📅 11/11/2026
[Providencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta]
Número de Proceso: 11001031500020260925300
Interno: 14544
Clase de Proceso: ACCIONES DE TUTELA
Fecha de Providencia: 11/11/2026
— Titulación —
Problema jurídico:¿Procede decretar una medida provisional dentro de la acción de tutela para ordenar la autorización y programación de una consulta de control por oftalmología, especialidad córnea, cuando una paciente adulta mayor presenta una limitación visual severa, requiere seguimiento para un procedimiento de queratoplastia penetrante y la negativa de la entidad obedece a razones administrativas ajenas a la paciente que ponen en riesgo sus derechos fundamentales a la salud y a la vida digna?
Respuesta al problema jurídico: Si
— Fuentes Formales —
FUENTE FORMAL:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – ARTÍCULO 86, DECRETO 2591 DE 1991
— Resumen —
Resumen
El documento consiste en un auto proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante el cual se resuelve sobre una solicitud de medida provisional en el marco de una acción de tutela. La parte actora, una persona de 79 años con limitación visual severa, demandó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y a Fiduprevisora S.A. debido a la negativa de estas entidades para autorizar una consulta prioritaria de control por la especialidad de córnea, bajo el argumento administrativo de que la orden médica se encontraba vencida. El despacho advirtió que la dilación en el servicio médico obedeció a causas ajenas a la paciente (cierre de la sede por un sismo) y que la falta de atención generaba un perjuicio irremediable. En consecuencia, se decretó la medida cautelar para ordenar la atención inmediata y se remitió el expediente a los Juzgados Administrativos de Buga por reglas de competencia territorial y de reparto.
Preguntas Centrales
¿Es procedente decretar una medida provisional para garantizar la continuidad del tratamiento médico cuando existen barreras administrativas?
Sí. El despacho determinó que, ante la existencia de una vulneración o amenaza que pueda agravarse, el juez constitucional debe ordenar lo conducente para proteger el derecho fundamental a la salud y evitar una pérdida visual irreversible. En este caso, la administración del FOMAG no puede imponer el reinicio de la ruta médica por un vencimiento de términos derivado de una falla en la prestación del servicio.
¿Cuál es la autoridad judicial competente para conocer de la acción de tutela contra el FOMAG y Fiduprevisora S.A.?
De acuerdo con el Decreto 333 de 2021, las acciones contra entidades del orden nacional deben ser repartidas en primera instancia a los Jueces del Circuito o con igual categoría. Al residir la parte actora en Tuluá, la competencia radica en los Juzgados Administrativos de Buga.
Fundamentación Clave
Normativa Procesal y Constitucional
- Artículo 86 de la Constitución Política: Fundamento de la acción de tutela para la protección inmediata de derechos fundamentales.
- Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991: Faculta al juez para dictar medidas provisionales de conservación o seguridad para evitar daños inminentes.
- Decreto 333 de 2021 (que modifica el Decreto 1069 de 2015): Establece las reglas de reparto y competencia de la acción de tutela según la naturaleza de la autoridad accionada.
Jurisprudencia de la Corte Constitucional
- Se citan criterios sobre la procedencia de medidas cautelares cuando son necesarias para evitar que una amenaza se convierta en vulneración o para evitar que una vulneración existente se agrave.
Hechos de Relevancia Jurídica y Contable
- La naturaleza del FOMAG como una cuenta especial de la Nación y de Fiduprevisora S.A. como entidad administradora del patrimonio autónomo.
- El bloqueo administrativo por “vencimiento de historia clínica” tras un evento de fuerza mayor (sismo), lo cual contraviene el principio de continuidad en el servicio de salud.
Conclusión
El Consejo de Estado concluye que la protección de la salud y la vida digna de sujetos de especial protección constitucional (adultos mayores) prevalece sobre los requisitos formales de las entidades administradoras de recursos de seguridad social. Se ordena la autorización y programación prioritaria de la consulta especializada en un término de 48 horas, prohibiendo condicionar el servicio a nuevas valoraciones de medicina general, y se traslada el proceso al juez competente en Buga para continuar el trámite de fondo.
Extracto del documento
Radicado: 11001-03-15-000-2026-09253-00
Demandante: María Neiza Libreros Rojas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-09253-00
Demandante: María Neiza Libreros Rojas
Demandado: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG)
Auto – decreta medida y remite por reglas de reparto
La señora María Neiza Libreros Rojas, por intermedio de su hija Lucy Alexandra Urrego
Libreros, quien actúa como agente oficiosa, interpuso acción de tutela contra el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Fiduprevisora S.A., en su
calidad de vocera y administradora de ese patrimonio autónomo. Pretende la protección de
sus derechos fundamentales a la salud, a la continuidad del tratamiento y a la vida digna,
presuntamente vulnerados por la negativa a autorizar la consulta de control por oftalmología,
especialidad córnea.
En el escrito de tutela, la parte actora solicitó, como medida provisional, que se ordene a las
accionadas expedir dentro de las 48 horas siguientes la autorización de la consulta prioritaria
de control por oftalmología, especialidad córnea, y gestionar su programación en el Instituto
para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, sin imponer a la paciente el reinicio de la
ruta por medicina general y oftalmología general.
Como pretensiones, pidió además el tratamiento integral del proceso de queratoplastia
penetrante, la continuidad de la atención en ese Instituto y las gestiones necesarias en la
lista de espera de tejido corneal.
Como fundamento, relató que su madre, de 79 años, es atendida desde hace
aproximadamente tres años en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca.
Que el 20 de abril de 2026, el oftalmólogo tratante dejó pendiente una queratoplastia
penetrante en el ojo izquierdo y ordenó control por oftalmología, especialidad córnea, a los
tres meses. Y, que el 30 de junio de 2026, FOMAG autorizó la consulta con corneólogo. Sin
embargo, la cita prevista para el 13 de agosto de 2026 no se realizó, porque tras el sismo
del 10 de agosto el Instituto suspendió temporalmente los servicios de su sede San
Fernando, en Cali.
Agregó que, una vez reanudada la atención, solicitó de nuevo la autorización mediante los
radicados HORUS 1896448 del 27 de octubre y 1899624 del 28 de octubre de 2026. El 29
de octubre se le respondió que debía «renovar la historia clínica», porque esta se había
«vencido» el 20 de agosto de 2026. Finalmente, en respuesta del 9 de noviembre de 2026 a
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la PQR 20262100030235532, FOMAG señaló que el control ordenado tenía vigencia hasta
julio de 2026 y que, por ese motivo, no renovaba la autorización.
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política faculta a toda
persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la
protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, en
los casos en que así se autoriza.
Por su parte, el Decreto 2591 de 1991 establece que, cuando el juez constitucional lo
considere necesario y urgente para proteger un derecho fundamental, podrá decretar
medidas provisionales. En efecto, el artículo 7° de esta norma dispone:
«Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la
solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho,
suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.
Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la
ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá
ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de
un eventual fallo a favor del solicitante.
La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere
hecho la solicitud por el medio más expedito posible.
El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o
seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como
consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.
[…]».
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que las medidas provisionales pueden
ser adoptadas «(i) cuando resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho
fundamental se convierta en una vulneración, o (ii) cuando, existiendo ya una vulneración,
se requiere evitar que esta se agrave»1.
Dice además la Corte que las medidas cautelares pueden ser adoptadas durante el trámite
del proceso o en la sentencia, pues «únicamente durante el trámite o al momento de dictar
la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida».
Para efectos de la medida, el despacho advierte que la agente oficiosa manifestó actuar en
nombre de su madre por su edad y su limitación visual severa, circunstancias que se
encuentran respaldadas en la historia clínica aportada y que, en principio, le impiden
promover su propia defensa (artículo 10 del Decreto 2591 de 1991). Ello sin perjuicio de la
valoración que corresponda al juez competente.
A partir de los hechos expuestos y de los documentos allegados, se advierte que la señora
María Neiza Libreros Rojas, de 79 años, padece glaucoma (CIE-10 H408) y una enfermedad
corneal en ambos ojos, con múltiples intervenciones previas. En la nota de evolución del 20
de abril de 2026, el oftalmólogo tratante registró una agudeza visual de cuenta dedos en el
ojo derecho y de 20/400 en el ojo izquierdo, y un injerto corneal opaco en este último. Dejó
como «pendiente – prioritario – ya ordenado» una queratoplastia penetrante con inyección de
bevacizumab en el ojo izquierdo, con tejido corneal, y advirtió el riesgo de endoftalmitis en
el ojo derecho por un tubo de válvula expuesto.
1Autos A-040A de 2001 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), A-049 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz), A-041A de 1995 (MP: Alejandro
Martínez Caballero) y A-031 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz).
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Lo anterior permite advertir la relación directa entre el tratamiento prescrito y la necesidad
de otorgar de manera cautelar la protección de los derechos fundamentales invocados. En
efecto, en esa misma atención el médico tratante ordenó la consulta de control o
seguimiento por especialista en oftalmología, especialidad córnea, dentro de los tres meses
siguientes, como se muestra a continuación:
En tales condiciones, la falta de autorización de esa consulta pone en riesgo los derechos
fundamentales a la salud y a la vida digna de la accionante, con lo que se advierte un riesgo
de perjuicio irremediable. Se trata de una persona adulta mayor con una limitación visual
severa, cuyo proceso de trasplante de córnea depende de la valoración por el especialista,
y en la que una demora adicional puede traducirse en pérdida visual irreversible.
Además, la negativa obedece a una razón administrativa y el control no se realizó por la
suspensión de servicios del prestador tras el sismo, circunstancia ajena a la paciente.
Por lo expuesto y, en atención a la urgencia y necesidad de garantizar la efectividad de los
derechos fundamentales comprometidos, el despacho considera procedente decretar la
medida provisional solicitada, con el fin de evitar la consumación de un daño irremediable y
asegurar la eficacia de un eventual fallo favorable.
En consecuencia, mientras se surte el trámite de la acción de tutela, se ordenará a
Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del patrimonio autónomo FOMAG, que
autorice y garantice la realización de la consulta de control por oftalmología, especialidad
córnea, preferiblemente en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca o, si
este no puede prestar el servicio, en otra institución de su red que cuente con especialista
en córnea. La medida no comprende la queratoplastia ni los demás servicios del proceso de
trasplante, ni las gestiones en la lista de espera de tejido corneal, pues su procedencia en
la decisión de fondo.
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De otro lado, debe precisarse que el artículo 1º2 del Decreto 333 de 2021, reguló lo
relacionado con el reparto de las acciones de tutela, concretamente, en el numeral 2
estableció:
Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37
del Decreto número 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces
con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la
solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: […]
2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad
pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los
Jueces del Circuito o con igual categoría. […]
(Texto subrayado)
Por su parte, el artículo 13 del Código General del Proceso, al cual se puede acudir por
remisión expresa del Decreto 306 de 1992, dispone que las normas procesales son de
derecho público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento y, en ningún caso, podrán
ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo
autorización expresa de la ley.
En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta que El FOMAG es una cuenta especial de la
Nación, cuyos recursos administra Fiduprevisora S.A., sociedad de economía mixta del
orden nacional, y que la accionante reside en Tuluá, el reparto de la acción de tutela
corresponde a los Juzgados Administrativos de Buga.
En esa medida, conforme con las reglas de reparto se impone remitir el expediente a la
referida autoridad judicial para que provea lo de su cargo.
En consecuencia, se
RESUELVE
1. Decretar la medida provisional solicitada, conforme con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia; en consecuencia, ordenar a Fiduprevisora S.A.,
como vocera y administradora del patrimonio autónomo Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, directamente o por intermedio de su
gestor de servicios de salud, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación del presente auto expida la autorización de la consulta de control o
seguimiento por especialista en oftalmología, especialidad córnea (código 890376),
ordenada el 20 de abril de 2026 a la señora María Neiza Libreros Rojas.
La autorización no podrá condicionarse a la fecha de esa orden ni a la renovación de
la historia clínica, ni podrá exigirse a la paciente que inicie de nuevo la atención por
medicina general u oftalmología general.
2. Ordenar a Fiduprevisora S.A., en la misma calidad, que la consulta se programe y
realice de manera prioritaria, en la fecha más próxima disponible, preferiblemente en
el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. Si dicho Instituto no
puede prestar el servicio, deberá asignarla en otra institución de su red que cuente
con especialista en córnea, preferiblemente en Cali, garantizando que el especialista
tenga acceso a la historia clínica de la paciente. La fecha, hora y lugar de la consulta
2 Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Reparto de la acción de tutela.
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deberán informarse por escrito a la agente oficiosa.
3. Advertir que la medida provisional conservará sus efectos hasta que el juez
competente la mantenga, modifique o revoque. Fiduprevisora S.A. deberá informar
sobre su cumplimiento al juzgado al que le corresponda el asunto, dentro de los dos
(2) días siguientes al vencimiento del término concedido en el numeral 1 y a la
realización de la consulta ordenada en el numeral 2.
4. Remitir la acción de tutela interpuesta por la señora María Neiza Libreros Rojas a la
oficina de reparto de los Juzgados Administrativos de Buga.
5. Ordenar a la Secretaría General que garantice la reserva de la información contenida
en la historia clínica de la accionante y que efectúe la remisión ordenada de manera
inmediata, dejando las constancias del caso.
Notifíquese y cúmplase,
(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidado
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