impugnada,
para en su lugar denegar la solicitud de amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Modificar la sentencia impugnada, para en su lugar:
2. Denegar la solicitud de amparo presentada por la parte actora, por las razones
expuestas en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador7
7 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto, se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones “mejoradas” del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05822-01
Demandante: Sandra Ximena Tapia Acuria
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, “por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial”.
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Fuente: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500020260582201/2DAC01FFF9B5970817228C9CFBC4B63727869E859DF8194DC6140FA60640D9D8/2

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