Comunicado No. 47 sobre Sentencia C-467 del 13-11-2025 – Corte Constitucional
1. Objeto del Decreto 323 de 2025
El decreto autoriza al Departamento de Prosperidad Social (DPS) a realizar hasta 10 entregas de ayudas monetarias de hasta $230.000 pesos cada una a personas mayores de 60 años afectadas por la crisis de orden público en el Catatumbo. Incluye medidas de focalización, inembargabilidad de los recursos y exenciones tributarias específicas para la dispersión de los fondos.
2. Condicionamiento de la Vigencia Temporal
La Corte analizó la expresión “durante la vigencia 2025” y la declaró exequible bajo un entendido estricto: los pagos solo pueden realizarse después de levantado el estado de excepción si obedecen a un trámite puramente operativo de desembolso a beneficiarios que ya fueron identificados durante la vigencia de la conmoción. Esto busca respetar el límite temporal del artículo 213 de la Constitución.
3. Inexequibilidad Parcial (Exención GMF)
Se declaró inexequible la expresión del artículo 6 que eximía del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) a los traslados entre cuentas del Tesoro Nacional y el DPS. La razón es que dicha exención ya existe en la legislación ordinaria, por lo que crearla vía decreto de excepción incumplía el juicio de necesidad jurídica.
4. Salvamento de Voto
El Magistrado Jorge Enrique Ibáñez salvó parcialmente su voto, argumentando que:
- El decreto debió ser inexequible en su componente temporal, pues las medidas de conmoción deben cesar automáticamente al restablecerse el orden público.
- No se justificó la insuficiencia de la Unidad de Víctimas (UARIV) para atender la crisis, cuestionando el traslado de competencias al DPS.
- La entrega de dinero en efectivo en una zona de conflicto y bloqueo no soluciona el problema de acceso a bienes y puede aumentar el riesgo de extorsión a los adultos mayores.